La entrega de subsidios y reintegros otorgados por la Municipalidad de San Luis a sus propios funcionarios aparecen reñidos con la legalidad. Es que ninguna de esas dos figuras utilizadas por funcionarios para hacer compras están contempladas en la Ley VIII- 256 de Contabilidad, Administración y Control que rige el manejo de los fondos públicos.
Bajo esas modalidades Miembros del gabinete de Ponce gastaron unos 450 mil pesos.
Cuando el Tribunal de Cuentas Municipal revisó los números de la gestión Ponce del año 2013 detectó que hay unos 450 mil pesos que salieron del Municipio bajo modalidades donde la Comuna le reintegró dinero a un funcionario contra la presentación de una factura o le entregó un subsidio, a rendir luego con los correspondientes comprobantes. Ambas formas de usar los dineros públicos violan las normas vigentes.
Tras conocerse el informe del Tribunal, el secretario de Hacienda de la Municipalidad, Esteban Pringles dijo que los subsidios no son tales, sino que son “un modo de pago de los eventos que organizó la Municipalidad y en otros casos son reintegros por gastos que efectuaron algunos funcionarios ante situaciones imprevistas”. Sin embargo ninguno de esos modos aparecen contemplados en la Ley de Contabilidad. La norma enumera en su artículo 94 las maneras legales en que los estados y sus funcionarios pueden hacer contrataciones: licitación pública y privada, concurso de precios, contratación directa, compulsa de precios, concurso de proyectos integrales, subasta pública o remate o iniciativa privada. Además cada una de esas formas están definidas con precisión en artículos siguientes.
Tanto la enumeración como la descripción de cada una de las figuras fueron fijadas como parte de los mecanismo de control, ya que fuera de esos límites se abre la posibilidad de defraudar al Estado.
El propio Tribunal de Cuentas advierte en su informe que ya en 2012 había detectado irregularidades similares. Y sobre esas formas de usar los fondos públicos señala: “Se observa que el denominado ‘reintegro’ no encuentra amparo legal dado que no es un procedimiento previsto por la Ley de Contabilidad ni autorizado por la misma”. El organismo señaló además que detectó otras formas de erogaciones municipales que tampoco están estipuladas en la ley. “Encontramos gastos bajo la modalidad de ‘autorización para contratar’ o ’reconocimiento de gastos’ que incluyen gastos sin ningún tipo de procedimiento reconocido para las normativas, más que la presentación de las facturas para el pago y el posterior dictado del decreto reconociendo el gasto”, dice el informe.
Qué dijo el Tribunal
En el informe, que ahora deberán analizar los concejales, el Tribunal hace otras consideraciones:
* “Cuando se observan los subsidios a funcionarios como modalidad de contratación, lo que se cuestiona es el apartamiento a la normativa legal”.
* “No hay razón jurídica para admitir que un funcionario público realice gastos de la cuantía señalada y abone con dinero en efectivo”.
* “No hay control que pueda ser efectivo frente a gastos de esta naturaleza y bajo esta modalidad”.
* “Cuando un funcionario actúa al solo control de su propia conciencia y con tanto dinero, rindiendo a sola factura inmposibilita la protección preventiva del Estado”.
Una figura desvirtuada
La entrega de subsidios a funcionarios, además de no estar previsto en la ley, desvirtúa el espíritu con el que los gobiernos otorgan esas sumas de dinero como una ayuda o auxilio económico extraordinario, concedido a una entidad o persona que realmente lo necesita. Por eso, esos fondos son destinados a entidades sin fines de lucro, cooperativas, estudiantes o gastos necesarios para el desarrollo de actividades profesionales y de investigación y, en general, como ayuda a personas de escasos recursos.
Los números que muestra el informe
El informe del Tribunal de Cuentas Municipal detalla con nombre y apellido los funcionarios que utilizaron fondos bajo modalidades no contempladas por las normas contables.
En cuanto a los llamados “reintegros”, quien mayor dinero percibió fue el encargado de manejar las finanzas del Municipio, Esteban Pringles quien recibió 55.557 pesos. El propio intendente Ponce cobró algo más de 23.592 pesos; el ex secretario de Desarrollo Social, Carlos Jacomet 26.543 y Marcelo Altamirano 19.173 pesos.
Pero además Ponce entregó subsidios en manos de sus propios funcionarios. A Jacomet le dio 80 mil pesos y al actual subsecretario de Gestión Pública, Francisco Petrino, 50.500 pesos.
También cobraron 10 mil pesos cada uno la directora de Protección Integral de Familia, Laura Pérez, el ex director de Desarrollo Económico e Industrial, Anibal Fernández Janeiro; la directora de Promoción de Trabajo, Valeria Collado y Wences Rubio quien se desempeñó en el área de Derechos Humanos de la comuna capitalina.
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