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Excepciones y controversias

Por redacción
| 15 de junio de 2018

Resulta un contrasentido grave que uno de los máximos organismos encargados de garantizar los derechos humanos y la igualdad ante la ley de todas las personas, más allá de género, raza o credo; contenga reglamentos que conducen a excepciones inadmisibles, porque van en contra de los derechos que debe asegurar.

 

Esa paradoja tomó estado público cuando se presentaron acusaciones de acoso sexual contra un secretario general adjunto en la Comisión Internacional de Servicio Civil, de la Organización de las Naciones Unidas. Fue en ese contexto que la ONU reconoció, que el secretario general António Guterres no tenía jurisdicción sobre un órgano creado por la Asamblea General, que sólo responde a los estados miembro.

 

Un análisis detallado agrega controversia a la flagrante excepción de la “política de tolerancia cero al abuso y la explotación sexual”, al develar que esas “zonas sin control” también pueden hallarse en otros órganos de la ONU creados por el máximo órgano de decisión del foro mundial. Entre ellos destacan la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (Acabq) y la Unidad de Inspección Conjunta, lo que constituye una burla a la lucha contra el acoso en el foro mundial.

 

Cuesta aceptar que tres entidades de la ONU, cuya responsabilidad es garantizar el efectivo funcionamiento del sistema de Naciones Unidas, pisoteen normas básicas, aprovechándose de una laguna legal sin supervisión del secretario general.

 

Para los analistas es “extremadamente urgente” que la Asamblea General, de 193 miembros, atienda esa situación sin demora. La conclusión no admite dobles lecturas: “Al sentirse impotente frente a este abuso y mal uso, a la luz de pasadas resoluciones, la Asamblea rehúye su responsabilidad como mayor órgano de decisión intergubernamental”.

 

La política de tolerancia cero no es un adicional optativo que algunos empleadores pueden aplicar o no, puntualizó la directora de política de ONU Mujeres, Purna Sen, coordinadora ejecutiva y flamante portavoz para Discriminación y Acoso Sexual. “Tienen que tener un alcance universal para que todo el personal pueda tener seguridad y respeto”, apuntó.

 

Hay leyes contra la violencia sexual y todos los estados se comprometieron a ponerle fin para 2030 (en la Agenda para 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible). La obligación de poner fin a la violencia sexual depende de los estados, pero todos los actores, tienen la responsabilidad de que eso ocurra.

 

La Comisión Internacional de Servicio Civil (ICSC) no puede ser una excepción a la hora de hacer ese trabajo: la independencia no debe conceder impunidad. La idea de que puede haber lugares donde no llegue la responsabilidad no es aceptable.

 

Campañas en las redes como la de MeToo y otros reclamos de cambios promovidos por las mujeres por fin concentran la atención de todos. La responsabilidad debe ser real, tanto en la ICSC como en otros ámbitos, indicó Sen.

 

El estudio indica que toda excepción a las políticas de la ONU, existe debido a resoluciones de la Asamblea General. Le corresponde entonces a la Asamblea General, revisar y cambiar la situación. La necesidad de independencia no puede triunfar sobre la necesidad de seguridad y respeto en el ámbito laboral, donde el abuso de poder y la desigualdad de género se vuelven obsoletas.

 

En los últimos meses hubo 54 denuncias procedentes de todas las entidades de la ONU y sus asociados: 14 proceden de las operaciones de mantenimiento de la paz, 18 de agencias, fondos y programas; 21 se relacionan con asociados y, una con un integrante de una fuerza ajena al foro mundial.

 

Las denuncias fueron por abuso sexual y por explotación sexual. Afectan a 66 víctimas, 13 de las cuales son niñas menores. No es aceptable ninguna excepción. Todas las controversias deben aclararse.

 

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