Una "brigada civil" vigila que se cumpla el control a las "saladitas"

La defensa legal de los comerciantes autoconvocados que denunció el funcionamiento ilegal de al menos cinco "saladitas" en centro de la capital puntana, está decidida a hacer "justicia por mano propia" ante lo que considera, una falta de respuesta de los organismos del Estado.

Ahora, los denunciantes conformaron una "brigada civil" para vigilar que se cumpla con los controles a los negocios señalados de ilegítimos. Así lo confirmó el abogado de los autoconvocados, Guillermo Strazza, quien dijo que sus propios clientes comenzaron "a investigar lo que no exige el Concejo Deliberante de San Luis", en relación a las habilitaciones comerciales "mal dadas" -según afirmó- que emitió el Municipio capitalino.

"Con las brigadas de control civil empezamos a hacer lo que el Estado no cumple al no abrir sumarios administrativos para investigar la forma en que los inspectores municipales realizan los procedimientos. También para saber si abusan o no del poder que tienen para fiscalizar. Queremos asegurarnos de que realizan las actas en los términos correctos", explicó Strazza.

El patrocinador legal dijo que los casos concretos para tomar esa determinación fueron dos: una orden de clausura que la Intendencia no cumplió y un "apriete" que recibió una comerciante que denunció a las "saladitas", ejercido por un agente de la Dirección Nacional de Migraciones al omitir y falsear información al momento de confeccionar un certificado público de contro.
"Esto es lo que genera un manto de sospecha y debería investigarse, por eso insistimos en que si se le dio una autorización comercial queremos saber en qué condiciones se hizo", indicó Strazza, quien agregó que "no hay manera de que la documentación pase por la cara de los funcionarios en esas condiciones".

Además, hasta fines de esta semana, el representante de los autoconvocados esperó la respuesta del Concejo Deliberante para acceder a la Banca del Vecino pero -según dijo- por el momento no tiene certezas de la solicitud, a más de tres semanas de su presentación en el cuerpo legislativo.

El interés por obtener la atención de los ediles capitalinos es doble. Por un lado, poner en conocimiento y denunciar en el recinto el mal accionar del Municipio en referencia a los controles, pero también exigir el inicio de una investigación interna para establecer las responsabilidades de las distintas irregularidades detectadas en el funcionamiento de las "saladitas".

Las principales sospechas que recaen sobre las ferias -según denunciaron públicamente los autoconvocados- están relacionadas al bajo precio de la ropa, por debajo del costo; no justificación del origen y compra de la mercadería; doble facturación; falta de control fiscal; omisión del pago de impuestos municipales, provinciales y nacionales; y personal no registrado; entre otros.

Además, otro de los temas que Strazza pretende llevar ante los concejales es "la urgente adhesión a la Ley de Defensa de la Competencia, que permita establecer un organismos de denuncia al cual acudir ante casos similares.

"Mientras no se sancione la adhesión este tipo de irregularidades van a continuar instaladas en la provincia. El Estado tiene que reaccionar con la firma de convenios y el Concejo Deliberante es el encargado de instar que se lleven adelante, de eso se trata nuestra participación en la Banca del Vecino", sostuvo Strazza.

Luego de casi dos meses de idas y vueltas, actualmente de las cinco "saladitas" denunciadas de "ilegales", cuatro cuentan con la habilitación comercial definitiva y sólo una funciona con una constancia provisoria, pese a que pertenece al mismo dueño de una que sí cuenta con la autorización correspondiente.