Toda sociedad que haya atravesado una situación de violencia interna, de guerra civil, de terrorismo de estado, de víctimas inocentes, de desacuerdos profundos entre sus ciudadanos, como para promover, desear y ejercer, la “eliminación del rival”; cuando retoma la senda del diálogo republicano, comprenderá que el camino para sanar esas heridas, es delicado, doloroso y muy sensible.
Ese camino estará cubierto de asechanzas, de deseos revanchistas, de exageración o escasez en la aplicación de la justicia, pero con todo esos condicionantes, ese camino será preferible a la situación previa. Y si el primer paso de ese camino es un pedido de perdón, es un buen comienzo.
Colombia abrió un histórico capítulo de justicia dentro de su conflicto. Por primera vez, los otrora jefes rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se sentaron al banquillo para responder por miles de víctimas de secuestros, como parte del pacto de paz.
“Pedimos perdón a todas ellas, haremos hasta lo imposible porque puedan conocer la verdad de lo ocurrido, asumiremos las responsabilidades que nos correspondan”, afirmó Rodrigo Londoño “Timochenko”, máximo líder de la que fuera la guerrilla más poderosa de América.
Londoño encabezó la primera diligencia de juzgamiento dentro del sistema especial pactado con el gobierno para reconocer las de miles de víctimas de más de medio siglo de enfrentamiento. El ex jefe guerrillero reafirmó ante la prensa los compromisos de contribuir “hasta donde sea posible” con la reparación de los afectados y de jamás volver a ejercer la violencia.
Durante su prolongada lucha por el poder, las FARC recurrieron al rapto de personas con fines económicos y políticos. Miles de rehenes, incluidos militares, policías y dirigentes, estuvieron prisioneros en lo profundo de la selva antes de ser rescatados o liberados, y no pocos perecieron en cautiverio.
La fiscalía documentó 6.162 casos de secuestro, con 8.163 víctimas. En este proceso, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) conocerá los delitos relacionados con esta práctica entre 1993 y 2012. Los magistrados citaron a esta primera diligencia de reconocimiento a 31 responsables de las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dentro de la causa 001 por “retención ilegal de personas”.
Como parte del acuerdo que desarmó a 7.000 combatientes y llevó a las FARC a convertirse en partido el año pasado, los rebeldes se comprometieron a confesar sus crímenes y reparar a las víctimas, a cambio de recibir un castigo alternativo a la cárcel y ejercer la política.
Si cumplen lo pactado y nunca más ejercen la violencia, purgarán penas de entre cinco y ocho años, en un lugar distinto de la prisión que aún no ha sido definido. Si no, se exponen a condenas de 15 a 20 años de reclusión efectiva.
A las afueras del edificio, una veintena de personas a quienes se les impidió el ingreso a los tribunales, se congregaron en silencio y exhibieron fotografías de “secuestrados y desaparecidos” a manos de los rebeldes.
Los militares que también participaron en el conflicto podrán acogerse voluntariamente a la JEP, al igual que los civiles que financiaron a grupos de ultraderecha. El mandatario saliente Juan Manuel Santos celebró el inicio de los juicios. Esto “es una señal muy importante, porque significa que todo lo que se había dicho, de que iba a ser una paz con impunidad, era una falacia”, dijo el mandatario.
El presidente electo Iván Duque, (asumirá el 7 de agosto), venció precisamente en las urnas con la promesa de modificar parte del acuerdo para impedir que los jefes que sean hallado culpables de delitos atroces puedan ejercer como congresistas.
Los primeros pasos del camino por el que Colombia busca la paz definitiva, fue dado. Nadie dijo que sería fácil.
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