Cuando lo que está en juego es la discusión en torno a la independencia de un país, o de una región dentro de un país, cualquier elemento puede ser tomado como bandera, por unos u otros, en pos de defender los intereses sectoriales de cada cual. Incluso cuando se trata de resoluciones judiciales claras, transparentes, sujetas a la ley y en el marco de normativas que tiendan a hacer justicia.
Algo de eso puede observarse en el desarrollo de una operación policial de recuperación de un conjunto de obras de arte que pertenecieron a un monasterio del norte de España, el llamado “Tesoro de Sijena”, que generó protestas en Cataluña y acusaciones de “expolio” por parte de los independentistas.
Agentes de la Guardia Civil y de los Mossos de Esquadra, la policía catalana, se posicionaron a principios de la semana en las inmediaciones del museo de la ciudad de Lérida, donde se encontraban las 44 obras, mientras técnicos especializados preparaban el traslado.
“Se han de trasladar obras de arte de Lérida a Sijena por orden judicial y se ha montado un dispositivo para que se pueda cumplir”, declaró un portavoz de los Mossos.
Según imágenes de televisión, el dispositivo provocó protestas frente al museo. “Manos arriba, esto es un atraco”, gritaban manifestantes apoyados por el partido independentista y anticapitalista catalán CUP.
El traslado se inscribe en un conflicto de años entre la región de Aragón, que reclama estas obras, y su vecina Cataluña, que las compró a unas monjas del monasterio de Villanueva de Sijena y ahora las considera parte de su patrimonio.
El “Tesoro de Sijena” se compone de 97 obras, de las cuales 51 ya han sido restituidas por orden judicial. Las que se encuentran en Lérida fueron vendidas por las monjas en 1983 por diez millones de pesetas de la época, sin consultar a las autoridades regionales o nacionales. Entre ellas figuran tres cajas sepulcrales pintadas del Siglo XV, y tablas de retablo de los siglos XVI y XVIII.
La región de Cataluña está bajo mando directo del gobierno central español desde el 27 de octubre, a raíz de su fallida declaración unilateral de independencia. Los independentistas consideran que el hecho de dar ahora la orden de entregar estas obras, que había sido bloqueada por el gobierno catalán, es un aprovechamiento de la situación.
El presidente catalán destituido por Madrid, Carles Puigdemont, denunció en su cuenta de Twitter la operación, llevada a cabo según él “con nocturnidad y utilizando una policía militarizada, aprovechando un golpe de Estado para expoliar a Cataluña”.
“Las resoluciones judiciales conviene acatarlas”, contestó simplemente el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, desde Madrid.
El monasterio, que se incendió durante la Guerra Civil, fue declarado monumento nacional en 1923 por su gran valor artístico.
Fue fundado por Sancha de Castilla, reina consorte y esposa del rey de Aragón en 1188 y por allí pasaron nobles de alto linaje.
Pero claro que lo que se discute aquí no son sólo las obras de arte, el destino de ellas, o la “propiedad” terrenal de las mismas. Lo que está en discusión es el límite tolerable respecto de las decisiones que toma el “otro”, en tanto y en cuanto respecto de ese “otro”, existe una decisión de separarse.
Lo que está en discusión y trasciende cualquier argumento, es la declarada independencia de Cataluña, y cualquier “excusa” resulta razonable para volver sobre el tema. Se trate de una obra de arte, del curso de un río o de un documental sobre la historia de España. Tan sencillo y crudo como eso.
LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casaMás Noticias
