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Violencia de género: los jueces buscan ampliar las sanciones a los agresores

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Violencia de género: los jueces buscan ampliar las sanciones a los agresores

El Colegio de Magistrados quiere que además se sancionen con prisión las amenazas, golpes y otras agresiones.

 

El proyecto de modificación del Código Procesal Criminal de la provincia que busca establecer la prisión para quienes incumplan las órdenes de restricción, sigue su camino legislativo y ayer (martes) en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, representantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Luis con sede en Villa Mercedes visitaron la cámara para hacer sus aportes al proyecto que busca prevenir la violencia de género. Principalmente, los jueces proponen que la violación de órdenes de restricción sean sólo una de las acciones que se contemplen como causales de detención. Amenazas, golpes y otras acciones también deberían ser consideradas.

"Lo que planteamos es constituirnos en un paso previo a que la violencia vaya en escalada. Normalmente empieza con una amenaza, un insulto y va subiendo, hasta terminar en hechos luctuosos y trágicos", afirmó Leandro Estrada, juez Penal Nº 2 de Villa Mercedes y presidente del Colegio de Magistrados. Fue acompañado por el defensor oficial de primera instancia, Hernán Herrera, y el defensor de Cámara Víctor Endeiza, ambos de la Segunda Circunscripción Judicial.

Estrada detalló que piensan aplicar la detención "con independencia de que haya una orden de restricción o no", con el fin de tratar de no llegar a esa instancia. Además en el encuentro que mantuvieron con los legisladores también plantearon generar medidas de contención para la familia. "Destacábamos que las principales víctimas de todo esto son los chicos, cuando existen esta clase de separaciones", apuntó. "Esto tiene que ser un análisis integral. No sólo tiene que partir de una reforma del código, sino que tiene que ser mucho más amplio. Los niveles de violencia de hoy no son los mismos de hace cinco o seis años, fueron cambiando y no sólo una restricción de acercamiento, un encarcelamiento preventivo sirven, también se tienen que adoptar medidas terapéuticas para acompañar a la víctima", opinó.

El ministro de Gobierno Justicia y Culto, Eduardo Mones Ruiz, autor del proyecto, también participó de la reunión y destacó "que hemos logrado colocar el tema en la agenda pública".

"El Poder Judicial está habituado a llegar luego, a juzgar el delito. Lo que estamos planteando es cómo hacemos para que esas dos visiones de la legislación comulguen para lograr la prevención. Lo hacemos para que una persona que viole una orden de restricción sirva como un antecedente para la prisión preventiva", remarcó el ministro.

Mones Ruíz discrepó con los magistrados al considerar que los jueces "tienen una visión (del derecho) hacía el victimario y no hacía a la víctima". "Nosotros de la administración de justicia, tenemos que verlo en un pie de igualdad. Esa es nuestra obligación. Las garantías constitucionales son para las dos partes, para la víctima y el victimario", respondió Estrada.

 

Algunas dudas

El Diario pudo asistir a parte de la reunión de la comisión, de la que participaron también jefes de bloque de diputados como Marcelo Sosa (Unidad Justicialista), Pablo Zamora (Sanluiseños por el Cambio) y Alejandro Cacace (Avanzar y Cambiemos), entre otros legisladores. 

Allí Endeiza expresó sus dudas sobre la obligatoriedad de la detención por violación de órdenes de restricción. "Lo que no queremos es que sea una obligación. Si queremos decir cuántas son las medidas de restricción que tenemos de los últimos diez años, tenemos vigentes miles", afirmó y dio de ejemplo como ciertas acciones nunca se levantan porque los damnificados no avisan sobre el cambio en la situación.

Mones Ruiz puntualizó que las detenciones no serían obligatorias citando uno de los puntos del proyecto de ley que establece que ocurrirán "cuando la objetiva y provisional valoración de las características del hecho así lo determinen". El funcionario indicó que de todas maneras está dispuesto a revisar y modificar el proyecto, que seguirá su análisis las próximas semanas. "Es un disparador, para poner sobre la mesa lo que estaba pasando. Si hay que modificarlo en alguna cosa, siempre hemos estado abiertos y hemos pedido el más amplio debate", concluyó.

