Secuestran documentos en el Municipio de la capital por una denuncia de corrupción

El procedimiento duró más de 3 horas y está vinculado a una acusación por falsificación de firma. "Es una maniobra política", afirmó Petrino.

Fue una mañana de muchas tensiones ayer para los altos funcionarios de la Municipalidad de San Luis. Hubo momentos de zozobra, nervios y muchos llamados telefónicos al intendente Enrique Ponce, que está en Buenos Aires: la Justicia secuestró documentos que podrían convertirse en pruebas contundentes de un caso de corrupción denunciado por dos ex trabajadores de la Comuna capitalina en abril. Dos oficiales de Justicia, acompañados por policías, se llevaron un expediente relacionado a la construcción de 50 casas del barrio Néstor Kirchner, en el sur de la capital puntana.

La medida fue adoptada por la jueza de Instrucción Penal Nº3, Virginia Palacios, quien requirió la documentación para preservarla como posible elemento de prueba sobre la denuncia que radicaron los ex inspectores de obra municipales, José Martínez y Rodolfo Irusta. El abogado que patrocina a ambos trabajadores es Adolfo Vergés, quién acompañó el procedimiento desarrollado ayer en el edificio de San Martín y Belgrano.

Precisamente Vergés fue quien solicitó ante Palacios, como medida cautelar, la preservación del expediente, ya que la denuncia de Martínez apunta a una falsificación de su firma en una certificación de obra por $4 millones que alguien cobró. Según la demanda del ex inspector, las personas que cobraron ese dinero serían funcionarios municipales y un grupo de empresarios foráneos.

A su vez, la demanda de Irusta radica en el extravío de una camioneta 0 kilómetro que le fue otorgada a la Comuna y que desapareció. El vehículo integraba la licitación pública de la obra de alumbrado público de la misma barriada.

A pesar de esperar durante tres horas para cerrar el trámite judicial, los oficiales de Justicia solo pudieron irse a Tribunales con un expediente de 5 cuerpos y 2.000 fojas. Son los papeles donde podría figurar la firma apócrifa que denunció Martínez.

La carpeta restante —en la que se encontrarían las maniobras denunciadas por Irusta— no estaba en el edificio municipal. Tras una intensa búsqueda por parte de empleados de la Comuna, determinaron que había sido remitida al Tribunal de Cuentas. Ése movimiento fue informado por los oficiales de Justicia en las respectivas actas que labraron para documentar su labor.

Las cajas con toda la documental ahora descansan en oficinas del Juzgado de Instrucción que conduce Palacios. La idea de Vergés y sus representados es solicitar peritajes sobre todos los papeles, certificaciones, movimientos contables y las respectivas firmas. 

"Fue una medida que duró 3 horas y media. La Justicia realizó un secuestro de documentación solicitado por la jueza Palacios. A nuestra llegada, junto con la Policía y los oficiales de Justicia, hubo sorpresa y desconcierto por parte del secretario de Gobierno municipal, Francisco Petrino, pero luego nos derivó con el secretario Campos que nos atendió muy amablemente. Tuvieron que esperar a que descendiera el avión que llevaba a Buenos Aires al secretario de Infraestructura, Enrique Picco. Él, aparentemente, dio la orden para que se respetara lo que ordenaba la Justicia", contó Vergés en diálogo con El Diario de la República. 

"Hallaron el expediente de la licitación pública de las 50 viviendas donde está denunciada esta firma apócrifa. El otro expediente apareció después de una intensa búsqueda. Había sido remitido al Tribunal de Cuentas municipal. Para nosotros fue una satisfacción porque dimos un paso más en nuestra búsqueda de la verdad. Ahora, esta documental será incorporada a la causa. Serán objeto de pericias. Los inspectores Martínez e Irusta han dicho la verdad y, con esta medida, la jueza Palacios le dio verosimilitud a sus denuncias. Es un paso procesal importante", destacó el abogado.

"Ahora esperaremos las pericias. Espero que sean el hilo conductor para que se sepa la verdad. Los dichos de mis representados no fueron bravuconadas, sino que dijeron la verdad y tuvieron la valentía de denunciar. Nosotros entendemos que hay gente de una empresa con base en La Rioja, cuyo nombre sería Garbe o Garbes SRL. Y un empresario de Venado Tuerto que intentamos encontrar", señaló.

Más tarde, Petrino ofreció una conferencia de prensa en la que aclaró que la Municipalidad de San Luis impulsó una ordenanza que "permite la total transparencia sobre los manejos de los recursos públicos que hace el municipio. No solo éste expediente, sino todos los que hay en la Comuna están disponibles para los vecinos, la prensa o la Justicia. Esto es una maniobra política que intenta hacer Vergés", enfatizó.