Un vertedero, de 4 millones, a 70 millones

La denuncia de Fiscalía de Estado que motivó la investigación “nació de dos auditorías sobre las presas Saladillo y San Francisco, realizados a petición del Ministerio de Hacienda Pública, que detectaron severas anormalidades (…) que implican un accionar delictual contra el Estado de la Provincia de San Luis, los que equivalen a una defraudación de alta envergadura”, reza un tramo de los fundamentos por los cuales el juez Cadelago Filippi resolvió indagar a Gualtieri, a sus colaboradores, a los asesores del Gobierno y a los inspectores de obra.

“La Provincia fue estafada a partir del aumento desproporcionado del rubro 4 (el de las inyecciones de cemento), lo que generó un colapso presupuestario imputable al abuso doloso y desmedido de la empresa, que vio en la falsificación de documentos y su conducta engañosa la forma de seguir cobrando mayores costos”, agrega.

El vertedero del dique de Saladillo había sido cotizado, en su oferta, en cuatro millones de pesos. “Luego de dos años de cambios, la contratista estimaba el valor del mismo en setenta millones de pesos, justificando todo esto a través de los supuestos resultados obtenidos de un modelo presuntamente ejecutado en la Universidad de San Juan, cosa que nunca existió”, sostiene la acusación.

El 11 de noviembre de 2008, el empresario estuvo presente en las negociaciones que terminaron con la rescisión de los contratos de obras de Saladillo y San Francisco.

“Ha sido un triunfo profesional importante haber conseguido que vengan a defenderse a través de la indagatoria. En estos cuatro años, la contraparte ha tratado de frenar el expediente, ha presentado un montón de recursos, de nulidades, pero siempre han salido favorables a Fiscalía, porque tenemos mucha documentación que respalda que han adulterado certificaciones. Ahora hay que hacer las pericias en ambos diques”, dijo Guil.