La Municipalidad de San Luis se defiende y acusa a Verges

En un comunicado emitido por el área de prensa de la Municipalidad de San Luis, indican que la Dirección de Viviendas “niega de manera categórica” la denuncia del abogado Alfonso Verges y redoblan la apuesta: acusan al ex intendente de haber exigido una suma de 350.000 pesos a funcionarios municipales para que no continuara con la denuncia.

El martes, Verges sacó a la luz una grave denuncia de un ex inspector de obra de la Municipalidad. José Martínez, que supervisaba la construcción de viviendas que realizaba la Intendencia en 2016, denunció que en el municipio le falsificaron la firma para que una empresa pudiera certificar una obra y así poder cobrar unos 4 millones de pesos.

El caso ya fue presentado por Verges en la Justicia, ante el Concejo Deliberante y la propia Intendencia capitalina. Ante esta situación, la comuna convocó a una conferencia de prensa para este miércoles y emitió un comunicado por el grupo de whatsapp de “Prensa Municipal”.

En la mañana de este miércoles, el secretario de Viviendas, Enrique Pico reiteró lo expuesto en el comunicado: "Desmentimos rotunda y categóricamente lo hablado por este inspector, creo que hay una campaña y acciones en semanas pasadas que molestaron a mucha gente. Algunas imágenes de público conocimiento y una movida que hay con los adjudicatarios de viviendas y un manejo claramente político", expresó.

El comunicado:

“La Dirección de Viviendas informa que, como en otras oportunidades, el aparato mediático que responde al Gobierno Provincial, invocando una presunta denuncia judicial realizada por un abogado que fue candidato a Intendente en las elecciones del 2015, ha difundido información acerca de una inexistente falsificación de firmas de certificados de obra.

Previo a la presentación que habría realizado el abogado denunciante, este letrado solicitó a funcionarios municipales la suma de 350.000 pesos en concepto de honorarios para no continuar adelante con la denuncia. La respuesta de los funcionarios fue que debía encauzar el reclamo mediante un expediente por Mesa  de Entradas.

Respecto a los hechos que han trascendido, la Municipalidad niega de manera categórica dichas afirmaciones, y hace conocer que, la persona a la que estaría representando el abogado se trata de José Adolfo Martínez quien estuvo contratado por la Municipalidad desde el 30 de enero de  2014 hasta el 18 de julio de 2017, cumpliendo funciones como Inspector de Obra en las licitaciones Plan Plurianual de Viviendas Tipología 2D-Etapas 5, 6,7 y 8 , de las cuales fueron concluidas la etapas 5 y 6, con la entrega de viviendas que se hizo entre abril y septiembre de 2016, mientras que en el caso de las etapas 7 y 8, las viviendas en cuestión fueron usurpadas en agosto de 2015 previo a las elecciones municipales.

Luego de la usurpación, el Inspector José Adolfo Martínez realizó un relevamiento que fue remitido a la Nación para solicitar nuevos fondos con el objeto de continuar con la construcción de aquellas viviendas pero hasta la actualidad no han sido recibidos.

Ante esta situación de inactividad en las tareas para las cuales Martínez había sido contratado, la Municipalidad le ofreció el  traslado al Corralón Municipal a efectos de que cumpliera funciones en el Laboratorio de Hormigón, trabajo que al no ser aceptado por Martínez motivo que el día 18 de julio de 2017 fuera dado de baja, desvinculándose a partir de esa fecha del Municipio y sin que el mismo hubiera efectuado reclamo o denuncia alguna”.