Una proteccionista pide que le devuelvan a sus cincuenta y cinco perros

Isabel Candia, una proteccionistas que convivía con sus 64 perros en una vivienda del noreste de la ciudad, pidió que le restituyan a sus mascotas, luego de que la semana pasada la Justicia ordenara el traslado de casi la mayoría de ellas a la canera municipal de Juana Koslay, ubicada en Dónovan. La intervención, que está por resolverse si se trató de un caso de maltrato, sucedió tras una denuncia de la Fundación San Francisco, que indicó que los animales estaban en estado de hacinamiento.

"Es la primera vez que tengo un problema de este tipo en más de veinte años que rescato perros de las calle, le hemos dado tránsito a unos 600. A todos los tengo identificados con un nombre, nunca repito ninguno", afirmó Candia, quien alquila en el barrio 125 Viviendas desde hace poco más de un año. Según dijo, el allanamiento y la quita fue el resultado de un conflicto que tiene con una vecina lindera y con los propietarios del inmueble, que al enterarse de su tarea de proteccionista independiente, le pidieron que desaloje a los animales.

Además, la mujer aseguró que durante el operativo ordenado por el Juzgado Contravencional Nº 2, recibió malos tratos de los efectivos policiales y los veterinarios, que constataron el estado general en el que se encontraban hasta ese momento los más de cincuenta perros que finalmente fueron alojados en Dónovan.

"Vinieron como seis móviles policiales y en total eran unas quince personas. Trajeron a dos chicos como testigos que estaban en moto pero se quedaron en el frente de la casa mientras hacían el procedimiento, nunca ingresaron. Estábamos solos con mi esposo. Hubo cuatro veterinarios: dos de Canes de la Policía y supuestamente dos de la canera de Juana Koslay, aunque no pertenecen a esta jurisdicción. Nos trataron muy mal, una de las veterinarias decía que no me den información pese a que era mi derecho saber por qué vinieron a mi casa a sacarme los animales, que estaban muy asustados", indicó Candia, quien ayer recorrió los pasillos de tribunales para intentar acceder al expediente de la causa, una tarea que -según explicó- le fue imposible.

Para la proteccionista afectada, todo fue obra de un "revanchismo" por el conflicto que mantiene con una de sus vecinas y los propietarios de la vivienda, a quienes el año pasado le impuso una orden de restricción y una denuncia por amenazas. "Nos dijeron que nos iban a moler a palos si no nos íbamos", sostuvo. "Sólo quiero que me devuelvan a mis perritos, ellos se van a poner muy tristes", pidió la mujer entre lágrimas.

Según argumentó una voluntaria de la Fundación San Francisco y una de las denunciantes, Adriana Correa; la presentación no fue para perjudicar a la mujer, sino para poner a resguardo al más de medio centenar de perros. Dijo que algunos estaban en malas condiciones y describió su hábitat como perjudicial, "con mal olor y todo sucio", afirmó.