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Hace 10 años, el campo salía a las rutas para combatir la 125

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Hace 10 años, el campo salía a las rutas para combatir la 125

El Gobierno pretendía imponer retenciones móviles a la soja, pero todo terminaría con un voto "no positivo".

Fue la primera "grieta" abierta por el kirchnerismo. El rival fue el campo, que en el imaginario del gobierno de Cristina era la oposición conservadora, los terratenientes, la oligarquía que siempre anidó en la Sociedad Rural. A ese campo, aunque no tuvo en cuenta la reacción de un colectivo mucho más grande y humilde que salió a defender lo suyo, apuntó con la resolución 125 que imponía retenciones móviles a los commodities: a más precio, más derechos de importación. Gran negocio en un momento en el que la soja orillaba los 600 dólares por tonelada.

La idea fue del entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, y aplicada apenas cuatro meses después de que Cristina Kirchner asumiera su primer mandato. La medida se convirtió en motivo de choques de alto calibre, que incluyeron gigantescas movilizaciones en rutas de todo el país, algunas con represión incluida.
 

Lousteau se había convertido en el "niño mimado" de Daniel Scioli, quien lo había nombrado presidente del Banco Provincia y, cuando Cristina fue electa presidenta, lo integró al gabinete. El rechazo a la 125 le terminaría costando el cargo unos meses después.

Las entidades del agro, enroladas en la Mesa de Enlace, hicieron rápido los números y se dieron cuenta de que en pocos meses miles de millones de dólares pasarían a manos del Gobierno si los pronósticos se cumplían, lo cual puso al campo en estado de ebullición. Enseguida se organizaron asambleas en distintos puntos del país y comenzaron los cortes de ruta, actos con reclamos en las principales ciudades y hasta una multitudinaria marcha a la Plaza de Mayo. Hubo paros, cacerolazos, movilizaciones y cortes de ruta que pusieron al borde del desabastecimiento al país.


La resolución 125 casi que creó la Mesa de Enlace, ya que las entidades agropecuarias que hasta ese momento se ignoraban, decidieron unirse para enfrentar lo que consideraban un nuevo "arrebato estatal". Referentes clave de aquellas protestas fueron Eduardo Buzzi (Federación Agraria); Luciano Miguens (Sociedad Rural); Carlos Garetto (Coninagro) y  Mario Llambías (CRA).

Algunos analistas sostienen que la resolución 125 profundizó la "grieta" social y política, que fue una de las características de los gobiernos kirchneristas y persiste hasta hoy. La sociedad se dividió entre aquellos que apoyaban el modelo oficial y los que defendían el sistema agroexportador.

El tratamiento mediático del conflicto -con amplias coberturas de canales de gran audiencia- repercutió en las grandes ciudades y transformó un conflicto sectorial en un tópico de alcance nacional. San Luis también vio salir a la ruta a los productores rurales. Hubo algunos cortes y protestas sobre la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del autódromo, y también se hicieron sentir en la plaza Pringles.

La norma establecía un incremento de las retenciones a la exportación de soja del 35% al 44%, de girasol del 32,1% al 39,1%, mientras que se reducían las alícuotas para el maíz y el trigo en 1%. Pero siempre teniendo en cuenta el precio de cada cultivo. Porque un rasgo característico de esta nueva modalidad impositiva era su movilidad, mientras que el porcentaje de los tributos quedaba circunscripto en forma proporcional a la evolución de los precios internacionales, entonces en fuerte alza.

Todo terminó el 17 de julio de 2008, cuando se produjo la derogación de esta polémica norma en el Senado, que había sido aprobada en Diputados. Fue la madrugada del "voto no positivo" de desempate del entonces vicepresidente Julio Cobos, quien desde ese día pasó a ser considerado un "traidor" por el kirchnerismo.

San Luis quiso frenarla, la Corte dijo "no"
San Luis presentó el 25 de abril de 2008 una demanda contra las retenciones, a la que le puso precio: 400 millones de pesos. El gobernador Alberto Rodríguez Saá encabezó la presentación judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que pidió que “se declare la inconstitucionalidad de las retenciones móviles a las exportaciones del agro porque afectan la coparticipación federal de impuestos, generando para la provincia una ilegítima e importante disminución de sus recursos”. Pero el 25 de junio la Corte rechazó la medida cautelar. También le dijo que no “por ahora” a la celebración de una audiencia pública con participación del gobierno nacional, del de San Luis y de las cuatro entidades que lideran la protesta del campo.

