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Una escucha que puede terminar mal

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Una escucha que puede terminar mal


En un acto que es difícil de encontrar entre sus antecedentes, el jefe de Policía, Guillermo Valdevenitez, actuó con celeridad. En un acto más fácil de hallar entre la conducta de los hombres a los que dirige, el mismo funcionario actuó sin las pruebas suficientes, o al menos con pruebas que, según dicen, serían ilegales.
Muchos de los que analizan el escándalo que se desató cuando se difundieron las grabaciones de dos oficiales en una garita del Poder Legislativo se preguntan si la única prueba que tuvo Valdevenitez para pasar a disponibilidad a tres de sus hombres (entre ellos nada más y nada menos que un miembro de la Plana Mayor) fueron las escuchas.
De ser así, para algunas fuentes parece apresurado, pues seguramente las grabaciones fueron obtenidas de manera ilegal. La única manera de que un audio sea válido como prueba en una causa judicial es que haya sido autorizado previamente por un juez y que esté en el marco de un expediente. Nada de eso habría sucedido en este caso.
A eso se suma cierta inquietud que empezaron a sentir algunos legisladores provinciales al suponer que cualquiera puede disponer de un dispositivo para grabaciones y colocarlas en el ámbito legislativo.


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Una escucha que puede terminar mal


En un acto que es difícil de encontrar entre sus antecedentes, el jefe de Policía, Guillermo Valdevenitez, actuó con celeridad. En un acto más fácil de hallar entre la conducta de los hombres a los que dirige, el mismo funcionario actuó sin las pruebas suficientes, o al menos con pruebas que, según dicen, serían ilegales.
Muchos de los que analizan el escándalo que se desató cuando se difundieron las grabaciones de dos oficiales en una garita del Poder Legislativo se preguntan si la única prueba que tuvo Valdevenitez para pasar a disponibilidad a tres de sus hombres (entre ellos nada más y nada menos que un miembro de la Plana Mayor) fueron las escuchas.
De ser así, para algunas fuentes parece apresurado, pues seguramente las grabaciones fueron obtenidas de manera ilegal. La única manera de que un audio sea válido como prueba en una causa judicial es que haya sido autorizado previamente por un juez y que esté en el marco de un expediente. Nada de eso habría sucedido en este caso.
A eso se suma cierta inquietud que empezaron a sentir algunos legisladores provinciales al suponer que cualquiera puede disponer de un dispositivo para grabaciones y colocarlas en el ámbito legislativo.


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