Intendentes reclamaron que la Nación cumpla el fallo de la Corte

“Tenemos que mantenernos unidos, luchar juntos por los derechos de la Provincia. Esos recursos, ese dinero, es de todos los sanluiseños. De cada uno de nuestros pueblos", dijo con convicción el ministro de Gobierno de San Luis, Eduardo Mones Ruiz. Y los intendentes de diferentes localidades de San Luis lo aplaudieron. Fue en el buffet de Terrazas del Portezuelo donde se reunieron para establecer una estrategia común para reclamarle al gobierno nacional el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que dictaminó el reintegro de los fondos descontados ilegalmente al Estado puntano durante 12 años, que eran fruto de coparticipación federal y que aún no cumple.

En una merienda que combinó café con leche, masas y sandwichs, 61 intendentes firmaron un documento en el que exigen a la Nación el pago de los fondos retenidos indebidamente durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner. Y que ahora, bajo la Presidencia de Mauricio Macri, con un juicio con sentencia favorable para San Luis, tampoco respeta.   

Del encuentro participaron jefes comunales de distintos departamentos, el vicegobernador, Carlos Ponce y el fiscal de Estado, Eduardo Allende. Este último se encargó de explicar el alcance de la deuda que el gobierno federal mantiene con el distrito puntano: más de 13.000 millones de pesos sólo en concepto de devolución de ese porcentaje coparticipable que fuera retenido a San Luis. Pero eso no es todo: la Provincia tiene, ya en período de sentencia, otros 14 juicios en contra del Estado federal. Todos por dineros descontados en forma arbitraria e inconstitucional. Algunos datan de 2001. Según Allende, todos esos recursos que aún no llegan a las arcas sanluiseña superan 32.300 millones de pesos. O, tal como calificó Mones Ruiz: "Son la suma de dos presupuestos provinciales. Ya pasaron casi nueve meses desde que la Corte se pronunció a favor de nuestro reclamo. Pero el gobierno nacional no ha mostrado voluntad de pago", remarcó.

Sin respuestas

Hace 9 meses que el máximo órgano judicial de Argentina le dio, después de 12 años, la razón al reclamo sanluiseño que encabezó el gobernador Alberto Rodríguez Saá durante su primer mandato. El 24 de noviembre de 2015, la Corte no sólo le dio por ganado el juicio al reclamo cuyano, también ordenó que, en un plazo de 4 meses, las partes se pusieran de acuerdo en la forma de pago y las fechas para ese trámite. San Luis, encabezado por Rodríguez Saá y el fiscal de Estado, Eduardo Allende, fueron una y otra vez a Buenos Aires en pos de concretar ese plan de pagos. El ministro Rogelio Frigerio siempre los recibió con amabilidad y los escuchó, pero no les dio respuestas. Peor fue la postura del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay: jamás atendió sus llamados telefónicos.

“Hay gente que quiere mostrar a la coparticipación como una dádiva del gobierno nacional y esto no es así. La Ley Federal de Impuestos establece que el cincuenta por ciento de la recaudación es para el Estado nacional y el resto se distribuye entre las provincias de acuerdo a los porcentajes que le corresponde a cada una”, explicó.

Allende también hizo hincapié en las últimas actuaciones judiciales de la Provincia: presentaron un escrito en el que señalan que la Nación reconoce una deuda con San Luis de $9.500 millones. En esa actuación, Fiscalía de Estado propuso que se “apruebe parcialmente la liquidación sobre ese monto”, para luego discutir la diferencia y que comience a correr el plazo de 120 días establecidos por la Corte para que Provincia y Nación se pongan de acuerdo en la forma de pago. El Máximo Tribunal aún no se expidió sobre ese ítem.

“El total de la deuda reclamada judicialmente al día de hoy es de $32.300 millones. Esto es lo que, para nosotros, el Estado nacional le debe a San Luis por distintos juicios de coparticipación”, aseguró el fiscal de Estado.

Tras esas explicaciones, Mones Ruiz instó a los intendentes a "firmar el documento donde exigiremos a la Nación que cumpla con un fallo de la Justicia. Es un tema propio del sistema republicano, donde el Ejecutivo debe cumplir los fallos de la Justicia. Desde la Provincia nos comprometemos a trabajar incansablemente para recuperar los montos que nos fueron confiscados por la Nación inconstitucionalmente”, cerró el ministro.

Luego se abrió un breve debate entre algunos intendentes, pero luego todos acordaron rubricar el texto en el que, además, piden al Estado nacional "deje de discriminar a San Luis". Antes del final el vicegobernador, Carlos Ponce, instó a los jefes comunales a "trabajar unidos en busca de la solución. Es una tarde importante para todos. Busquemos el diálogo para que la Nación entienda que debe dejar de discriminarnos", sentenció.