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Sobre la determinación de los pueblos

Pocos analistas internacionales dudan a esta altura que la hipotética escisión de Cataluña respecto de España, marcaría literalmente el principio de la desintegración del país más grande de la Península Ibérica. Un temido efecto “arrastre” que llevaría a la misma determinación al País Vasco y luego a Galicia, hasta que sólo quedase Madrid, como la capital de un imperio envejecido.
Este principio de no desintegración, innegociable, es el que ha llevado a Madrid a no negociar (bajo ningún argumento posible) con Cataluña en este punto. Madrid considera que Cataluña es una región de España (lo avala la Constitución, nada menos) y ahí se acaba cualquier charla, aunque sea de café. Y Cataluña sostiene que está en condiciones de pedirle a sus más de 7 millones de habitantes (en realidad a los que están en condiciones de votar y votasen) que elijan si quieren ser independientes, o no, basados en el principio de la determinación de los pueblos. Una situación perfectamente compleja.
Y el presidente catalán, Carles Puigdemont, reafirmó su determinación a organizar el 1º de octubre el referéndum de autodeterminación y llamó a participar de forma masiva en una manifestación mañana en Barcelona, con motivo de la Diada, la fiesta de Cataluña.
“Tenemos toda la fuerza del Estado en nuestra contra”, lanzó Puigdemont, en un discurso delante de la dirección de su partido, a 23 días de la consulta que quiere celebrar cueste lo que cueste en esta región del noreste de España.
“A más querellas, a más amenazas, más voluntarios, más ayuntamientos comprometidos” en Cataluña y “más determinación del gobierno” regional, insistió.
Puigdemont hizo estas afirmaciones al día siguiente de que la justicia admitiera una querella contra él por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. El presidente del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, aseguró por su parte que los separatistas catalanes estaban aislados en Europa.
“En Europa, no dan crédito”, afirmó durante una reunión de su partido en Aragón. Los independentistas catalanes no tienen “ni un solo apoyo” y suscitan “la repulsa y la estupefacción”, añadió. Según Rajoy, lo que han hecho “es antidemocrático y es ilegal”, abundó el dirigente conservador, y “los diputados han actuado a la brava, por la fuerza” al adoptar esta semana leyes regionales para organizar la consulta y establecer el marco de una posible República catalana independiente. “No habrá referéndum y haré todo lo necesario para ello, porque es mi obligación”, repitió.
Los separatistas aseguran en cambio que ellos defienden sus derechos, tras años de “humillación” por parte de los conservadores del partido de Rajoy, que consiguieron en 2010 que el Tribunal Constitucional recortara una reforma del Estatuto de autonomía que había sido aprobado por el parlamento y la población catalana.
En 2014, este tribunal declaró anticonstitucional incluso el principio de efectuar un referéndum de autodeterminación en una región. Y esta semana, sus jueces “suspendieron” los textos adoptados por el Parlamento catalán para organizarlo. Además, la fiscalía general solicitó a la Policía que incaute el material electoral.
Por otra parte, de los 948 ayuntamientos de la región, “674 ya dan apoyo al referéndum”, asegura la Asociación de Municipios por la Independencia. No obstante, la capital catalana, Barcelona -con 1,6 millones de habitantes- rechazó por el momento confirmar su disposición a ceder locales para llevar a cabo la votación, pidiendo más precisiones al gobierno regional, teniendo en cuenta los riesgos legales que enfrentan los funcionarios. Cataluña, de 7,5 millones de habitantes -grande como Bélgica y que genera 20% del PBI español- sigue dividida.
A la pregunta “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?”, 41,1% de los catalanes encuestados respondieron en junio sí y 49,9% no, según el Centro de Estudios de Opinión catalán. Pero es un escenario de arenas movedizas, de pasiones cada vez más enfrentadas y de un final incierto. 

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Sobre la determinación de los pueblos

Pocos analistas internacionales dudan a esta altura que la hipotética escisión de Cataluña respecto de España, marcaría literalmente el principio de la desintegración del país más grande de la Península Ibérica. Un temido efecto “arrastre” que llevaría a la misma determinación al País Vasco y luego a Galicia, hasta que sólo quedase Madrid, como la capital de un imperio envejecido.
Este principio de no desintegración, innegociable, es el que ha llevado a Madrid a no negociar (bajo ningún argumento posible) con Cataluña en este punto. Madrid considera que Cataluña es una región de España (lo avala la Constitución, nada menos) y ahí se acaba cualquier charla, aunque sea de café. Y Cataluña sostiene que está en condiciones de pedirle a sus más de 7 millones de habitantes (en realidad a los que están en condiciones de votar y votasen) que elijan si quieren ser independientes, o no, basados en el principio de la determinación de los pueblos. Una situación perfectamente compleja.
Y el presidente catalán, Carles Puigdemont, reafirmó su determinación a organizar el 1º de octubre el referéndum de autodeterminación y llamó a participar de forma masiva en una manifestación mañana en Barcelona, con motivo de la Diada, la fiesta de Cataluña.
“Tenemos toda la fuerza del Estado en nuestra contra”, lanzó Puigdemont, en un discurso delante de la dirección de su partido, a 23 días de la consulta que quiere celebrar cueste lo que cueste en esta región del noreste de España.
“A más querellas, a más amenazas, más voluntarios, más ayuntamientos comprometidos” en Cataluña y “más determinación del gobierno” regional, insistió.
Puigdemont hizo estas afirmaciones al día siguiente de que la justicia admitiera una querella contra él por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. El presidente del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, aseguró por su parte que los separatistas catalanes estaban aislados en Europa.
“En Europa, no dan crédito”, afirmó durante una reunión de su partido en Aragón. Los independentistas catalanes no tienen “ni un solo apoyo” y suscitan “la repulsa y la estupefacción”, añadió. Según Rajoy, lo que han hecho “es antidemocrático y es ilegal”, abundó el dirigente conservador, y “los diputados han actuado a la brava, por la fuerza” al adoptar esta semana leyes regionales para organizar la consulta y establecer el marco de una posible República catalana independiente. “No habrá referéndum y haré todo lo necesario para ello, porque es mi obligación”, repitió.
Los separatistas aseguran en cambio que ellos defienden sus derechos, tras años de “humillación” por parte de los conservadores del partido de Rajoy, que consiguieron en 2010 que el Tribunal Constitucional recortara una reforma del Estatuto de autonomía que había sido aprobado por el parlamento y la población catalana.
En 2014, este tribunal declaró anticonstitucional incluso el principio de efectuar un referéndum de autodeterminación en una región. Y esta semana, sus jueces “suspendieron” los textos adoptados por el Parlamento catalán para organizarlo. Además, la fiscalía general solicitó a la Policía que incaute el material electoral.
Por otra parte, de los 948 ayuntamientos de la región, “674 ya dan apoyo al referéndum”, asegura la Asociación de Municipios por la Independencia. No obstante, la capital catalana, Barcelona -con 1,6 millones de habitantes- rechazó por el momento confirmar su disposición a ceder locales para llevar a cabo la votación, pidiendo más precisiones al gobierno regional, teniendo en cuenta los riesgos legales que enfrentan los funcionarios. Cataluña, de 7,5 millones de habitantes -grande como Bélgica y que genera 20% del PBI español- sigue dividida.
A la pregunta “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?”, 41,1% de los catalanes encuestados respondieron en junio sí y 49,9% no, según el Centro de Estudios de Opinión catalán. Pero es un escenario de arenas movedizas, de pasiones cada vez más enfrentadas y de un final incierto. 

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