La defraudación al Estado provincial en la construcción de los diques San Francisco y Saladillo debe haber sido descomunal, para que un profesional que no peca de ingenuo, y conoce de esos casos, calificara a éste como “escandaloso”. La fuerza de las pruebas sobre las irregularidades en los informes técnicos y en la facturación de las obras respaldó la decisión del juez Penal Nº 1, Sebastián Cadelago Filippi, después de cinco años de investigación, de llamar a indagatoria al empresario Victorino Américo Gualtieri y a otras veintiún personas.
Algunos de los imputados son profesionales de la empresa de Gualtieri, otros son personas que “atendieron en ambos lados del mostrador”, porque primero fueron empleados del empresario y luego, contratados por el Gobierno, formaron parte de un “Grupo Asesor” e intervinieron en las obras, según la acusación de la Fiscalía de Estado que motivó la investigación.
También están llamados a declarar en indagatoria los inspectores de obra del Estado provincial que firmaron certificaciones que contendrían datos inflados sobre supuestas inyecciones de cemento que nunca se hicieron. Y que le causaron a la provincia un perjuicio económico que rondaría los sesenta millones o setenta millones de pesos, según la estimación de la jefa de la sala Penal de la Fiscalía de Estado, Velia Guil.
“No es un monto determinado, pero puede llegar a estar en ese orden, habría que hacer una evaluación económica”, dijo la funcionaria. “En esa cifra hay una parte que ellos cobraron y parte que después reclamaron y la provincia no les pagó”, explicó.
El Gobierno “no llegó a desembolsar ese total porque se rompieron las negociaciones. Se hizo una auditoría cuando se empezó a negociar el cierre de la obra y los auditores llegaron a la conclusión que había habido un exceso de la facturación”.
Si las empresas no llegaron a quedarse con la cifra global, al menos se alzaron con más de la mitad: “Mercovial GSI –una UTE, Unión Transitoria de Empresas– pretendía cobrar impermeabilizaciones que nunca hizo. Reclamaba unos setenta millones de pesos, pero de una auditoría surge que la UTE le debería a la provincia unos cuarenta millones, que habría pagado de más”, dijo otra fuente.
En las certificaciones de obra, declararon más aplicaciones de las proyectadas, “con un cemento bastante más caro que el que se había presupuestado. En vez de cemento portland, supuestamente usaron cemento puzolánico, que es más caro”, explicó Guil.
Y “se llegó a la conclusión de que la cantidad de inyecciones que declaraban era imposible de realizar por las características del lugar y por el tipo de maquinaria que tenían”.
Por eso, Fiscalía de Estado denunció, y el juez así lo entendió, que “hubo una verdadera defraudación al Estado, una estafa en la cantidad y en la calidad de los materiales utilizados”.
El juez Cadelago Filippi rubricó su resolución anteayer. Gualtieri, el primero en la lista de citados, debería presentarse el martes 22 de setiembre a las 9.
“Es una causa compleja. La mayoría de las irregularidades estaría en la facturación del rubro identificado con el número 4 en el pliego de condiciones de la contratación, es decir, en las inyecciones de cemento para impermeabilizar las laderas de los cerros, los macizos naturales en los que se iban a construir los diques”, le dijo ayer el juez a El Diario.
El magistrado reveló que los inspectores de obra del Estado no estaban incluidos inicialmente en la denuncia que Guil hizo en nombre de la Fiscalía, pero él resolvió llamarlos a indagatoria “porque tienen que dar explicaciones sobre si se hizo un trabajo que dicen que se hizo”.
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