Romina Aguilar: el fiscal pidió perpetua para los sospechosos

No fue una sorpresa, porque el delito por el que habían indagado a los tres sospechosos del asesinato de Romina Aguilar no dejaba margen para otro pedido de pena. El viernes, en un extenso documento que refleja un expediente que alcanzó los doce cuerpos, lo que equivale a dos mil cuatrocientas fojas, el fiscal Esteban Roche solicitó que condenen a prisión perpetua a Edivaldo De Oliveira Pereira, Leandro Vílchez y Diego Hernán Lorenzetti, esposo de la víctima, por homicidio doblemente calificado por el uso de arma de fuego, por mediar promesa remuneratoria y, en el caso del viudo, agravado por el vínculo. La acusación fue uno de los últimos pasos antes de que la causa sea elevada a juicio oral, debate que probablemente se lleve a cabo el año próximo.

Aguilar fue asesinada la mañana del sábado 30 de enero de 2016, en la puerta de su casa, en la manzana 78 del barrio Faecap  de San Luis, aproximadamente a las 6:40, cuando sacaba de la cochera su camioneta Renault Duster para dirigirse a la localidad de La Calera, donde tomaba clases para terminar la escuela primaria.

María Eugenia Núñez, la vecina que vivía enfrente y única testigo directa del crimen, declaró haber visto a un joven que conducía a una mujer rubia, que caminaba a los saltos y con las manos levantadas y abiertas, a la altura del pecho, insultándola. “La traía empujándola, poniéndole la mano en la espalda… le gritó 'tirate al piso, tirate, dále', y ella ni siquiera alcanzó a poner las rodillas en el suelo. Se tiró, quedó boca abajo y giró la cabeza hacia el lado de la pared”.

Dos disparos

Las pericias determinaron que antes de ese trayecto el agresor le había disparado en el pecho y que, ya tendida, la ultimó de un disparo en la cabeza, con un arma calibre 11,25. Romina, que tenía 32 años, murió instantes después allí mismo, en la vereda este de calle Los Alerces.

Núñez dijo que un segundo sospechoso, con casco protector negro y al mando de una moto 110 negra y gris, secundó al tirador para escapar.

El lunes 29 de febrero, cercado por los investigadores de la División Homicidios, que habían allanado un taller mecánico y secuestrado su moto Yamaha Crypton, De Oliveira Pereira, jinete de los caballos de carrera de Lorenzetti, se entregó en los Tribunales y confesó haber participado del crimen junto a “El Bocón” Vílchez, por encargo del viudo.

En su relato se situó como el conductor de la moto y negó haber sabido que iban a matar a alguien, sino que Vílchez le había dicho que iban a cometer un robo. También que, una vez consumado el hecho, “El Bocón” le confesó el plan original y le dijo que al “trabajo” se lo había ofrecido su primo, “El Chori”, Héctor Gastón Heredia, por un monto de 100 mil pesos, aportados por Lorenzetti, por entonces intendente de La Calera.

Sobre el arrepentido jockey, el fiscal dijo que resulta totalmente inviable su versión de que no sabía que iban a matar a una persona.

El martes 1º de marzo a la noche, tras participar de una marcha para reclamar justicia por el homicidio de su esposa, Lorenzetti fue detenido en el pueblo que presidía, por orden de la jueza Virginia Palacios, que lo señaló como el autor intelectual del crimen.

Vílchez estuvo prófugo hasta el jueves 31 de marzo, cuando fue apresado por efectivos de Homicidios en la zona norte de la capital.

Un plan elaborado

Cada vez que declaró en el juzgado, incluso antes, a instantes de ocurrido el homicidio, Lorenzetti intentó orientar las sospechas hacia su adversario político, el ex intendente de La Calera Alberto Leyes, asegurando que mandó a matar a su esposa por venganza y, además, porque la víctima estaba decidida a hacerse un ADN para corroborar su sospecha de que era hija de Leyes.

En la requisitoria fiscal, Roche desestimó totalmente esa teoría. “La defensa del imputado buscó demostrar prácticamente hasta el hartazgo que todo el hecho investigado fue organizado y ejecutado por quienes fueren sus rivales políticos… Quien suscribe estuvo prácticamente en la totalidad de las audiencias tomadas a lo largo de la causa, en cada una de ellas, y en las que se hacía mención de las supuestas amenazas de muerte que Lorenzetti habría sufrido, todos fueron categóricos en afirmar que ellos se habían enterado de tales amenazas por los propios dichos del imputado”, sin que hubiera denuncias o pruebas de ellas, “advirtiéndose, como ya se dijere, que fue una conducta llevada a cabo para desviar el eje de la investigación penal, haciendo inverosímil los relatos brindados por el procesado”.

En la primera oportunidad que tuvo para declarar, “El Bocón” prefirió callar, pero en noviembre, tras cambiar de abogado, se sentó ante el juez solo para decir que el brasileño miente y que él no tuvo nada que ver.

A pesar de los planteos de nulidad y estrategias de su defensa, para Roche quedó probado que el viudo “encontrándose en un contexto familiar sumamente problemático con su pareja, de peleas, engaños, celos y amenazas de hacer públicas ciertas situaciones que a la postre perjudicarían la imagen exterior de quien fuere una persona pública de conocimiento en la comunidad, ideó el método a efectos de resolver el ‘problema’ existente e insostenible con su mujer, prometiendo una suma de dinero, a priori 100 mil pesos, a Edivaldo De Oliveira Pereira y Cristian Leandro Vílchez, a efectos de cometer el asesinato de su mujer”.

El hecho debía ser cometido mientras estuviera sola y vulnerable y bajo la pantalla de haber sido víctima de un robo para “disipar cualquier sospecha que pudiera caber sobre él… intentando plasmar a posterior la imagen de un esposo compungido por la situación… efectuando apariciones públicas por ante cualquier medio le fuera posible, resaltando el ‘devoto amor’ por quien fuera su esposa… aristas que resaltan un perfil psicótico pero claramente consciente de las consecuencias de sus actos”.