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Pasaron a disponibilidad a un policía acusado por violencia

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Pasaron a disponibilidad a un policía acusado por violencia

Tiene 27 años y prestaba servicio en la comisaría de La Toma. Una pericia estableció que no estaría apto para portar armas.

La víctima lo denunció en la Comisaría 16ª de La Toma en enero, por haberla golpeado, pero dice que los compañeros de su ex, que es policía, taparon el caso todo este tiempo. Cansada y con miedo de lo que pueda pasarle, la joven decidió acusar al sospechoso ante el juzgado de Familia y Menores 1 de San Luis y ante la oficina de Asuntos Internos de la Policía, que le inició un sumario al alférez denunciado y lo pasó a disponibilidad el viernes de la semana pasada.

Jonathan Amaya tiene 27 años y hasta hace unos días desempeñaba funciones en la guardia de la seccional de La Toma, donde vive su madre. La víctima, que tiene 20 años, contó en su perfil de Facebook que mantuvo una relación de cuatro años con él y que el vínculo se cortó por reiterados hechos de violencia.

“Me manipulaba todo el tiempo. Sufre de adicciones y la familia lo tapaba, la Policía lo tapaba. Me dejó encerrada cuatro días sin comer y nadie sabía nada. Me amenazaba todo el tiempo cargando el arma y poniéndomela en la cabeza. Si quería ver a mi familia iba siempre amenazada; (decía) que si contaba algo iba a ir a buscarme y terminar con mi vida. Me tiraba al piso y pateaba hasta que le pidiera perdón, y cuando la Policía llegaba porque llamaban los vecinos decía que yo estaba descompuesta, que me había caído”, explicó en un posteo.

El comisario Víctor Echegaray, jefe de la Comisaría 16ª, informó que efectivamente hubo una denuncia contra Amaya, radicada el 4 de enero pasado, pero desconoce qué curso tuvo porque él se hizo cargo de esa dependencia hace apenas dos semanas. Antes, prestaba servicio en San Martín.

“No aguanté más. Decidí juntar todo e irme a denunciar, pero no en la comisaría, porque tapaban todo. Notificaban las denuncias como que pasaban pero nunca llegaban al juzgado”, acusó la víctima. Echegaray no pudo referirse sobre ese punto, por su reciente asunción en La Toma.

Sea cierto o no, el martes de la semana pasada la denunciante viajó a San Luis desde Tilisarao e hizo presentaciones en el juzgado de Familia y Menores 1, que le impuso una orden de restricción al acusado y ordenó entregarle un botón antipánico a la víctima, y también en la Dirección General de Asuntos Internos de la Policía, confirmó el comisario Juan José Flores, jefe de esa área.

“Esta joven se acercó para informar su situación y nosotros iniciamos actuaciones inmediatamente. Si bien estamos en una etapa preliminar de la investigación, el viernes se decidió pasar a disponibilidad a la persona investigada, mientras continuamos con el sumario”, comentó Flores.

El mismo día Amaya fue sometido a una entrevista psicológica que concluyó en que el alférez no está en condiciones de portar un arma, por lo que también le retuvieron la pistola Bersa calibre 9 milímetros que le había entregado la Fuerza.

El responsable de Asuntos Internos no supo precisar cuánto hace que el sospechoso pertenece a la Policía, aunque confirmó que en todo este tiempo nunca fue sancionado. “La causa administrativa puede derivar en una sanción más grave o en la desvinculación de la persona investigada, aunque cualquiera de los dos casos incluye un seguimiento de sus conductas anteriores y posteriores a este hecho”, agregó Flores.

Lo que la víctima no deja claro es dónde habrían ocurrido las presuntas agresiones y si, después de la denuncia de enero, se repitieron.

Guillermo Quiroga, responsable de prensa de la Secretaría de la Mujer #NiUnaMenos, comentó que hay un equipo interdisciplinario trabajando en el caso y acompañando a la víctima pero se excusó de dar detalles, “por respeto a la privacidad de esta mujer”. “Tiene asistencia psicológica, asesoramiento legal y todo lo que requiera en este momento, pero como nueva política no tenemos autorizado difundir detalles si no es por pedido expreso de la víctima”, agregó.

La jueza de Familia y Menores de la Tercera Circunscripción Judicial, Daniela Estrada, le confirmó a El Diario que ella investigará el caso luego de que el juzgado de Familia 1 de San Luis le remita las actuaciones, ya que las agresiones habrían ocurrido en su jurisdicción.

