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Denunciaron a un abogado y allanaron su estudio jurídico

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Denunciaron a un abogado y allanaron su estudio jurídico


Por orden del juez Agustín Ruta, ayer allanaron el estudio jurídico, la casa y requisaron un auto de Marcelo Escudero Gauna, un abogado que fue denunciado por el jefe de Policía, comisario Oscar Papaño, y la jueza penal Nº 3 Virginia Palacios por presentar oficios judiciales apócrifos. Con ellos, el letrado pretendía conseguir la libertad de dos detenidos. Uno de ellos es sospechoso de haber abusado de su hija.
Las averiguaciones iniciaron tras las presentaciones que hicieron Papaño y Palacios en la Justicia, el jueves.
El resultado de los allanamientos concretados ayer fue “altamente positivo”, confió una fuente del Juzgado del Crimen Nº 1, a cargo de la investigación.
Como Palacios es la jueza de turno en feria, pero en este caso, al ser denunciante es parte, el Superior Tribunal de Justicia dispuso que Ruta, titular del Juzgado Civil, Comercial y Minas Nº 4 de San Luis, se hiciera cargo de las actuaciones como juez subrogante en el Juzgado del Crimen Nº 1.

Marcelo Escudero Gauna fue designado el 3 de setiembre de 2012 como defensor del hombre investigado por abuso sexual al que se pretendía favorecer con uno de los oficios falsos llevados a Convenio Policial.



Él estuvo ayer en las audiencias en las que los denunciantes ratificaron las presentaciones y en las que declararon los testigos. Luego fundamentó y ordenó los allanamientos.
En el estudio jurídico de Escudero Gauna –ubicado en 9 de Julio 1118, con entrada por Chacabuco 405– secuestraron copias del oficio “trucho” del Juzgado Penal Nº 3, fojas de expedientes y al menos siete expedientes originales de distintos juzgados de la Primera Circunscripción, reveló un informante. Uno de ellos debió ser reconstruido en su momento, pues estaba desaparecido, agregó. “La prueba hallada es contundente y lo complica”, aseveró otro investigador.
La Policía se llevó, además, soporte informático, que será analizado, tal como lo ordenó Ruta.
"Se fue y no volvió más"
Efectivos de Convenio Policial fueron quienes advirtieron las irregularidades. Según contó una fuente, el abogado sospechoso se presentó en esa oficina ubicada en la Jefatura de Policía el 26 de diciembre, al filo del cierre del año, en una jornada en la que había asueto administrativo. Llevaba las copias de dos oficios.
“Fue por mesa de entrada y mostró los oficios. Le pidieron que llevara los originales, dijo que los tenía en el estudio, se fue y no volvió más. Pero al efectivo que lo atendió le llamaron la atención algunos detalles de los papeles. Y se los mostró a su jefa, la oficial principal Beatriz Zavala”, resumió una fuente de la causa.ABOGADO ACUSADO
Zavala advirtió que ambos escritos tenían el mismo PEX, es decir, el mismo número de expediente, y la misma carátula. Dos causas distintas no pueden compartir carátula y PEX. Por eso, que el abogado llevara el mismo día los dos documentos con las mismas características “fue de una enorme torpeza”, opinó un informante.
La oficial principal dio cuenta de las anormalidades al jefe de Policía y éste, después de ver el material, se comunicó con la jueza Palacios.
La magistrado, al ver los documentos, notó, además, que uno tenía un sello que no correspondía a su juzgado y que otro sello atribuido a una de sus secretarias penales, Carolina Monte Riso, no es el que habitualmente usa en sus actuaciones.
También aseveró que había una notable diferencia en la caligrafía de la firma presuntamente realizada por esa secretaria y que la terminología usada no es la habitual en los escritos de su juzgado. Palacios declaró que el 26 de diciembre había trabajado y que desconocía absolutamente el dictado del resolutorio que ordenaba el cese de la detención del sospechoso de abuso. Refirió que está vigente el pedido de captura del imputado en ese caso.
Con la firma de un secretario que no estaba
El otro oficio que generó dudas en los policías había sido supuestamente librado por el Juzgado del Crimen Nº 2 de Villa Mercedes. En el papel se disponía la prescripción de una causa penal.
En una comunicación telefónica con Cintia Martín, secretaria del Juzgado Penal Nº 1, el titular de ese Juzgado Penal Nº 2 de Villa Mercedes, Leandro Estrada, aseveró que no había dictado el sobreseimiento ni dejado sin efecto la detención del imputado.
Aclaró que Ricardo Rojo, el secretario cuya firma y sello aparecía en el oficio sospechoso, está con licencia por enfermedad desde octubre de 2013. E inclusive el magistrado de Villa Mercedes precisó que el 26 de diciembre hizo un llamado telefónico para saber del estado de salud de Rojo y supo que éste estaba en un centro de salud de Córdoba, internado por una cirugía neurológica.
“La Policía se desempeño muy bien al advertir la irregularidad y denunciar, al igual que la jueza Palacios. Hemos hecho lo necesario para actuar con celeridad, porque estamos frente a un delito muy grave, la falsificación de un instrumento público. Y el denunciado es un abogado”, le dijo ayer el juez Ruta a El Diario de la República.
Precisó que en la misma resolución en la que dispuso los allanamientos, ordenó que previamente a que la Policía ejecutara la medida, la secretaria Cintia Martín notificara al presidente y vicepresidente del Colegio de Abogados de San Luis. En este caso, quien recibió la comunicación fue el vicepresidente, Otoniel Pérez Miranda.
 

