Lesa humanidad: el viernes comenzará el tercer juicio

Después de dos años de haberse pedido la elevación del denominado tercer juicio por crímenes de lesa humanidad, cometidos en San Luis durante la última dictadura cívico militar (24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983), el viernes a las 10 se hará la audiencia preliminar que dará comienzo al debate. El fiscal Federal de instrucción Cristian Rachid había remitido el pedido en abril de 2016 al Tribunal Federal con las imputaciones para Eduardo Allende (ex juez Federal) e Hipólito Saá (ex fiscal Federal) por ser partícipes necesarios de privación abusiva de la libertad (23 hechos) y tormentos (21), y por el delito de homicidio agravado en 6 casos. Mientras que por asociación ilícita, privación abusiva de la libertad agravada (7 hechos) y tormentos (otros 7) son acusados Alberto Camps (ex teniente coronel) y Jorge Caram (médico de la Policía).

Allende y Saá fueron procesados y detenidos en el año 2012; mientras que Caram y Camps lo hicieron en 2014 cuando se sustanciaba el segundo juicio en el Tribunal Federal Oral Nº 1 de San Luis. Pero al pasar tres años recuperaron la libertad porque durante ese tiempo la causa no avanzó y sus defensores solicitaron la eximición de prisión, que la Cámara Federal de Apelaciones les concedió.

Los tres jueces que finalmente se harán cargo del debate oral y público serán María Paula Marisi y Alberto Carelli, que llegarán desde los Tribunales Federales de Mendoza, y Julián Faluchi que viene desde Córdoba. La conformación del tribunal no fue fácil porque durante estos dos años, entre las excusaciones de los propios magistrados y las recusaciones presentadas por las partes, pasaron 17 jueces por esa lista. La fiscal de juicio será Mónica Spagnuolo, el abogado querellante por la APDH San Luis es Norberto Foresti y además participarán dos abogados defensores particulares y los defensores oficiales que pertenecen al Juzgado Federal de Mendoza.

La investigación de este nuevo juicio, que involucra a ciudadanos civiles, comenzó en 2009 con la  denuncia que presentó Segundo Ledesma por la desaparición de su hijo Pedro Valentín Ledesma (quien sigue desaparecido) ocurrida el 22 de setiembre de 1976 en calle San Juan entre Abelardo Figueroa y Marcelino Poblet. Allí fue interceptado por dos automóviles y varios integrantes de la Policía (vestidos de civil) se lo llevaron. “La causa sufrió varios avatares porque entre apelaciones y demás recursos pudo comenzar la investigación por la actuación de Allende y Saá. En el 2012 se obtuvo el procesamiento y prisión preventiva de ambos. Pero aunque se les dictó la prisión domiciliaria, en 2017 los excarcelan por haber pasado tres años detenidos sin tener juicio”, aclaró el fiscal.     

Respecto de Caram y Camps, el juez Federal Esteban Maqueda decidió su prisión preventiva durante 2014 a partir del pedido de la Fiscalía luego de escuchar los testimonios de testigos que durante el segundo juicio los señalaron como partícipes de operativos, donde las fuerzas de Seguridad los detuvieron de manera ilegal o bien porque los vieron participar en las salas de torturas. Ambos también están libres por el mismo motivo, haber cumplido tres años detenidos sin que se sustanciara el juicio. El funcionario judicial aclaró que “si bien estaba imputado también quien era el secretario de ese Juzgado, Carlos Pereyra González, yo pedí el sobreseimiento definitivo porque se produjo su deceso el 18 de setiembre de 2015 y nunca se puede juzgar a una persona que haya fallecido; porque las responsabilidades penales son personales y no se transmiten ni a descendientes, ni a herederos”.

Según explicó Rachid, “la finalidad de la audiencia es acotar al máximo la cantidad de testigos que comparecerán en el juicio que, como en los anteriores debates, son poco más de un centenar. Desde la Fiscalía proponemos que concurran sólo diez de ellos que además son los que nunca han declarado en los debates anteriores. Con eso respaldamos la acusación de la Fiscalía y permitimos a las defensas a que hagan el debido control interrogando directamente a esos testigos”.

El resto de los testimonios se podrán aportar en soporte audiovisual ya que fueron debidamente registrados en los dos juicios anteriores. En ese encuentro también se fijará un cronograma tentativo de audiencias porque los tres jueces vienen de otras provincias y es probable que se definan hasta dos por semana.

El primer juicio en San Luis se realizó en 2009 y tuvo cinco condenados, mientras que el segundo terminó en 2015 con la condena de 28 de los 29 acusados.