No será tan sencillo para Cataluña

Cuando parecía inminente que la mayoría independentista de Cataluña llevara sus deseos a las urnas y generara un temblor geopolítico, ocurrió lo contrario. Quizás fue el mero paso del tiempo, los “palos en la rueda” que puso Madrid, o sencillamente el resultado de una profunda reflexión colectiva; pero lo concreto es que cada día aparecen nuevas dificultades para el deseo del referéndum. Algunas de esas dificultades son lógicas y coyunturales (la oposición del gobierno español), pero otras son de fondo: la pérdida de votos independentistas en la propia Cataluña.
El gobierno español amenazó con cortar una línea de financiación a Cataluña, si el gobierno regional destina fondos a la organización de la consulta de independencia anunciada para el 1 de octubre. El portavoz del ejecutivo español, Íñigo Méndez de Vigo, explicó en rueda de prensa que cada semana se comprobará que el gobierno catalán no ha destinado fondos públicos para la consulta, que Madrid considera anticonstitucional.
Concretamente, una serie de altos funcionarios catalanes competentes en materia de presupuesto deberán enviar certificados semanales al ministerio español de Hacienda, para dar fe de que no se han tramitado gastos “destinados directa o indirectamente a actividades vinculadas con el referéndum ilegal”.
Si la información no se suministra puntualmente, o si se detectan gastos destinados a esa consulta, el portavoz indicó que se verá en peligro una línea de financiación creada por el gobierno central en 2012 para ayudar a las regiones afectadas por la crisis económica. Dicho fondo prevé destinar a Cataluña, la segunda comunidad autónoma más endeudada en 2016 después de Castilla-la-Mancha, 3.600 millones de euros este año en préstamos.
Porque pese a generar una quinta parte del PIB español, Cataluña se encuentra fuertemente endeudada, su deuda está calificada como “bono basura” por las agencias de calificación y no puede financiarse en los mercados, por lo que su liquidez depende de los préstamos del gobierno español.
El gobierno catalán de Carles Puigdemont está decidido a celebrar el referendo el 1 de octubre, pese a la oposición del gobierno de Madrid y la ofensiva de la justicia española contra cada uno de los pasos dados por los nacionalistas hacia la independencia.
Pero se supo, por medio de una encuesta efectuada por un centro dependiente del gobierno catalán, que el apoyo a la secesión cayó en los últimos meses. La encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión (CEO), organismo demoscópico dependiente del gobierno independentista de esta región española, arroja que un 49,4% de los 1.500 encuestados se opone a la secesión, frente a un 41,06% que la apoya. La brecha entre unos y otros creció respecto a la anterior encuesta, divulgada el 30 de marzo. Entonces, un 48,5% de los interrogados se oponían a la independencia de Cataluña y un 44,3% la apoyaban. A fines de 2016, la distancia era todavía más estrecha: 46,8% en contra y 45,3% a favor.
Pese a esto, hay una amplia mayoría de partidarios de que se celebre un referéndum: de los 1.500 encuestados, un 71,4% es favorable a la consulta, y un 22,6% se opone. No obstante, menos de la mitad del total (un 48%) aboga por que la consulta se celebre sin concertación con el gobierno central español.
En las últimas semanas cundieron dudas entre algunos miembros del gobierno catalán, ante las advertencias del ejecutivo español de que habrá sanciones contra todos los que participen en la celebración de un referéndum. Y mientras la cuerda se tensa y las decisiones se dilatan crece el deseo de permanecer dentro del Estado español. Aunque nada está asegurado y curiosamente, sólo una consulta popular entregará algo parecido a un veredicto.