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Cruces en la UNSL por el destino de fondos nacionales

Según un ex consejero, hubo irregularidades en la contratación de servicios por casi $48 millones.

Por redacción
| 20 de abril de 2018
Polémica. El destino que tuvieron los fondos girados a la universidad generaron controversia.

Los cuestionamientos por el manejo dudoso de fondos nacionales en la UNSL, sumaron nuevos elementos. Ahora, un documento oficial reavivó la polémica vinculada a las deficiencias registradas en al menos seis convenios que la casa de estudios selló con la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), entre 2014 y 2015 por un total de 47.830.500 pesos, destinados para la contratación de diferentes servicios. Según el docente y ex consejero superior, Eduardo Borkowski, las irregularidades administrativas efectivamente existieron, una afirmación que -dijo- está respaldada por un informe de la Unidad de Auditoría Interna (UAI). Sin embargo, en la casa de estudios afirmaron que la ejecución se hizo sin transgredir el reglamento. 

 

"Son muchas y de diversas características como el pago a través de un procedimiento que regularmente no se aplica para las universidades (giros rotatorios), no se sabe dónde fue a parar una parte del dinero y la contratación con posterioridad a la prestación de un servicio", sostuvo Borkowski, quien solicitó explicaciones formales a fines de 2016 sobre los acuerdos con la SPU, un pedido al que el consejo  Consejo Superior accedió la semana pasada, cuando la Comisión de Presupuesto y Cuentas -coordinada por el decano de la Facultad de Ciencias, Jurídicas y Sociales, Héctor Flores- justificó que las actuaciones fueron según las normativas vigentes y sugirió atender a las "recomendaciones" que hizo la UAI para futuras ejecuciones.

 

"La intervención de la auditoría  es en el análisis de los lineamientos que tiene que seguir la Universidad para la ejecución de este tipo de convenios y gastos. El informe fue puesto a disposición del Consejo Superior que lo aprobó por unanimidad, considerando que se daba por resuelto el pedido que hizo el ex consejero", aseguró Flores, que para el caso puntual de los fondos rotatorios recordó que es una herramienta legal -aunque extraordinaria para el caso de las casas de estudio- que permite al Ejecutivo nacional asignar partidas millonarias para contrataciones directas "urgentes", sin pasar por los controles pertinentes a la administración pública.

 

Sin embargo, Borkowski también señaló otro tipo de irregularidades halladas en los convenios. Una de ellas es la contratación de la SPU, a través de la UNSL, de servicios para el Programa Verano de Emociones en Mar del Plata y Villa Gesell por la suma de más de 7 millones 800 mil pesos.

 

"Es escandaloso porque el operativo se hizo primero durante enero y febrero de 2015 y el convenio mediante el cual la Secretaría de Políticas Universitarias le envió el dinero a la Universidad fue en marzo del mismo año, un procedimiento que la Dirección de Compras y Contrataciones de la institución advirtió que no se puede hacer pero que el rector (Félix Nieto Quintas), autorizó con un decreto", indicó Borkowski, quien añadió que el informe de la UAI alertó que hubo una administración deficiente al adjuntar presupuestos con posterioridad a la fecha de realización de las actividades acordadas, inclusive con la omisión de la fecha, la firma de la persona postulada para la compulsa y sin el CUIT de la empresa prestataria de los bienes y servicios.

 

Además, dijo que tampoco está claro el destino específico de unos 3 millones de pesos que quedaron remanentes de las contrataciones y que la UAI advirtió que no constan en ningún acta si le corresponden a la UNSL en concepto de comisión, lo que se traduciría en una deuda si en un futuro la Secretaría decide reclamarlos.

 

Otra de las informalidades cometidas por el Rectorado fue la omisión de informar al Consejo Superior sobre los convenios, un trámite institucional en el que -según la UAI- también habría tenido que intervenir el área de Asesoría Jurídica, "en orden a establecer los efectos que podrían derivarse de los convenios".

 

"La Comisión de Presupuesto y Cuentas le ocultó al Consejo Superior las numerosas irregularidades en la tramitación del gasto de más de 47 millones de pesos, como consecuencia transformó al Cuerpo Colegiado en cómplice de estos manejos al aprobar el dictamen de la Comisión que informó, faltando a la verdad, que se habían hecho las cosas 'según la normativa vigente'”, sentenció Borkowski en un comunicado difundido esta semana, al que adjuntó las conclusiones realizadas por la UIA.

 

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