Diego Lorenzetti, acusado de encargar el asesinato de su esposa, Romina Aguilar, y el supuesto ejecutor del crimen, Leandro “El Bocón” Vílchez, hacen una huelga de hambre en la cárcel. Ambos protestan porque un tribunal le dio una prórroga al juez para seguir investigando y Vílchez, además, lo hace para demandar que lo trasladen a San Luis, ya que hace unos meses fue trasladado al penal de Pampa de las Salinas.
El juez de instrucción Penal 1, Sebastián Cadelago Filippi, que tiene en sus manos la causa por el homicidio, dijo ayer que fue informado de que los procesados llevan adelante la medida de fuerza y agregó que “ambos tienen los controles médicos” necesarios.
Lorenzetti y Vílchez “están bien, están atendidos, no tengo ninguna novedad de que hayan tenido ningún problema de nada”, indicó el interventor del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), Hugo Scarso.
“Lo que tenemos que hacer en el Servicio es cuidarles la salud, yo garantizo el estado de salud del interno. Si están haciendo la huelga por un problema de la causa judicial, no es responsabilidad nuestra. Ellos tienen derecho a hacer la huelga, si su voluntad es seguir sin comer, se lo tenemos que respetar”, agregó el funcionario.
En el caso de “El Bocón” Vílchez, la protesta tiene un doble motivo: el trámite judicial y el hecho de que ha sido llevado al Complejo Penitenciario 2, ubicado a 210 kilómetros de la capital, donde están su familia, su abogado y el juzgado del que está a disposición.
“El Servicio Penitenciario nunca fundamentó bien la decisión de trasladarlo a Pampa de las Salinas. Hoy presenté un escrito en el que pido que lo traigan de vuelta a la cárcel de San Luis”, le dijo anteayer a este medio el abogado de Vílchez, Santiago Calderón Salomón.
El interventor del SPP, que asumió el 28 de abril, informó ayer que está “estudiando caso por caso los traslados realizados con anterioridad y cuáles van a ser los que se hagan con posterioridad” al penal ubicado en el Departamento Ayacucho, cerca del límite con San Juan y La Rioja. Y que no podía responder, por el momento, si Vílchez será regresado a la cárcel capitalina.
Desfile de testigos
Mientras tanto, el juez Cadelago Filippi reanudó la toma de declaraciones testimoniales previstas para completar la investigación. Esa tarea se había interrumpido porque el abogado de Lorenzetti, Carlos Salomón, había presentado un recurso que motivó que el expediente tuviera que ser elevado a la Cámara del Crimen 2. El tribunal rechazó el planteo del defensor.
El viernes pasado declararon en el juzgado la madre de Romina Aguilar, Cándida Gladis Aguilar, su padrastro, Ignacio Mattuz, y su hermana, Inés Verónica Aguilar.
Los tres coincidieron al calificar a Lorenzetti como una excelente persona y al asegurar que su relación con Romina era excelente. Incluso dijeron que la joven estaba muy entusiasmada con la posibilidad de tener un segundo hijo con Diego.
Y manifestaron su convicción de que Lorenzetti –quien les había contado que había recibido supuestas amenazas de su adversario político, Alberto Leyes, pero no las había denunciado, -según dijeron– no tuvo nada que ver con el asesinato de su esposa.
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