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Nuevas formas legales para nuevos derechos

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Nuevas formas legales para nuevos derechos

Nuevas formas legales, nuevos derechos, temas específicos que no existían hace 20 o 30 años. La irrupción de las nuevas tecnologías ha cambiado no sólo la manera en que las sociedades comunican, se informan o aprenden, también ha establecido nuevos parámetros, nuevas exigencias, nuevas demandas y nuevas expectativas. 
Todo ello implica un entramado de reglamentos inéditos que deben tratarse precisamente ahora, en este tiempo, y que conformarán nuevas leyes para la protección de los usuarios y el correcto ejercicio de sus libertades individuales. Su derecho a elegir lo que consideren más conveniente en cada caso. Y, sobre todo, el derecho a saber que la legislación los protege de abusos presentes o futuros.
En ese sentido no sorprende que la Justicia francesa haya abierto una investigación preliminar contra Apple por la supuesta “obsolescencia programada” de ciertos modelos de iPhone, el gigante estadounidense, acusado de ralentizar voluntariamente algunos de sus teléfonos, tal como informó una fuente judicial a la agencia AFP.
Abierta el 5 de enero, la investigación, que también concierne hechos de “engaño”, llega tras la denuncia de la asociación francesa Halte à l'obsolescence programmée (HOP, Alto a la obsolescencia programada), presentada el 27 de diciembre, en la que se acusa a Apple de disminuir expresamente el rendimiento y la duración de sus smartphones mediante su sistema de actualización.
En su denuncia, HOP estima que Apple, a través del sistema de actualización de sus iPhone, reduce adrede su rendimiento y su duración, con el fin de acelerar su reemplazo. “Apple estableció una estrategia global de obsolescencia programada con el objetivo de aumentar sus ventas”, afirmó la asociación.
HOP considera que la empresa norteamericana puede ser demandada por los teléfonos que vendió en Francia desde la promulgación de la ley de transición energética, el 17 de agosto de 2015, que introdujo el delito de obsolescencia programada en el Derecho francés. Consultado por la AFP, Apple Francia no hizo ningún comentario por el momento.
El grupo estadounidense, que cada año saca a la venta un nuevo modelo de celular, reveló el 21 de diciembre que ralentizaba voluntariamente el rendimiento de los teléfonos para “prolongar su duración”.
La decisión se tomó, según la compañía, debido al uso de baterías de ion de litio, a las que cada vez les cuesta más responder a las numerosas demandas del usuario del dispositivo a medida que va siendo utilizado.
Apple confirmó así, por primera vez, los rumores sobre la probable ralentización voluntaria de los dispositivos electrónicos, que aparecen desde hace años en la prensa especializada. En Estados Unidos, se lanzó a mediados de diciembre una acción colectiva contra la marca por las mismas razones.
En Francia, el fabricante de impresoras Epson es objeto de una investigación judicial por “obsolescencia programada”, abierta también tras una denuncia de la asociación HOP.
Incluso el término resulta inédito: “Obsolescencia programada”, y precisamente de eso se tratan los nuevos derechos, las nuevas formas legales y la nueva forma de transitar una nueva cultura en el que las nuevas tecnologías marcan el “ritmo” de las sociedades.
Por eso es tan importante que se legisle a “favor” de los usuarios, a favor de los “más débiles” en esa cadena de industrias, productos y clientes. Sin que importe el tamaño o la preponderancia de quienes no cumplen con lo pautado. Lo hagan por sencillo interés corporativo, o porque hasta ahora no haya existido una ley.
 

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Nuevas formas legales, nuevos derechos, temas específicos que no existían hace 20 o 30 años. La irrupción de las nuevas tecnologías ha cambiado no sólo la manera en que las sociedades comunican, se informan o aprenden, también ha establecido nuevos parámetros, nuevas exigencias, nuevas demandas y nuevas expectativas. 
Todo ello implica un entramado de reglamentos inéditos que deben tratarse precisamente ahora, en este tiempo, y que conformarán nuevas leyes para la protección de los usuarios y el correcto ejercicio de sus libertades individuales. Su derecho a elegir lo que consideren más conveniente en cada caso. Y, sobre todo, el derecho a saber que la legislación los protege de abusos presentes o futuros.
En ese sentido no sorprende que la Justicia francesa haya abierto una investigación preliminar contra Apple por la supuesta “obsolescencia programada” de ciertos modelos de iPhone, el gigante estadounidense, acusado de ralentizar voluntariamente algunos de sus teléfonos, tal como informó una fuente judicial a la agencia AFP.
Abierta el 5 de enero, la investigación, que también concierne hechos de “engaño”, llega tras la denuncia de la asociación francesa Halte à l'obsolescence programmée (HOP, Alto a la obsolescencia programada), presentada el 27 de diciembre, en la que se acusa a Apple de disminuir expresamente el rendimiento y la duración de sus smartphones mediante su sistema de actualización.
En su denuncia, HOP estima que Apple, a través del sistema de actualización de sus iPhone, reduce adrede su rendimiento y su duración, con el fin de acelerar su reemplazo. “Apple estableció una estrategia global de obsolescencia programada con el objetivo de aumentar sus ventas”, afirmó la asociación.
HOP considera que la empresa norteamericana puede ser demandada por los teléfonos que vendió en Francia desde la promulgación de la ley de transición energética, el 17 de agosto de 2015, que introdujo el delito de obsolescencia programada en el Derecho francés. Consultado por la AFP, Apple Francia no hizo ningún comentario por el momento.
El grupo estadounidense, que cada año saca a la venta un nuevo modelo de celular, reveló el 21 de diciembre que ralentizaba voluntariamente el rendimiento de los teléfonos para “prolongar su duración”.
La decisión se tomó, según la compañía, debido al uso de baterías de ion de litio, a las que cada vez les cuesta más responder a las numerosas demandas del usuario del dispositivo a medida que va siendo utilizado.
Apple confirmó así, por primera vez, los rumores sobre la probable ralentización voluntaria de los dispositivos electrónicos, que aparecen desde hace años en la prensa especializada. En Estados Unidos, se lanzó a mediados de diciembre una acción colectiva contra la marca por las mismas razones.
En Francia, el fabricante de impresoras Epson es objeto de una investigación judicial por “obsolescencia programada”, abierta también tras una denuncia de la asociación HOP.
Incluso el término resulta inédito: “Obsolescencia programada”, y precisamente de eso se tratan los nuevos derechos, las nuevas formas legales y la nueva forma de transitar una nueva cultura en el que las nuevas tecnologías marcan el “ritmo” de las sociedades.
Por eso es tan importante que se legisle a “favor” de los usuarios, a favor de los “más débiles” en esa cadena de industrias, productos y clientes. Sin que importe el tamaño o la preponderancia de quienes no cumplen con lo pautado. Lo hagan por sencillo interés corporativo, o porque hasta ahora no haya existido una ley.
 

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