Poggi pide intervenir el Poder Judicial

El diputado nacional y candidato a senador nacional por la alianza Avanzar y Cambiemos, Claudio Poggi, suscribió un proyecto de ley para pedir la intervención del Poder Judicial de San Luis. La iniciativa fue impulsada inicialmente por el diputado radical José Riccardo a la que Poggi adhirió con una nota que envió al presidente la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó.

El proyecto de intervención destaca entre sus fundamentos la necesidad de intervenir los tribunales puntanos “en atención a la grave inseguridad jurídica y la arbitrariedad manifiesta con que se ejerce la judicatura”. En su articulado detalla que se declarará “en comisión” a los miembros del Superior Tribunal de Justicia, al Procurador General y demás integrantes del Poder Judicial de la Provincia de San Luis por el lapso de 180 días. Y será el gobierno nacional el encargado de designar al interventor del Poder Judicial de San Luis, quien tendrá como atribuciones “dictar los reglamentos y disposiciones necesarias para establecer un sistema de subrogancias y de designación de conjueces para atender las vacancias que se generen durante la vigencia de la intervención”  que  además podrá “ejercer todas las atribuciones que le otorga la Constitución de San Luis a su Poder Judicial, incluso el uso de la fuerza pública”. El proyecto también señala que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “impartirá las instrucciones a las que deberá ajustar su cometido el interventor federal, con el objeto de asegurar la normalización y reorganización de la administración de justicia en la Provincia de San Luis”. También habilita la posibilidad de que una vez transcurridos los 180 días, la intervención pueda prorrogarse por otro lapso similar.

Razones

En una extensa fundamentación el proyecto señala que la intervención se hace necesaria debido a que hay una “interferencia de la Justicia Electoral Provincial en la vida interna de los partidos políticos”.  

“El hecho cuya gravedad exponemos —dice el escrito— consiste en la intervención de una Justicia totalmente adepta al poder de turno, que pretende hacer competir en una elección primaria abierta y simultánea, a candidatos que no fueron oficializados ni proclamados por la Junta Electoral Partidaria”. 

 Los fundamentos hacen además un relato cronológico desde que la Alianza Avanzar y Cambiemos se conformó, pasando por la decisión de la coalición comunicada a la Justicia de no participar en las PAS del 30 de junio,  hasta la presentación de los dirigentes radicales Jorge Agúndez y Horacio Quevedo quienes recurrieron a la Justicia Electoral por entender que fueron proscriptos por la alianza  que encabezan Poggi y Riccardo y consiguieron un fallo favorable para que su lista pudiera participar en la Primarias.

 Además de relatar las diferentes instancias por la que pasó el expediente (donde incluso se llamó a una audiencia de conciliación para tratar de resolver las diferencias), el proyecto cuestiona que la justica provincial carezca de un juez electoral designado de manera permanente lo que llevó al planteo de la alianza Avanzar y Cambiemos a que pase por la mano de seis magistrados diferentes. También cuestiona a la figura de Lilia Novillo (actual presidente del Superior Tribunal  y del Tribunal Electoral Provincial) por haber participado en 2015 en las PASO para intendente de la ciudad de San Luis por la alianza del oficialismo Compromiso Federal y luego de la contienda electoral, haber reasumido en el Poder Judicial.

De acuerdo al proyecto,  el relato de lo sucedido con el expediente de las PAS, que terminó habilitando una interna entre dos listas “demuestra una irrupción del Poder Judicial en la vida interna de los partidos, inadmisible desde cualquier punto de vista”. 

“El tipo de intervención que se promueve —dice el escrito en uno de sus párrafos finales— es la que la doctrina llama  ‘reconstructiva ’, para recuperar la independencia del Poder Judicial, y con ello el equilibrio republicano” y recuerda que “como lo ha dicho la doctrina constitucional y la jurisprudencia, este tipo de intervención es de naturaleza política, o sea no judiciable; y es por ello que acudimos a esta Cámara, poder del Estado nacional eminentemente político”.