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Evasión fiscal: hay por lo menos veinte involucrados

Los sospechosos viven en San Luis y desde aquí habrían emitido facturas truchas usadas en varios puntos del país. La mujer y el hombre detenidos el miércoles en San Luis y Río Negro, respectivamente, recuperaron la libertad ayer. 

Por redacción
| 17 de marzo de 2018
Hubo 17 allanamientos en varias ciudades del país. Diez fueron en San Luis.

Entre los líderes –que serían dos pilotos puntanos–, los tramitadores del IVA trucho y los contribuyentes falsos, serían alrededor de veinte los integrantes de una asociación ilícita fiscal que habría evadido el pago una suma millonaria de impuestos a través de facturas apócrifas, según trascendió. Sin contar que serían cientos las personas que, a lo largo y ancho del país, se habrían valido de las boletas emitidas por estos sospechosos que viven en San Luis para eludir el pago de impuestos.  

 

La mujer detenida en San Luis y el hombre arrestado en Río Negro durante los allanamientos por la investigación de esta presunta maniobra recuperaron la libertad ayer, confirmó la secretaria penal del Juzgado Federal de San Luis, María Belén Vila. La funcionaria indicó, además, que el expediente está ahora en manos del fiscal Cristian Rachid. 

 

En diálogo con El Diario, el representante del Ministerio Público Fiscal informó que, por el momento, no ha formulado imputación alguna y que esperará los informes del análisis que especialistas harán del material secuestrado durante los 17 allanamientos que hubo en distintos puntos del país, diez de los cuales fueron en San Luis.

 

“No voy a dar ni ratificar nombres, ni avalo tampoco dar precisiones de medidas en curso o pendientes”, aclaró Rachid cuando fue consultado sobre la identidad de los dos automovilistas que se mencionan como partícipes de la maniobra. Y explicó que no hará imputación “hasta no saber realmente si todas las personas que se dice están involucradas forman parte realmente de una organización criminal, hasta no tener en claro cómo era la operación, qué hizo cada uno y cómo lo hizo”. 

 

Una asociación ilícita de esta naturaleza “requiere de una estructura, una permanencia de la organización. Debo probarlo. Pero hay indicios, de otra forma, no hubiera pedido los allanamientos”, aseguró. 

 

El jueves, a través de un comunicado que causó el enojo del fiscal (Ver: "Fue una decisión ...”),  la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dijo que la supuesta asociación ilícita “habría facturado operaciones inexistentes por la suma de $1.400.000.000, por lo que la evasión alcanzaría los 700 millones de pesos”. El organismo consignó, además, que para hacerlo se habrían valido de facturas truchas y que han embargado 15 vehículos en forma preventiva. 

 

Rachid aclaró que esos son los montos que la AFIP asentó en su denuncia, pero que hay que comprobar si efectivamente es así. En cuanto a los bienes intervenidos, prefirió no confirmar la cantidad, pues en relación a ese punto hay medidas realizándose.  

 

¿Cómo habría sido el modus operandi de la supuesta asociación delictiva? le preguntó este medio. “En cierta forma, la operación es sencilla de explicar, pero no lo es tanto demostrar efectivamente que la magnitud sea eso. En concreto, es un grupo de personas que habría actuado con cierta coordinación y permanencia para constituir empresas, ya sea personas o personas jurídicas, destinadas a emitir facturación apócrifa que les permite a otros contribuyentes simular gastos o costos en su producción, que después son descontados de impuestos. En definitiva, paga menos impuestos, evade”, resumió. Es lo que en la calle se conoce como “la venta del IVA”. 

 

“Son usinas de empresas apócrifas, que no tienen entidad real, que son insolventes, que sólo existen en los papeles y que emiten facturas de servicios falsos que nunca prestaron, o de productos falsos que nunca vendieron, para que otra empresa acredite que pagaron esos servicios o productos truchos y con eso, descontar o deducirlo de sus propios impuestos”, continuó. 

 

La AFIP denunció a fines de 2017

 

El origen de la investigación judicial data de fines del año pasado, cuando la AFIP hizo la denuncia. Por ello, según explicó, no ha tenido mucho tiempo para profundizar en las averiguaciones.

 

El ente recaudador “ha hecho sus averiguaciones valiéndose de sus herramientas, sus bases informáticas y las inspecciones que han hecho a algunos de los contribuyentes sospechados”, dijo Rachid. Así, infirieron cuál podía ser el delito y quiénes los involucrados e hicieron la presentación en la Justicia Federal. 

 

“A ciencia cierta no puedo saber a qué fecha se remonta esto que ellos detectan –manifestó –, pero los registros informáticos dan cuenta de operaciones sospechadas desde 2014 hasta la actualidad. Eso no quiere decir que se haya investigado en esa fecha. Por lo general, la inspección va detrás de los hechos. Por ello, no creo que las averiguaciones se remonten a antes de mediados del año pasado”.  

 

Un análisis a cargo de especialistas

 

Ante delitos como la evasión fiscal, que implican maniobras complejas y el análisis de documentación contable, financiera y de otro tipo, “el allanamiento por sí solo no basta para hacer una imputación”, indicó. “Es una medida más para recoger pruebas, que se adopta cuando no se puede obtener de otra forma. En ese etapa estamos, en plena recolección de pruebas”, completó. 

 

Detalló que en este caso, intervienen peritos de la AFIP, responsable de hacer análisis impositivo y contable de toda la documentación que han secuestrado y peritos informáticos de la Policía Federal, encargados de extraer la información de las computadoras de tal forma de asegurar que durante ese proceso no se pierda ningún dato. 

 

Rachid refirió que después de que lleguen los informes de los especialistas, deberá entrecruzar esos resultados con lo que ha surgido de otras indagaciones, algunas de las cuales están en marcha y que fundan su decisión de no ventilar ciertas precisiones, para no perjudicar el éxito de las mismas. 
 

 

 

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