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Violencia de género: los jueces buscan ampliar las sanciones a los agresores

El Colegio de Magistrados quiere que además se sancionen con prisión las amenazas, golpes y otras agresiones.

En la legislatura. Mones Ruiz, junto a Cacace, Martínez y Sosa, al frente el Colegio de Magistrados. Foto: Martín Gómez. 

 

El proyecto de modificación del Código Procesal Criminal de la provincia que busca establecer la prisión para quienes incumplan las órdenes de restricción, sigue su camino legislativo y ayer (martes) en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, representantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Luis con sede en Villa Mercedes visitaron la cámara para hacer sus aportes al proyecto que busca prevenir la violencia de género. Principalmente, los jueces proponen que la violación de órdenes de restricción sean sólo una de las acciones que se contemplen como causales de detención. Amenazas, golpes y otras acciones también deberían ser consideradas.

"Lo que planteamos es constituirnos en un paso previo a que la violencia vaya en escalada. Normalmente empieza con una amenaza, un insulto y va subiendo, hasta terminar en hechos luctuosos y trágicos", afirmó Leandro Estrada, juez Penal Nº 2 de Villa Mercedes y presidente del Colegio de Magistrados. Fue acompañado por el defensor oficial de primera instancia, Hernán Herrera, y el defensor de Cámara Víctor Endeiza, ambos de la Segunda Circunscripción Judicial.

Estrada detalló que piensan aplicar la detención "con independencia de que haya una orden de restricción o no", con el fin de tratar de no llegar a esa instancia. Además en el encuentro que mantuvieron con los legisladores también plantearon generar medidas de contención para la familia. "Destacábamos que las principales víctimas de todo esto son los chicos, cuando existen esta clase de separaciones", apuntó. "Esto tiene que ser un análisis integral. No sólo tiene que partir de una reforma del código, sino que tiene que ser mucho más amplio. Los niveles de violencia de hoy no son los mismos de hace cinco o seis años, fueron cambiando y no sólo una restricción de acercamiento, un encarcelamiento preventivo sirven, también se tienen que adoptar medidas terapéuticas para acompañar a la víctima", opinó.

El ministro de Gobierno Justicia y Culto, Eduardo Mones Ruiz, autor del proyecto, también participó de la reunión y destacó "que hemos logrado colocar el tema en la agenda pública".

"El Poder Judicial está habituado a llegar luego, a juzgar el delito. Lo que estamos planteando es cómo hacemos para que esas dos visiones de la legislación comulguen para lograr la prevención. Lo hacemos para que una persona que viole una orden de restricción sirva como un antecedente para la prisión preventiva", remarcó el ministro.

Mones Ruíz discrepó con los magistrados al considerar que los jueces "tienen una visión (del derecho) hacía el victimario y no hacía a la víctima". "Nosotros de la administración de justicia, tenemos que verlo en un pie de igualdad. Esa es nuestra obligación. Las garantías constitucionales son para las dos partes, para la víctima y el victimario", respondió Estrada.

 

Algunas dudas

El Diario pudo asistir a parte de la reunión de la comisión, de la que participaron también jefes de bloque de diputados como Marcelo Sosa (Unidad Justicialista), Pablo Zamora (Sanluiseños por el Cambio) y Alejandro Cacace (Avanzar y Cambiemos), entre otros legisladores. 

Allí Endeiza expresó sus dudas sobre la obligatoriedad de la detención por violación de órdenes de restricción. "Lo que no queremos es que sea una obligación. Si queremos decir cuántas son las medidas de restricción que tenemos de los últimos diez años, tenemos vigentes miles", afirmó y dio de ejemplo como ciertas acciones nunca se levantan porque los damnificados no avisan sobre el cambio en la situación.

Mones Ruiz puntualizó que las detenciones no serían obligatorias citando uno de los puntos del proyecto de ley que establece que ocurrirán "cuando la objetiva y provisional valoración de las características del hecho así lo determinen". El funcionario indicó que de todas maneras está dispuesto a revisar y modificar el proyecto, que seguirá su análisis las próximas semanas. "Es un disparador, para poner sobre la mesa lo que estaba pasando. Si hay que modificarlo en alguna cosa, siempre hemos estado abiertos y hemos pedido el más amplio debate", concluyó.

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