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Una mirada sobre la privacidad

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Una mirada sobre la privacidad

A dónde van las personas, a quiénes ven, qué hacen? Las respuestas a estas preguntas básicas están en los teléfonos móviles, que a veces pasan a manos de la policía: la Corte Suprema de Estados Unidos examina la tesis de que esta situación vulnera la privacidad.

Una mayoría de los nueve magistrados de la institución parecían preocupados por el seguimiento permanente de los ciudadanos que permite la geolocalización por antenas telefónicas repetidoras.

El móvil “se ha convertido hoy en un apéndice para muchas personas”, señaló la magistrada Sonia Sotomayor. “Puede mostrar dónde estás en los momentos más íntimos de tu vida”.

El caso revisado por el máximo tribunal tendrá amplias consecuencias para la sociedad estadounidense. Implica redefinir el marco de la Cuarta Enmienda de la Constitución, ratificada a fines del Siglo XVIII, que protege a los ciudadanos contra cualquier intromisión en sus vidas privadas sin una presunción seria.

El origen del caso se remonta a 2011, cuando fue arrestado un delincuente menor de Detroit, Timothy Carpenter, posteriormente declarado culpable de robos a mano armada de teléfonos móviles.

Para rastrear los movimientos de Carpenter, la policía obtuvo su geolocalización mediante la “demarcación” de su teléfono durante 127 días. En total, lo ubicaron 12.898 veces gracias a los registros proporcionados por su operador de telefonía móvil.

Para la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), un seguimiento de esta magnitud -en duración y espacio- sin una orden judicial ilustra un claro exceso.

“La recopilación de esta información es un allanamiento”, dijo el abogado de Carpenter, Nathan Wessler, quien denunció que ello se pueda hacer sin autorización judicial.

Según la ACLU, el principio de respeto de la vida privada está amenazado no sólo por las computadoras portátiles, sino también por las tarjetas de transporte, los peajes automáticos, los registros médicos en línea, entre otros.

“La proliferación de Internet, nuestros dispositivos, nuestros relojes, nuestros equipos electrónicos, nuestros asistentes domésticos -en nuestra exposición de argumentos mencionamos incluso los vibro masajeadores conectados-, todos estos objetos almacenan datos en la nube a nombre de empresas sobre las que no tenemos control”, había denunciado previamente Wessler.

El gobierno de Donald Trump afirma que Carpenter sabía a lo que se atenía y que su geolocalización por la activación de las antenas telefónicas repetidoras no reveló el contenido de sus conversaciones.

“En este caso se trata del enrutamiento de la información y no del contenido de esta información”, dijo Michael Dreeben, que representa en la audiencia al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Dreeben insistió en “el elemento voluntario” que supone el contrato con un operador de telefonía, estableciendo así una distinción con un caso anterior en el que el Tribunal Supremo había prohibido en 2012 la instalación de un dispositivo de localización GPS sin autorización judicial en un vehículo.

Pero, para la ACLU, el rastreo del móvil, cada vez más preciso en términos tecnológicos, permite conocer a alguien como “un libro abierto”. Los registros mostraban, por ejemplo, a qué iglesia iba a rezar Carpenter o cuándo dormía o no en su casa.

Lo que está en juego en el debate entre los magistrados de la Corte Suprema es tan importante que prominentes actores sociales apoyan oficialmente a la ACLU: académicos de renombre, gigantes del sector tecnológico -Apple, Facebook, Twitter, Verizon, Google, Microsoft-, pero también, para sorpresa de muchos, organizaciones conservadoras, incluso partidarios de las armas de fuego preocupados por su anonimato.

El progreso tecnológico implica que la información que anteriormente estaba guardada en el cajón de la oficina ahora está en manos de terceros. Para tener acceso al cajón, las autoridades tenían que obtener una orden judicial de un juez, demostrando la existencia de una infracción. No es un debate menor.

De aquí a fines de junio de 2018, la Corte Suprema tomará su decisión sobre si será necesaria una autorización judicial para sumergirse en la intimidad digital del estadounidense conectado.

Y marcará un precedente que volverá a cambiar la mirada sobre la privacidad.

