La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender fueron procesados ayer (lunes) en la causa denominada "Sueños Compartidos", por delitos cometidos a través de esa entidad con el Plan Federal de Construcción de Viviendas instrumentado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
También fueron procesados el ex secretario de Obras Públicas José López -ya detenido en otra causa- y su ex segundo, Abel Fatala, quienes -se señala- le permitieron a los Schoklender "en su calidad de apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo" que "tuvieran el manejo de la suma de $748.719.414,64, de la cual desviaron $206.438.454,05 de su destino específico".
Hubo falta de mérito para el ex ministro de Planificación Julio De Vido y los gobernadores y jefes comunales que firmaron convenios, mientras que se procesó a varias de las personas que participaron en la "ingeniería financiera" de los cheques que habían ingresado a la Fundación.
A los Schoklender se los consideró "protagonistas centrales" de la maniobra, mientras que Bonafini fue señalada como partícipe necesaria por entender que "conocía los desmanejos financieros que realizaban los apoderados de la Fundación".
La decisión fue tomada por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, que los encontró presuntamente responsables del delito de "defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en relación a los financiamientos otorgados por la Secretaría de Obras Públicas".
El juez -ex secretario de la Cámara Federal- sostuvo que "el éxito de esa maniobra fue posible gracias a la bastarda utilización de la noble causa de los Derechos Humanos, pues se valieron del prestigio y la trayectoria que la 'Asociación Madres de Plaza de Mayo' cuenta en el área de su defensa, para convertirla en la reserva moral del programa 'Sueños Compartidos', y al infiel desempeño de los funcionarios públicos a cargo de la asignación de los recursos del Estado" para la construcción de viviendas.
El juez Martínez De Giorgi dictó la falta de mérito para otros funcionarios como De Vido, al señalar que "no se han obtenido evidencias relevantes que lo ubiquen participando de modo personal en la gestión de aprobación de pagos, financiamiento o adelantos, a la fundación, o a las jurisdicciones locales, circunstancia sí acreditada con relación a la Secretaría de Obras Públicas".
La falta del mérito también alcanzó al ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, a quien se investigaba por convenios con la fundación de las Madres para contratar trabajadores, y a los gobernadores y jefes comunales que hicieron convenios con la Fundación como Gerardo Zamora (ex Santiago del Estero), Alejandro Granados (Ezeiza), Miguel Lifschitz (Santa Fe), Jorge Capitanich (ex Chaco), Maurice Closs (ex Misiones) y Rubén Darío Giustozzi (ex Almirante Brown).
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