Los recortes que el gobierno nacional aplicó a Pami -que en la provincia dejó sin atención médica a los jubilados en el sanatorio Ramos Mejía- también afectaron a los servicios de emergencia, que quedaron exclusivamente bajo la administración de una empresa tercerizada -Emerger- que centraliza la prestación desde Buenos Aires a través de un 0800. En las firmas de San Luis y Villa Mercedes que anteriormente tenían a cargo esa tarea, advirtieron que los cambios aplicados en el país agudizaron la burocratización y la restricción del sistema de asistencia.
"Antes nos llamaban, mandábamos la ambulancia con el médico, hacíamos la medicación y todo lo que necesitaban. Ahora el Pami subcontrató con una empresa los servicios de emergencias médicas, que nos llama y nos dice que va a pagar una determinada cantidad de plata por cada llamado que ellos reciban. Nos tienen que comunicar cada vez que un afiliado necesite atención y con eso nos mandan la orden para que lo atendamos y después nos cobran a nosotros. Es un servicio tercerizado", explicó el director médico de Vittal San Luis (ex Asist), Alfredo Samper Battini, quien alertó que la nueva regulación perjudicará la rapidez e inmediatez del servicio, en los casos en que la asistencia sea de carácter urgente, como es la solicitud de una ambulancia.
"Los que clasifican si es o no una urgencia están en Buenos Aires y toman conocimiento a través de una llamada telefónica. No tienen idea de la idiosincrasia de la gente de San Luis, pareciera que el jubilado es una condición de 'cosa' y no un ser humano. Va en detrimento de la sociedad, le hace un daño muy grande", afirmó.
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