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Denunciaron a un abogado y allanaron su estudio jurídico


Por orden del juez Agustín Ruta, ayer allanaron el estudio jurídico, la casa y requisaron un auto de Marcelo Escudero Gauna, un abogado que fue denunciado por el jefe de Policía, comisario Oscar Papaño, y la jueza penal Nº 3 Virginia Palacios por presentar oficios judiciales apócrifos. Con ellos, el letrado pretendía conseguir la libertad de dos detenidos. Uno de ellos es sospechoso de haber abusado de su hija.
Las averiguaciones iniciaron tras las presentaciones que hicieron Papaño y Palacios en la Justicia, el jueves.
El resultado de los allanamientos concretados ayer fue “altamente positivo”, confió una fuente del Juzgado del Crimen Nº 1, a cargo de la investigación.
Como Palacios es la jueza de turno en feria, pero en este caso, al ser denunciante es parte, el Superior Tribunal de Justicia dispuso que Ruta, titular del Juzgado Civil, Comercial y Minas Nº 4 de San Luis, se hiciera cargo de las actuaciones como juez subrogante en el Juzgado del Crimen Nº 1.

Marcelo Escudero Gauna fue designado el 3 de setiembre de 2012 como defensor del hombre investigado por abuso sexual al que se pretendía favorecer con uno de los oficios falsos llevados a Convenio Policial.



Él estuvo ayer en las audiencias en las que los denunciantes ratificaron las presentaciones y en las que declararon los testigos. Luego fundamentó y ordenó los allanamientos.
En el estudio jurídico de Escudero Gauna –ubicado en 9 de Julio 1118, con entrada por Chacabuco 405– secuestraron copias del oficio “trucho” del Juzgado Penal Nº 3, fojas de expedientes y al menos siete expedientes originales de distintos juzgados de la Primera Circunscripción, reveló un informante. Uno de ellos debió ser reconstruido en su momento, pues estaba desaparecido, agregó. “La prueba hallada es contundente y lo complica”, aseveró otro investigador.
La Policía se llevó, además, soporte informático, que será analizado, tal como lo ordenó Ruta.
"Se fue y no volvió más"
Efectivos de Convenio Policial fueron quienes advirtieron las irregularidades. Según contó una fuente, el abogado sospechoso se presentó en esa oficina ubicada en la Jefatura de Policía el 26 de diciembre, al filo del cierre del año, en una jornada en la que había asueto administrativo. Llevaba las copias de dos oficios.
“Fue por mesa de entrada y mostró los oficios. Le pidieron que llevara los originales, dijo que los tenía en el estudio, se fue y no volvió más. Pero al efectivo que lo atendió le llamaron la atención algunos detalles de los papeles. Y se los mostró a su jefa, la oficial principal Beatriz Zavala”, resumió una fuente de la causa.ABOGADO ACUSADO
Zavala advirtió que ambos escritos tenían el mismo PEX, es decir, el mismo número de expediente, y la misma carátula. Dos causas distintas no pueden compartir carátula y PEX. Por eso, que el abogado llevara el mismo día los dos documentos con las mismas características “fue de una enorme torpeza”, opinó un informante.
La oficial principal dio cuenta de las anormalidades al jefe de Policía y éste, después de ver el material, se comunicó con la jueza Palacios.
La magistrado, al ver los documentos, notó, además, que uno tenía un sello que no correspondía a su juzgado y que otro sello atribuido a una de sus secretarias penales, Carolina Monte Riso, no es el que habitualmente usa en sus actuaciones.
También aseveró que había una notable diferencia en la caligrafía de la firma presuntamente realizada por esa secretaria y que la terminología usada no es la habitual en los escritos de su juzgado. Palacios declaró que el 26 de diciembre había trabajado y que desconocía absolutamente el dictado del resolutorio que ordenaba el cese de la detención del sospechoso de abuso. Refirió que está vigente el pedido de captura del imputado en ese caso.
Con la firma de un secretario que no estaba
El otro oficio que generó dudas en los policías había sido supuestamente librado por el Juzgado del Crimen Nº 2 de Villa Mercedes. En el papel se disponía la prescripción de una causa penal.
En una comunicación telefónica con Cintia Martín, secretaria del Juzgado Penal Nº 1, el titular de ese Juzgado Penal Nº 2 de Villa Mercedes, Leandro Estrada, aseveró que no había dictado el sobreseimiento ni dejado sin efecto la detención del imputado.
Aclaró que Ricardo Rojo, el secretario cuya firma y sello aparecía en el oficio sospechoso, está con licencia por enfermedad desde octubre de 2013. E inclusive el magistrado de Villa Mercedes precisó que el 26 de diciembre hizo un llamado telefónico para saber del estado de salud de Rojo y supo que éste estaba en un centro de salud de Córdoba, internado por una cirugía neurológica.
“La Policía se desempeño muy bien al advertir la irregularidad y denunciar, al igual que la jueza Palacios. Hemos hecho lo necesario para actuar con celeridad, porque estamos frente a un delito muy grave, la falsificación de un instrumento público. Y el denunciado es un abogado”, le dijo ayer el juez Ruta a El Diario de la República.
Precisó que en la misma resolución en la que dispuso los allanamientos, ordenó que previamente a que la Policía ejecutara la medida, la secretaria Cintia Martín notificara al presidente y vicepresidente del Colegio de Abogados de San Luis. En este caso, quien recibió la comunicación fue el vicepresidente, Otoniel Pérez Miranda.
 

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