La inestabilidad política de África, los conflictos armados y otras cuestiones legales, como la inseguridad jurídica, ponen en riesgo las inversiones necesarias para hacer frente al cambio climático y reducir las emisiones de gases invernadero en el continente menos equitativo del planeta.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (CDE), las inversiones verdes hacen mención a los fondos necesarios para reducir los gases invernadero y otros contaminantes del aire sin reducir de forma significativa la producción ni el consumo de bienes no energéticos. Y cubre tanto inversiones públicas como privadas.
Un inversor de energías renovables, corre el riesgo de que sus beneficios disminuyan por el cambio climático, el terrorismo, la expropiación y el incumplimiento de contratos soberanos; aseguran los especialistas. Los riesgos tecnológicos, el mercado y el crédito también frenan la reducción de emisiones contaminantes.
El tema adquiere trascendencia, porque ocurre en el marco de varios conflictos armados, que destruyen a uno de los continentes con más recursos y mayor diversidad.
El Consejo Noruego para Refugiados hizo una lista con las 10 crisis humanitarias más desatendidas del mundo, de las cuales, seis están en África. Millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares, la inestabilidad golpeó a los proyectos de desarrollo y comprometió seriamente los programas de erradicación de la pobreza.
En la República Centroafricana, el conflicto comenzó en 2013 a raíz de un golpe de Estado. Tres años después hubo elecciones, pero la paz aún es esquiva.
La crisis humanitaria en República Democrática del Congo se considera la segunda de mayor proporción, como resultado de casi dos décadas de conflictos.
Sudán, Sudán del Sur, Nigeria y Somalia también figuran en la lista del Consejo Noruego para Refugiados.
Además de los riesgos políticos, las inversiones verdes también son castigadas por cuestiones normativas o arancelarias. “Algunos países africanos fijan aranceles demasiado elevados, perdiendo su atractivo para los inversores porque podrían no recuperar en el futuro los gastos incurridos”, explican los analistas.
Otro gran riesgo es la demora de los contratos de servicios públicos. Las circunstancias podrían cambiar en el transcurso de un proyecto en muchos países de África subsahariana y aun los servicios esenciales, como el suministro de electricidad, podrían desaparecer.
Y los peligros para los inversores no terminan allí, porque las agencias reguladoras comienzan a interferir con las operaciones de las compañías privadas. Luego está “la amenaza” de la nacionalización de los servicios y los riesgos normativos relacionados con licitaciones, las compras y los contratos, que a menudo se cancelan, posponen o impugnan.
El escenario está completo con una intrincada burocracia estructural, más la corrupción enquistada. Es lógico entonces que los actores privados, interesados en gastar tiempo y dinero en esas licitaciones, muchas veces renuncien antes de comenzar.
La Agencia Internacional de Energía Renovable (Irena), declaró que África necesitaría 225.000 millones de dólares para 2030 para implementar las metas de energía fijadas en las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional (INDC, en inglés), de las cuales 44 por ciento son para objetivos incondicionales.
Los objetivos incondicionales, son los que los países fijaron sin apoyo internacional, mientras que los condicionales, son los que sólo alcanzarán con ayuda financiera y tecnológica externa.
La falta de garantías esconde riesgos ambientales, cuya severidad trasciende las actuales generaciones y deja una herencia de plomo para el futuro. Resulta muy grave y muy triste.
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