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Gracias a una medida cautelar, volvió el servicio de anestesia para PAMI

La dictó la jueza Lilian Villar ante un amparo presentado por el sanatorio.

Por redacción
| 30 de diciembre de 2017
Sede judicial. La clínica tiene otro conflicto con los anestesistas, donde los denunció penalmente por abandono de persona.

La jueza a cargo del Juzgado Laboral Nº 1 de Villa Mercedes, Lilian Ivonne Villar, dictó una medida cautelar ante la acción de amparo presentada por la Clínica del Aconcagua para que los anestesistas, que suspendieron el servicio a los afiliados de PAMI en la Clínica del Aconcagua, vuelvan a atender a los jubilados.

 

El dictamen instó a los profesionales de la salud a retomar sus actividades "poniendo en primer lugar el derecho a la salud y cubriendo todas las cirugías programadas y urgencias, atento a los valores de honorarios establecidos por PAMI" hasta que se investigue el fondo del caso. 

 

Además, citó a las entidades  demandadas "a realizar todos los actos necesarios para lograr un acuerdo económico y la solución del conflicto para proteger la salud de los afiliados a PAMI y a quienes pudieran llegar a ser afectados".

 

La medida surgió a raíz de la decisión de cinco anestesistas de suspender el servicio que brindan a los afiliados de PAMI a partir del domingo 17 en la ex Clínica de Fracturas. Según anticiparon, la determinación la tomaron hasta que se regularizara la deuda que el administrador de la entidad, Rodolfo Negri, tiene con ellos. Incluso aseguraron que a sus honorarios no los reciben desde setiembre. Aclararon también que la resolución conjunta sólo afectaba a los jubilados que asisten a esa clínica.

 

“En el momento que responda la otra parte voy a analizar las pruebas y conocer cuál es el motivo por lo que han tomado esa decisión y recién ahí voy a dictar el fallo”, declaró la jueza Lilian Villar.

 

El servicio de anestesia para los afiliados a la obra social nacional de la clase pasiva volvió a retomarse en el momento en que la Justicia publicó la cautelar. En la clínica revelaron que el quirófano recibe casi 70 atenciones mensuales de personas de la tercera edad.

 

“La medida ejemplar que emitió la jueza pone las cosas en su lugar, diciendo que la situación económica no tiene que afectar la cirugía de un afiliado de ninguna obra social. Primero está el derecho a la vida”, declaró Rodolfo Negri. Y agregó: “Estas personas utilizaban a nuestros pacientes como rehenes, para cobrar lo que estaba fuera del nomenclador de PAMI, cortando los servicios en el momento que alguno estaba ingresando a una cirugía y la clínica no tenía otro remedio que acceder a esa extorsión”.

 

Consultado por El Diario, el defensor de los anestesistas,  Fabián Pelanda, hizo su descargo. Adelantó que “cuatro de los médicos fueron despedidos mediante una carta documento y dos de ellos se reincorporaron en el momento que recibimos la medida cautelar”. Y aclaró: “Ya realizamos la contestación del amparo y presentamos todas las pruebas correspondientes. Estamos dispuestos a explicar el motivo de por qué decidimos dejar de prestar los servicios en esa clínica”.

 

Pelanda destacó que la deuda que reclaman entre los 5 anestesistas alcanza los $500.000.

 

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