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Pasaron a disponibilidad a un policía acusado por violencia

La toma. La comisaría donde trabajaba Amaya. Y donde lo habrían favorecido, según la denunciante.

Tiene 27 años y prestaba servicio en la comisaría de La Toma. Una pericia estableció que no estaría apto para portar armas.

La víctima lo denunció en la Comisaría 16ª de La Toma en enero, por haberla golpeado, pero dice que los compañeros de su ex, que es policía, taparon el caso todo este tiempo. Cansada y con miedo de lo que pueda pasarle, la joven decidió acusar al sospechoso ante el juzgado de Familia y Menores 1 de San Luis y ante la oficina de Asuntos Internos de la Policía, que le inició un sumario al alférez denunciado y lo pasó a disponibilidad el viernes de la semana pasada.

Jonathan Amaya tiene 27 años y hasta hace unos días desempeñaba funciones en la guardia de la seccional de La Toma, donde vive su madre. La víctima, que tiene 20 años, contó en su perfil de Facebook que mantuvo una relación de cuatro años con él y que el vínculo se cortó por reiterados hechos de violencia.

“Me manipulaba todo el tiempo. Sufre de adicciones y la familia lo tapaba, la Policía lo tapaba. Me dejó encerrada cuatro días sin comer y nadie sabía nada. Me amenazaba todo el tiempo cargando el arma y poniéndomela en la cabeza. Si quería ver a mi familia iba siempre amenazada; (decía) que si contaba algo iba a ir a buscarme y terminar con mi vida. Me tiraba al piso y pateaba hasta que le pidiera perdón, y cuando la Policía llegaba porque llamaban los vecinos decía que yo estaba descompuesta, que me había caído”, explicó en un posteo.

El comisario Víctor Echegaray, jefe de la Comisaría 16ª, informó que efectivamente hubo una denuncia contra Amaya, radicada el 4 de enero pasado, pero desconoce qué curso tuvo porque él se hizo cargo de esa dependencia hace apenas dos semanas. Antes, prestaba servicio en San Martín.

“No aguanté más. Decidí juntar todo e irme a denunciar, pero no en la comisaría, porque tapaban todo. Notificaban las denuncias como que pasaban pero nunca llegaban al juzgado”, acusó la víctima. Echegaray no pudo referirse sobre ese punto, por su reciente asunción en La Toma.

Sea cierto o no, el martes de la semana pasada la denunciante viajó a San Luis desde Tilisarao e hizo presentaciones en el juzgado de Familia y Menores 1, que le impuso una orden de restricción al acusado y ordenó entregarle un botón antipánico a la víctima, y también en la Dirección General de Asuntos Internos de la Policía, confirmó el comisario Juan José Flores, jefe de esa área.

“Esta joven se acercó para informar su situación y nosotros iniciamos actuaciones inmediatamente. Si bien estamos en una etapa preliminar de la investigación, el viernes se decidió pasar a disponibilidad a la persona investigada, mientras continuamos con el sumario”, comentó Flores.

El mismo día Amaya fue sometido a una entrevista psicológica que concluyó en que el alférez no está en condiciones de portar un arma, por lo que también le retuvieron la pistola Bersa calibre 9 milímetros que le había entregado la Fuerza.

El responsable de Asuntos Internos no supo precisar cuánto hace que el sospechoso pertenece a la Policía, aunque confirmó que en todo este tiempo nunca fue sancionado. “La causa administrativa puede derivar en una sanción más grave o en la desvinculación de la persona investigada, aunque cualquiera de los dos casos incluye un seguimiento de sus conductas anteriores y posteriores a este hecho”, agregó Flores.

Lo que la víctima no deja claro es dónde habrían ocurrido las presuntas agresiones y si, después de la denuncia de enero, se repitieron.

Guillermo Quiroga, responsable de prensa de la Secretaría de la Mujer #NiUnaMenos, comentó que hay un equipo interdisciplinario trabajando en el caso y acompañando a la víctima pero se excusó de dar detalles, “por respeto a la privacidad de esta mujer”. “Tiene asistencia psicológica, asesoramiento legal y todo lo que requiera en este momento, pero como nueva política no tenemos autorizado difundir detalles si no es por pedido expreso de la víctima”, agregó.

La jueza de Familia y Menores de la Tercera Circunscripción Judicial, Daniela Estrada, le confirmó a El Diario que ella investigará el caso luego de que el juzgado de Familia 1 de San Luis le remita las actuaciones, ya que las agresiones habrían ocurrido en su jurisdicción.

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