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Una mirada sobre la privacidad

A dónde van las personas, a quiénes ven, qué hacen? Las respuestas a estas preguntas básicas están en los teléfonos móviles, que a veces pasan a manos de la policía: la Corte Suprema de Estados Unidos examina la tesis de que esta situación vulnera la privacidad.

Una mayoría de los nueve magistrados de la institución parecían preocupados por el seguimiento permanente de los ciudadanos que permite la geolocalización por antenas telefónicas repetidoras.

El móvil “se ha convertido hoy en un apéndice para muchas personas”, señaló la magistrada Sonia Sotomayor. “Puede mostrar dónde estás en los momentos más íntimos de tu vida”.

El caso revisado por el máximo tribunal tendrá amplias consecuencias para la sociedad estadounidense. Implica redefinir el marco de la Cuarta Enmienda de la Constitución, ratificada a fines del Siglo XVIII, que protege a los ciudadanos contra cualquier intromisión en sus vidas privadas sin una presunción seria.

El origen del caso se remonta a 2011, cuando fue arrestado un delincuente menor de Detroit, Timothy Carpenter, posteriormente declarado culpable de robos a mano armada de teléfonos móviles.

Para rastrear los movimientos de Carpenter, la policía obtuvo su geolocalización mediante la “demarcación” de su teléfono durante 127 días. En total, lo ubicaron 12.898 veces gracias a los registros proporcionados por su operador de telefonía móvil.

Para la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), un seguimiento de esta magnitud -en duración y espacio- sin una orden judicial ilustra un claro exceso.

“La recopilación de esta información es un allanamiento”, dijo el abogado de Carpenter, Nathan Wessler, quien denunció que ello se pueda hacer sin autorización judicial.

Según la ACLU, el principio de respeto de la vida privada está amenazado no sólo por las computadoras portátiles, sino también por las tarjetas de transporte, los peajes automáticos, los registros médicos en línea, entre otros.

“La proliferación de Internet, nuestros dispositivos, nuestros relojes, nuestros equipos electrónicos, nuestros asistentes domésticos -en nuestra exposición de argumentos mencionamos incluso los vibro masajeadores conectados-, todos estos objetos almacenan datos en la nube a nombre de empresas sobre las que no tenemos control”, había denunciado previamente Wessler.

El gobierno de Donald Trump afirma que Carpenter sabía a lo que se atenía y que su geolocalización por la activación de las antenas telefónicas repetidoras no reveló el contenido de sus conversaciones.

“En este caso se trata del enrutamiento de la información y no del contenido de esta información”, dijo Michael Dreeben, que representa en la audiencia al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Dreeben insistió en “el elemento voluntario” que supone el contrato con un operador de telefonía, estableciendo así una distinción con un caso anterior en el que el Tribunal Supremo había prohibido en 2012 la instalación de un dispositivo de localización GPS sin autorización judicial en un vehículo.

Pero, para la ACLU, el rastreo del móvil, cada vez más preciso en términos tecnológicos, permite conocer a alguien como “un libro abierto”. Los registros mostraban, por ejemplo, a qué iglesia iba a rezar Carpenter o cuándo dormía o no en su casa.

Lo que está en juego en el debate entre los magistrados de la Corte Suprema es tan importante que prominentes actores sociales apoyan oficialmente a la ACLU: académicos de renombre, gigantes del sector tecnológico -Apple, Facebook, Twitter, Verizon, Google, Microsoft-, pero también, para sorpresa de muchos, organizaciones conservadoras, incluso partidarios de las armas de fuego preocupados por su anonimato.

El progreso tecnológico implica que la información que anteriormente estaba guardada en el cajón de la oficina ahora está en manos de terceros. Para tener acceso al cajón, las autoridades tenían que obtener una orden judicial de un juez, demostrando la existencia de una infracción. No es un debate menor.

De aquí a fines de junio de 2018, la Corte Suprema tomará su decisión sobre si será necesaria una autorización judicial para sumergirse en la intimidad digital del estadounidense conectado.

Y marcará un precedente que volverá a cambiar la mirada sobre la privacidad.

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