Acusado de maltratar a su mujer podría sumar una imputación

Cuando la historia de maltratos vividos por Érica Tebez conoció la luz, el pasado 13 de junio, y su pareja y agresor, Rodolfo Daniel Gómez, fue detenido y procesado, se supo que, además de golpes y amenazas, la mujer de 37 años había sufrido innumerables vejámenes sexuales durante los cerca de siete meses que él la mantuvo cautiva en una casa del centro de San Luis, junto a la hija de 9 años que tienen en común. Incontables, por la cantidad; incontables, porque hablar con cierto detalle de ellos llevaría a revictimizarla. Pero lo cierto es que, más allá de que los investigadores ya tenían noticias de esos abusos, Érica recién ahora tuvo la fortaleza anímica necesaria para presentarse en la Justicia y declarar.

La joven estuvo en el Juzgado Penal 2 días atrás, acompañada por Facundo Sosa, un abogado de la Secretaría de Estado de la Mujer #NiUnaMenos, y formalizó este paso, informó el sábado el secretario de ese juzgado, Ariel Parrillis. La audiencia duró unas tres horas. 

La Justicia intervino tras la denuncia que hizo en esa fecha la madre de Érica, Cristina Iglesias. La joven fue citada para dar su versión unas semanas después del inicio del expediente. “Presentó una nota, por derecho propio, y pidió no hacerlo en ese momento, dado que no estaba en condiciones psicológicas y emocionales. Pero instó la acción penal”, un trámite que es necesario para que la Justicia indague en hechos de esta naturaleza, de instancia privada, contó Parrillis.

Lo que faltaba incorporar era la ratificación en audiencia judicial, más el relato concreto de la damnificada, dijo. Esta narración que Érica hizo ahora permite saber de modo más preciso qué ocurría “tras la puerta”, en relación a la comisión del delito más íntimo  de aquéllos por los que Gómez está sospechado, más allá de que había evidencia de que la joven, en ese contexto de falta de libertad y maltrato, también era sometida sexualmente. 

Estos ataques fueron permanentes y humillantes, ejecutados con perversidad y, en muchas ocasiones, por sorpresa, según se desprende de los dichos de Érica, y de lo que ella le comentó, tras el escape, a personas de su confianza, como su madre.

“Inclusive, en un momento evaluamos hacerla declarar en la Cámara Gesell, en el marco de la Ley de Trata de Personas, dado que en ella está prevista esta posibilidad para quienes son damnificados por este delito, con vejámenes y consecuencias psicológicas severos”, continuó el funcionario judicial. Finalmente, ahora, un poco más entera, la víctima solicitó por intermedio del abogado de la Secretaría #NiUnaMenos ir a contar lo ocurrido, en primera persona. Fijaron la audiencia, y fue.

Si bien su relato es de suma importancia, no era necesario que fuera incorporado apenas  iniciaron las indagaciones. En verdad, podía incluirse en cualquier instancia del proceso, incluso en el debate oral, indicó el secretario. Además, los investigadores consideraron en su oportunidad que había indicios suficientes para que Gómez fuera enviado al Servicio Penitenciario Provincial, con prisión preventiva.

El juez que instruyó la causa inicialmente, Jorge Sabaini Zapata, procesó a Gómez por los mismos delitos por los que lo había llamado a declaración indagatoria. Es decir, homicidio en grado de tentativa, con tres agravantes: la relación de convivencia –dado que ellos eran pareja y vivían bajo el mismo techo–, la violencia de género –esto es, porque había un sometimiento y una subordinación de la mujer hacia el hombre, basada en una relación de poder– y por el ensañamiento.

Esta última calificación fue “por el tipo y la forma de las lesiones que ella sufrió, que tuvieron una continuidad en el tiempo –abundó Parrillis en una nota precedente brindada a este medio–. Claramente, todos estos actos repetidos en el tiempo iban a conducir a la muerte. Si no se produjo, fue porque ella escapó de la vivienda. Por ello, el juez entendió que hubo un dolo de homicidio”.

El forense Luis Lucero Arienti, del Cuerpo Médico del Poder Judicial, examinó a Érica el mismo martes 13 de junio, cuando ella huyó de la vivienda ubicada en Constitución 1210, a metros de Las Heras, en la planta alta. Refirió que tenía hematomas en el cuero cabelludo, en el rostro, en el hombro izquierdo, en las nalgas, en las rodillas y en la oreja derecha. También consignó una herida contuso-cortante en el labio inferior; un diente fracturado; quemaduras –algunas hechas con cigarrillo– antiguas y recientes; y una fractura en el tercio medio del peroné izquierdo, sin contar las lesiones en la zona íntima.

Además, Gómez fue procesado por la privación ilegítima de la libertad tanto de Érica como de su hija, también con tres agravantes: las amenazas, la violencia y la duración, había especificado Parrillis. Ninguna de las dos salía ni para hacer una compra, y tampoco recibían gente en la casa. Al parecer, sólo iba la madre de Gómez, quien solía llevar comida. Durante esos meses, por decisión del acusado, la pequeña no fue a la escuela.

El testimonio que la nena dio en la Cámara Gesell fue muy valioso. Si bien ella no habría sido testigo directa de los golpes ni de los abusos sexuales sufridos por su mamá –estos últimos habrían ocurrido en un ambiente de la casa distinto a aquél en el que Gómez le ordenaba quedarse–, dio cuenta de las condiciones físicas en las que Érica estaba, producto de los maltratos. La veía golpeada o sangrando, o con dificultades para caminar. La menor sí escuchó y fue destinataria de amenazas de Gómez para que no osaran salir de la casa mientras él no estaba.

Los dichos de la chiquita guardan enorme coherencia con lo denunciado por Cristina y también con las pruebas producidas, tales como el informe del médico que revisó a la damnificada, y los indicios que surgieron, por ejemplo, de la inspección y el allanamiento de la casa donde Érica y su hija estuvieron enclaustradas.