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Nuevas formas de restringir libertades

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Nuevas formas de restringir libertades

Si la situación política e institucional de Venezuela hace años que ofrece diversos flancos para ser cuestionada, eso no es impedimento para que sigan agregándose elementos al cuestionable ejercicio democrático: hasta 20 años de cárcel puede sufrir quien formule expresiones consideradas de odio a través de medios de comunicación o redes sociales en el país caribeño, de acuerdo con una nueva ley dictada por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

“Un objetivo loable, como es el de impedir los discursos de odio que pueden conducir a crímenes y otros daños, construye nuevos delitos de opinión y se dirige a controlar los contenidos y la libertad de expresión”, advirtió Marianela Balbi, del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), con base en Lima, Perú.

La “Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia” fue dictada por la ANC, que integran exclusivamente partidarios del gobierno de Nicolás Maduro. La oposición boicoteó su elección el 30 julio y un importante grupo de gobiernos la desconocen, mientras la legislativa y unicameral Asamblea Nacional, de mayoría opositora, la rechaza por inconstitucional.

“No la llamamos ley porque las leyes, de acuerdo con el derecho interno y el internacional sobre Derechos Humanos, las hacen los parlamentos, aquí en la Asamblea Nacional, para permitir el debate y la participación, lo que en este caso no ocurrió”, dijo Carlos Correa, de la organización no gubernamental Espacio Público, dedicada a las libertades de expresión e información.

Fue el presidente Maduro, en el poder desde 2013 y heredero político del extinto líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez (1999-2013), quien solicitó la aprobación de la ley contra el odio.

“Ha llegado la hora de, a través de un gran proceso político de creación de conciencia, castigar los delitos de odio, intolerancia, en todas sus formas de expresión, y que se acaben definitivamente”, dijo Maduro al presentar el proyecto de ley en agosto.

La ex ministra de Relaciones exteriores y presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, dijo que se hizo un estudio comparado con normas similares en Alemania y Ecuador, y en el texto venezolano además de imponer sanciones se agregaron disposiciones para favorecer la educación en favor de la tolerancia.

Antes de aprobarse la ley, 14 personas fueron encarceladas en los últimos tres años, algunas durante largos meses bajo procesos aún en curso, por enviar mensajes vía Twitter que se investigaron como coadyuvantes de la comisión de delitos en el marco de manifestaciones opositoras, indican organizaciones humanitarias.

El Sindicato de Trabajadores de la Prensa informó que en 2017 se cerraron en el país 49 medios, de ellos 46 radioemisoras. Espacio Público contabiliza 148 cierres de medios durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Espacio Público registra un récord de 887 violaciones a la libertad de expresión en el período enero-setiembre de 2017, 259 por ciento más que en todo 2016. La lista integra centenares de intimidaciones, agresiones y amenazas a los profesionales de la prensa, sobre todo en el contexto de manifestaciones, así como 83 restricciones administrativas a medios y 157 casos de censura.

Las organizaciones políticas deberán reformar sus estatutos para expulsar a los militantes sindicados de propalar expresiones de odio. El castigo por no adaptarse a esta norma será la cancelación del partido que se considere infractor.

Los medios de comunicación impresos o audiovisuales que emitan mensajes castigables según la ley serán objeto de multas, cierre o cese de la concesión, sin perjuicio de las penas que puedan caer individualmente sobre sus responsables.

Los administradores de redes sociales y medios electrónicos deberán retirar los mensajes que contravengan la ley en un plazo máximo de seis horas, o serán sancionados.

La pena por difundir mensajes que instiguen al odio, la guerra, la discriminación o la intolerancia puede ir desde 10 hasta 20 años de prisión.

Es una nueva forma de restringir las libertades. Lo más grave, sin embargo, es que se hace a través de una ley de un gobierno democrático. Un ejemplo lamentable.

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Nuevas formas de restringir libertades

Si la situación política e institucional de Venezuela hace años que ofrece diversos flancos para ser cuestionada, eso no es impedimento para que sigan agregándose elementos al cuestionable ejercicio democrático: hasta 20 años de cárcel puede sufrir quien formule expresiones consideradas de odio a través de medios de comunicación o redes sociales en el país caribeño, de acuerdo con una nueva ley dictada por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

“Un objetivo loable, como es el de impedir los discursos de odio que pueden conducir a crímenes y otros daños, construye nuevos delitos de opinión y se dirige a controlar los contenidos y la libertad de expresión”, advirtió Marianela Balbi, del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), con base en Lima, Perú.

La “Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia” fue dictada por la ANC, que integran exclusivamente partidarios del gobierno de Nicolás Maduro. La oposición boicoteó su elección el 30 julio y un importante grupo de gobiernos la desconocen, mientras la legislativa y unicameral Asamblea Nacional, de mayoría opositora, la rechaza por inconstitucional.

“No la llamamos ley porque las leyes, de acuerdo con el derecho interno y el internacional sobre Derechos Humanos, las hacen los parlamentos, aquí en la Asamblea Nacional, para permitir el debate y la participación, lo que en este caso no ocurrió”, dijo Carlos Correa, de la organización no gubernamental Espacio Público, dedicada a las libertades de expresión e información.

Fue el presidente Maduro, en el poder desde 2013 y heredero político del extinto líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez (1999-2013), quien solicitó la aprobación de la ley contra el odio.

“Ha llegado la hora de, a través de un gran proceso político de creación de conciencia, castigar los delitos de odio, intolerancia, en todas sus formas de expresión, y que se acaben definitivamente”, dijo Maduro al presentar el proyecto de ley en agosto.

La ex ministra de Relaciones exteriores y presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, dijo que se hizo un estudio comparado con normas similares en Alemania y Ecuador, y en el texto venezolano además de imponer sanciones se agregaron disposiciones para favorecer la educación en favor de la tolerancia.

Antes de aprobarse la ley, 14 personas fueron encarceladas en los últimos tres años, algunas durante largos meses bajo procesos aún en curso, por enviar mensajes vía Twitter que se investigaron como coadyuvantes de la comisión de delitos en el marco de manifestaciones opositoras, indican organizaciones humanitarias.

El Sindicato de Trabajadores de la Prensa informó que en 2017 se cerraron en el país 49 medios, de ellos 46 radioemisoras. Espacio Público contabiliza 148 cierres de medios durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Espacio Público registra un récord de 887 violaciones a la libertad de expresión en el período enero-setiembre de 2017, 259 por ciento más que en todo 2016. La lista integra centenares de intimidaciones, agresiones y amenazas a los profesionales de la prensa, sobre todo en el contexto de manifestaciones, así como 83 restricciones administrativas a medios y 157 casos de censura.

Las organizaciones políticas deberán reformar sus estatutos para expulsar a los militantes sindicados de propalar expresiones de odio. El castigo por no adaptarse a esta norma será la cancelación del partido que se considere infractor.

Los medios de comunicación impresos o audiovisuales que emitan mensajes castigables según la ley serán objeto de multas, cierre o cese de la concesión, sin perjuicio de las penas que puedan caer individualmente sobre sus responsables.

Los administradores de redes sociales y medios electrónicos deberán retirar los mensajes que contravengan la ley en un plazo máximo de seis horas, o serán sancionados.

La pena por difundir mensajes que instiguen al odio, la guerra, la discriminación o la intolerancia puede ir desde 10 hasta 20 años de prisión.

Es una nueva forma de restringir las libertades. Lo más grave, sin embargo, es que se hace a través de una ley de un gobierno democrático. Un ejemplo lamentable.

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