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Hace 10 años, el campo salía a las rutas para combatir la 125

El Gobierno pretendía imponer retenciones móviles a la soja, pero todo terminaría con un voto "no positivo".

Rebelión rural: la imagen es de 2008 en Jesús María, Córdoba. 

Fue la primera "grieta" abierta por el kirchnerismo. El rival fue el campo, que en el imaginario del gobierno de Cristina era la oposición conservadora, los terratenientes, la oligarquía que siempre anidó en la Sociedad Rural. A ese campo, aunque no tuvo en cuenta la reacción de un colectivo mucho más grande y humilde que salió a defender lo suyo, apuntó con la resolución 125 que imponía retenciones móviles a los commodities: a más precio, más derechos de importación. Gran negocio en un momento en el que la soja orillaba los 600 dólares por tonelada.

La idea fue del entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, y aplicada apenas cuatro meses después de que Cristina Kirchner asumiera su primer mandato. La medida se convirtió en motivo de choques de alto calibre, que incluyeron gigantescas movilizaciones en rutas de todo el país, algunas con represión incluida.
 

Lousteau se había convertido en el "niño mimado" de Daniel Scioli, quien lo había nombrado presidente del Banco Provincia y, cuando Cristina fue electa presidenta, lo integró al gabinete. El rechazo a la 125 le terminaría costando el cargo unos meses después.

Las entidades del agro, enroladas en la Mesa de Enlace, hicieron rápido los números y se dieron cuenta de que en pocos meses miles de millones de dólares pasarían a manos del Gobierno si los pronósticos se cumplían, lo cual puso al campo en estado de ebullición. Enseguida se organizaron asambleas en distintos puntos del país y comenzaron los cortes de ruta, actos con reclamos en las principales ciudades y hasta una multitudinaria marcha a la Plaza de Mayo. Hubo paros, cacerolazos, movilizaciones y cortes de ruta que pusieron al borde del desabastecimiento al país.


La resolución 125 casi que creó la Mesa de Enlace, ya que las entidades agropecuarias que hasta ese momento se ignoraban, decidieron unirse para enfrentar lo que consideraban un nuevo "arrebato estatal". Referentes clave de aquellas protestas fueron Eduardo Buzzi (Federación Agraria); Luciano Miguens (Sociedad Rural); Carlos Garetto (Coninagro) y  Mario Llambías (CRA).

Algunos analistas sostienen que la resolución 125 profundizó la "grieta" social y política, que fue una de las características de los gobiernos kirchneristas y persiste hasta hoy. La sociedad se dividió entre aquellos que apoyaban el modelo oficial y los que defendían el sistema agroexportador.

El tratamiento mediático del conflicto -con amplias coberturas de canales de gran audiencia- repercutió en las grandes ciudades y transformó un conflicto sectorial en un tópico de alcance nacional. San Luis también vio salir a la ruta a los productores rurales. Hubo algunos cortes y protestas sobre la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del autódromo, y también se hicieron sentir en la plaza Pringles.

La norma establecía un incremento de las retenciones a la exportación de soja del 35% al 44%, de girasol del 32,1% al 39,1%, mientras que se reducían las alícuotas para el maíz y el trigo en 1%. Pero siempre teniendo en cuenta el precio de cada cultivo. Porque un rasgo característico de esta nueva modalidad impositiva era su movilidad, mientras que el porcentaje de los tributos quedaba circunscripto en forma proporcional a la evolución de los precios internacionales, entonces en fuerte alza.

Todo terminó el 17 de julio de 2008, cuando se produjo la derogación de esta polémica norma en el Senado, que había sido aprobada en Diputados. Fue la madrugada del "voto no positivo" de desempate del entonces vicepresidente Julio Cobos, quien desde ese día pasó a ser considerado un "traidor" por el kirchnerismo.

San Luis quiso frenarla, la Corte dijo "no"
San Luis presentó el 25 de abril de 2008 una demanda contra las retenciones, a la que le puso precio: 400 millones de pesos. El gobernador Alberto Rodríguez Saá encabezó la presentación judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que pidió que “se declare la inconstitucionalidad de las retenciones móviles a las exportaciones del agro porque afectan la coparticipación federal de impuestos, generando para la provincia una ilegítima e importante disminución de sus recursos”. Pero el 25 de junio la Corte rechazó la medida cautelar. También le dijo que no “por ahora” a la celebración de una audiencia pública con participación del gobierno nacional, del de San Luis y de las cuatro entidades que lideran la protesta del campo.

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