21°SAN LUIS - Viernes 29 de Marzo de 2024

21°SAN LUIS - Viernes 29 de Marzo de 2024

EN VIVO

Ser mujer en América latina, muchas veces, un drama

Por redacción
| 17 de julio de 2017

La condena a 30 años de cárcel impuesta a Evelyn Hernández por un caso de aborto, producto de una violación, deja de nuevo al descubierto la persecución que sufren muchas mujeres en El Salvador, por parte de un Estado que, en lugar de brindarles asistencia médica, las criminaliza. Pero además es una muestra cabal del trato discriminatorio y segregacionista al que son sometidas millones de mujeres en América Latina.

 

“Lo que pasó con Evelyn es como muchísimos otros casos, y que sólo demuestra la deuda que este sistema tiene en salud, educación y acceso a justicia, para y con las mujeres”, dijo la activista Irma Estrada. “Siento vergüenza, en pleno siglo XXI esto no debería estar pasando, esto tiene un trasfondo más nefasto, se trata de un Estado sexista, machista, misógino, que lo demuestra con este tipo de acciones en contra de las mujeres”, agregó. Se trata de un sistema que criminaliza a las mujeres y no a cualquier mujer, sino a mujeres pobres, jóvenes, con poco acceso a educación o a servicios de salud. “Tu doctrina, sácala de mi vagina”, gritaban las mujeres congregadas.

 

El caso de Hernández puso de nuevo a este país centroamericano, de 6,3 millones de habitantes, en la mira de organizaciones feministas y de derechos humanos que mantienen desde hace varios años una lucha por modificar la legislación que penaliza la interrupción del embarazado en todas sus formas. El Salvador está entre los ocho Estados del mundo que prohíben el aborto, incluso en los casos de violación, cuando está en riesgo la vida de la madre o hay malformación fetal, desde que en 1998 la Asamblea Legislativa modificó el Código Penal para castigar con cárcel a las mujeres por la interrupción del embarazo.

 

Los otros son El Vaticano, Haití, Honduras, Malta, Nicaragua, República Dominicana y Suriname, pero ninguno es tan draconiano como El Salvador en la aplicación de la ley contra el derecho a decidir de las mujeres, incluso cuando existen claros indicios de que el aborto fue espontáneo. La reforma de hace 19 años eliminó esas tres causales que existían en la legislación para que la interrupción voluntaria del embarazo no fuera penalizada.

 

La aplicación de la ley (pues de eso se trata), genera un sentimiento que va desde la vergüenza ante el género humano, hasta el sinsentido de un sistema que sólo parece guiarse por un patriarcado tan antiguo e injusto, como indeseado. Obliga a repensar las leyes, pero también obliga a que la aplicación de esas leyes, estén precedidas de la reflexión, el sentido común y una dosis siempre esperable de humana inteligencia.

 

Los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron en 1999 la propia Constitución salvadoreña para establecer que una persona es reconocida como tal desde el mismo momento de la concepción, un objetivo anhelado por grupos religiosos y organizaciones antiaborto.

 

En El Salvador sí hay línea muy conservadora (en el tema de aborto), incluso dentro de los partidos, aún hay diputados cuya propuesta es aumentar las penas e imponer la pena de muerte. Esa situación no ha variado pese a que desde 2009 gobierna el país un partido de izquierda, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aunque algunas de sus diputadas sí han planteado flexibilizar la penalización absoluta del aborto.

 

El 5 de este mes, Hernández, una joven de 19 años fue condenada a 30 años de prisión por homicidio, figura usada por los fiscales para inculpar a mujeres acusadas de aborto, y que luego cambian el delito a homicidio agravado, bajo la acusación de haber asesinado premeditadamente al feto. Las penas por interrumpir el embarazo no sobrepasan los ocho años de cárcel, pero al culparlas del delito de homicidio agravado se ha sentenciado a mujeres hasta a 40 años.

 

Como ha sucedido ya a muchas otras mujeres, Hernández sufrió un aborto espontáneo en su vivienda, en el municipio rural de El Carmen, en el central departamento de Cuscatlán, y fue llevada al hospital de Cojutepeque, su capital. Pero allí el personal médico la denunció por sospechas de haberse inducido un aborto, un patrón que se ha repetido en casos similares en el pasado, pues los médicos y enfermeras tienen temor de que sean acusados de encubrimiento por la Fiscalía General de la República.

 

La joven había sido violada por un pandillero pero ese hecho no quedó registrado en el proceso legal porque ella teme represalias de esos grupos criminales, llamados “maras”. Increíble, pero real.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa

Temas de nota:

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo