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En defensa de todos los usuarios del gas y los empleados públicos

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En defensa de todos los usuarios del gas y los empleados públicos


Este año el Programa Defensa del Consumidor tuvo que actuar en dos hechos importantes: los descuentos indebidos que el banco Supervielle le realizaba a empleados públicos y jubilados, y el tarifazo del gas que intentó aplicar el gobierno nacional. Del cobro de manera automática antes de la fecha de vencimiento de las cuotas de los préstamos a los estatales, Montiel Díaz recordó que “casi en un noventa por ciento han sido resueltos porque ya arribaron a un acuerdo. Los que todavía faltan es porque están en etapa de discusión, no porque haya una negativa de parte del banco para solucionarlo”. Además explicó que el sistema de descuento mediante débito automático antes del día 10 de cada mes “no estaba consentido por los clientes, más bien era una política del banco que no cumplía con varias reglamentaciones vigentes porque hacer un descuento antes del vencimiento es contrario incluso al Código Civil que habla de fechas ciertas de vencimientos”. Lo mismo dijo sobre el caso de los jubilados que sufrían el mismo tipo de descuento compulsivo. Y aclaró que “todavía no hemos recibido una comunicación del banco donde informe que haya cambiado esta política. Sí tenemos la seguridad de que lo han dejado de realizar en los casos que resolvimos en esta oficina”. 


Hasta ahora han intervenido en unos cincuenta casos, pero anticipó que la ley provincial prevé que la prescripción de estos casos son de tres años, por lo que todavía tienen dos más para iniciar los reclamos. Y recomendó a los que todavía no lo hicieron que se acerquen a iniciarlo.


Respecto al tarifazo del gas promovido por la Nación, comentó que, "la demanda que nos instruyó a realizar el gobernador Alberto Rodríguez Saá fue todo un éxito porque ayudó a paliar la situación de muchas familias que no tuvieron que erogar una cantidad de dinero que en algunos casos hasta era imposible de pagar. Hasta superaba el monto de un haber mínimo jubilatorio. Y además evitamos el riesgo del corte del servicio a los hogares en pleno invierno, que pudo haber generado graves problemas para la salud de la población más vulnerable”, recordó el funcionario.


También señaló que más tarde intervino la Corte Suprema de Justicia y el trámite escapó a su jurisdicción. Y destacó que en su gestión anterior ya se usó esta figura de representar a todos los habitantes de San Luis contra un aumento de tarifa del gas. “Yo creo que en otras provincias no hubo voluntad política de que las dependencias locales de Defensa del Consumidor hicieran este reclamo porque lo concretaron las asociaciones de consumidores. Pero en San Luis fue el propio Estado provincial el que defendió a sus habitantes porque la Ley de Defensa del Consumidor faculta la acción judicial colectiva, que fue la que utilizamos nosotros”.


Este invierno Montiel Díaz también mantuvo varias reuniones con las distribuidoras locales de gas envasado para tratar de paliar el faltante de garrafas sociales, “y logramos imponer pautas y vías de reclamos para evitar el abuso en los precios. Porque si bien había rumores, nos faltaba que alguien hiciera la denuncia concreta para poder actuar sobre el que abusaba del precio”, señaló.


Y destacó que “a través del impacto social en los medios de comunicación logramos saber en qué localidades se estaba abusando del precio y así informar a la Secretaría de Energía de la Nación para que fueran ellos los que aplicaran las sanciones previstas. Así logramos que los comercios se amoldaran a los precios que estaban vigentes”.


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En defensa de todos los usuarios del gas y los empleados públicos

Montiel Díaz. Es uno de los especialistas en el tema en la provincia. Foto: Martín Gómez.

Este año el Programa Defensa del Consumidor tuvo que actuar en dos hechos importantes: los descuentos indebidos que el banco Supervielle le realizaba a empleados públicos y jubilados, y el tarifazo del gas que intentó aplicar el gobierno nacional. Del cobro de manera automática antes de la fecha de vencimiento de las cuotas de los préstamos a los estatales, Montiel Díaz recordó que “casi en un noventa por ciento han sido resueltos porque ya arribaron a un acuerdo. Los que todavía faltan es porque están en etapa de discusión, no porque haya una negativa de parte del banco para solucionarlo”. Además explicó que el sistema de descuento mediante débito automático antes del día 10 de cada mes “no estaba consentido por los clientes, más bien era una política del banco que no cumplía con varias reglamentaciones vigentes porque hacer un descuento antes del vencimiento es contrario incluso al Código Civil que habla de fechas ciertas de vencimientos”. Lo mismo dijo sobre el caso de los jubilados que sufrían el mismo tipo de descuento compulsivo. Y aclaró que “todavía no hemos recibido una comunicación del banco donde informe que haya cambiado esta política. Sí tenemos la seguridad de que lo han dejado de realizar en los casos que resolvimos en esta oficina”. 


Hasta ahora han intervenido en unos cincuenta casos, pero anticipó que la ley provincial prevé que la prescripción de estos casos son de tres años, por lo que todavía tienen dos más para iniciar los reclamos. Y recomendó a los que todavía no lo hicieron que se acerquen a iniciarlo.


Respecto al tarifazo del gas promovido por la Nación, comentó que, "la demanda que nos instruyó a realizar el gobernador Alberto Rodríguez Saá fue todo un éxito porque ayudó a paliar la situación de muchas familias que no tuvieron que erogar una cantidad de dinero que en algunos casos hasta era imposible de pagar. Hasta superaba el monto de un haber mínimo jubilatorio. Y además evitamos el riesgo del corte del servicio a los hogares en pleno invierno, que pudo haber generado graves problemas para la salud de la población más vulnerable”, recordó el funcionario.


También señaló que más tarde intervino la Corte Suprema de Justicia y el trámite escapó a su jurisdicción. Y destacó que en su gestión anterior ya se usó esta figura de representar a todos los habitantes de San Luis contra un aumento de tarifa del gas. “Yo creo que en otras provincias no hubo voluntad política de que las dependencias locales de Defensa del Consumidor hicieran este reclamo porque lo concretaron las asociaciones de consumidores. Pero en San Luis fue el propio Estado provincial el que defendió a sus habitantes porque la Ley de Defensa del Consumidor faculta la acción judicial colectiva, que fue la que utilizamos nosotros”.


Este invierno Montiel Díaz también mantuvo varias reuniones con las distribuidoras locales de gas envasado para tratar de paliar el faltante de garrafas sociales, “y logramos imponer pautas y vías de reclamos para evitar el abuso en los precios. Porque si bien había rumores, nos faltaba que alguien hiciera la denuncia concreta para poder actuar sobre el que abusaba del precio”, señaló.


Y destacó que “a través del impacto social en los medios de comunicación logramos saber en qué localidades se estaba abusando del precio y así informar a la Secretaría de Energía de la Nación para que fueran ellos los que aplicaran las sanciones previstas. Así logramos que los comercios se amoldaran a los precios que estaban vigentes”.


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