Editorial

“Ni firmamos…ni vamos a firmar…” (III)

La sinrazón de la realidad política argentina obliga a que quienes hacen lo que deben hacer tengan que dar explicaciones. Los dirigentes que cumplen con la Constitución, con la ley, que acatan la voluntad popular expresada en las urnas, deben aclarar sus procederes. Recuerda a alguna época no muy lejana donde San Luis tenía que salir a rendir cuentas de la construcción de autopistas y de tantas otras realizaciones. En lugar de que los gobernantes que incumplen sus promesas, se vean expuestos, los interpelados son los que honran su palabra y las normas constitucionales.

Respecto a las iniciativas referidas a la reforma previsional, a las modificaciones en materia laboral y fiscal, y al llamado consenso entre las provincias y la Nación hablaron en el marco de una reunión de comisiones parlamentarias el gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá y el senador nacional Adolfo Rodríguez Saá. La profundidad de lo expuesto y su repercusión en diversos ámbitos justifican esta tercera entrega en este mismo espacio, sobre la mencionada cuestión.

Como muy bien señalaron ambos, lo deseable a esta altura sería que ya estuviera dictada una nueva Ley de Coparticipación Federal, tal cual el mandato de la reforma constitucional de 1994. Todos los plazos están vencidos. Poco parece importarles a las autoridades, incluso a muchos gobernadores de las provincias argentinas. En lugar de tan importante debate se postula que el Poder Ejecutivo Nacional defina esta cuestión, y las provincias acaten y rubriquen lo sentenciado. Todo parece impregnado por el temor que genera la demanda de la provincia de Buenos Aires, con su gobernadora a la cabeza. Y aparecen aquí algunos señalamientos de los discursos mencionados que merecen particular atención: "El criterio es que la provincia de Buenos Aires tiene todo el derecho a cobrar por un juicio recién iniciado; y San Luis con fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia, con liquidación pendiente y con la Nación intimada a pagar, no merece la menor atención". Senador Rodríguez Saá. "Buenos Aires demandó a la Nación. La propia Corte consideró a las provincias como terceros. Es un problema que debe resolver la Nación". Gobernador Rodríguez Saá.

“…Los gobernantes deben cumplir la Constitución y las leyes. Cada gobernador sabrá cuál es su responsabilidad. El 28 de octubre de 2007 hubo en San Luis una consulta popular, establecida mediante la ley N° V-0575-2007, sancionada por la Cámara de Senadores y Diputados de San Luis. En ella el Poder Ejecutivo puntano le preguntó a los ciudadanos habilitados a votar si estaban o no de acuerdo con una presentación para reclamar la deuda en la Justicia. El resultado fue apabullante en favor del sí. ¿Puede un gobernante renunciar a esos fondos?...” (Editorial El Diario de la República, 19 de noviembre de 2017, bajo el título “La decisión más correcta”). El ex presidente puntano afirmó estas consignas y respondió con certeza el interrogante. Fue preciso al mencionar que el 87% del electorado votó a favor del sí en aquel momento. Dejó claro que no son todos votos oficialistas. “No está en nuestras manos decidir arbitrariamente si desistimos”. Clarísimo. El propio Gobernador sosteniendo su posición llegó a mencionar que hasta podría tratarse de una causa de mal desempeño de sus funciones. Es muy claro que los gobernantes no pueden hacer lo que quieren, deben someterse a las leyes, a la Constitución Nacional, a la propia Constitución Provincial, y en este caso al resultado elocuente de una precisa consulta popular. Este tipo de consultas son propias de las democracias más avanzadas del mundo.

Son muchas las cuestiones pendientes de análisis. Y vale la pena continuar. Se trata de un momento histórico. De una actuación más que destacada de quienes hacen de la defensa de los intereses de San Luis el eje de su labor política. Y muchos sanluiseños así lo reconocen. Y queda, con mucha humildad y sin soberbia, el orgullo intacto.

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