En todas las naciones del mundo, más allá de las complejas diversidades de cada sociedad, la búsqueda de transparencia en la Justicia, y de la independencia de poderes, es un anhelo perseguido por mujeres y hombres que intentan construir mejores comunidades.
Jueces y fiscales realizaron una inédita huelga en España para pedir que se refuerce su independencia del poder político, tras meses de polémicas y sobreexposición mediática. “Queremos expresar nuestro profundo malestar con los responsables en materia de Justicia ante la dejación y abandono en el que se encuentra este servicio público”, escribieron en un comunicado conjunto las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales existentes en España. Según los datos del comité de huelga, el paro estuvo secundado por 2.294 jueces (un 42% del foro judicial) y 1.264 fiscales (un 51%).
En España hay una percepción ciudadana de que la justicia no es tan independiente como debía de ser, comentaron desde la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia. En los últimos años, el Poder Judicial ha tenido una fuerte exposición mediática al hilo de los muchos casos de corrupción política que han destacado en la actualidad. Y, sobre todo, se ha revelado como la primera línea de defensa del Estado español frente al desafío independentista catalán.
En cada ocasión, el gobierno conservador ha dejado en manos de jueces y fiscales la tarea de paralizar las leyes promovidas por los independentistas y consideradas anticonstitucionales. También fueron los jueces quienes paralizaron en los últimos meses hasta tres candidaturas a la presidencia regional de Cataluña, entre ellas la del ex presidente Carles Puigdemont, por estar acusados de rebelión.
En su comunicado los jueces y fiscales no hablan de Cataluña, sino que recuerdan las reivindicaciones prácticas formuladas desde hace casi un año. Entre ellas, piden cambios que permitan reforzar la independencia del Poder Judicial, y un plan de inversión para modernizar los medios materiales e incrementar el número de jueces y fiscales, equiparándolo con la media europea.
Si estamos en huelga “es por dar una justicia de calidad que a día de hoy lamentablemente no se está dando”, explicó Montserrat García, directiva de la Asociación de Fiscales, denunciando “cargas enormes de trabajo” que dificultan el mismo.
Para apoyar sus reivindicaciones, las siete asociaciones organizaron cuatro paros parciales y concentraciones en las últimas semanas, sin que de momento se hayan satisfecho sus demandas. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, comentó a periodistas que por su lado no hay “discrepancia de fondo” con estas reivindicaciones, y destacó que algunas están contempladas en el nuevo presupuesto que el gobierno trata de sacar adelante, negociando in extremis los apoyos parlamentarios necesarios.
De aprobarse el presupuesto 2018, incidió Catalá, se crearán 300 nuevas plazas de jueces y fiscales y se destinarán 130 millones de euros a mejorar los sistemas informáticos de los juzgados y las fiscalías.
La relación entre magistrados y poder político se tensionó definitivamente cuando a fines de abril, las mismas asociaciones de jueces y fiscales pidieron la dimisión de Catalá, por poner en duda la competencia de un juez, lo cual tacharon de “intromisión”. El ministro había criticado a un juez de Pamplona que junto con otros compañeros exculpó de violación a cinco jóvenes, en un caso muy mediatizado de agresión sexual en grupo a una chica de 18 años durante las fiestas de San Fermín.
Los cinco fueron finalmente condenados a nueve años de prisión por abuso sexual, un delito castigado con una pena menor. Pero la presión social hizo que el caso se reabriera. Hay una búsqueda de transparencia, hay un deseo de independencia. Hay un anhelo por mejores sociedades. En España. Y en todo el mundo.
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