Muy enojados, magistrados y funcionarios contra el STJ

“Parafraseando la nota publicada en vuestro matutino, es absolutamente cierto que, a título personal y como magistrado de la Provincia, estoy 'que trino' como consecuencia de la injusta, inicua, apresurada e irresponsable sanción que me impusiera el Excmo. Superior Tribunal de Justicia”, le hizo saber a El Diario el juez de la Cámara Civil, Comercial, Laboral y Minas 1, Horacio Zavala Rodríguez (h), a raíz de la publicación, en Mesa Cinco, del llamado de atención que el STJ hizo a varios magistrados y funcionarios, por mora en la tramitación de algunas causas.

Del mismo modo que Zavala Rodríguez, los otros miembros del Poder Judicial alcanzados por el apercibimiento hicieron llegar a la redacción de este medio las quejas que elevaron a la Corte provincial, en disconformidad con el tirón de orejas que calificaron, cuanto menos, de injustificado.

“En virtud de la sanción referenciada, el 3 de agosto deduje en tiempo y forma el correspondiente recurso administrativo de reconsideración”, informó Zavala Rodríguez.

“La aplicación de una sanción inaudita parte avasallando flagrantemente mi derecho de defensa; tanto al día del Acuerdo 335/18 como al realizarse la inspección respectiva me encontraba completamente al día, tanto en los expedientes pendientes del dictado de autos interlocutorios como sentencias definitivas, sin tener ninguno con sus plazos vencidos”, dice el camarista en su nota.

Y luego fue duro con los ministros del Superior Tribunal, Martha Corvalán, Lilia Novillo y Carlos Cobo: “Al imponer la sanción, es claro que los ministros en su apresuramiento (seguramente con la única intención de transmitir una imagen pública distinta a la realidad diaria que atraviesa nuestro Poder Judicial) no repararon que son incompetentes para disponer sanción alguna en mi contra, tal y como surge en forma palmaria y taxativa de la Ley VI-0478-2005 –texto ordenado Ley XVII-0712- Ley 640 2008”.

Los jueces de la Cámara Civil 2, Estela Inés Bustos y Marcelo Milán, también han interpuesto un recurso de reconsideración contra la resolución del STJ, “al considerar que se trata de una medida genérica e indiscriminada que no tiene en cuenta la situación particular de cada organismo y que por ello se torna injusta y desproporcionada”.

“Al haber sido redactada de manera confusa –abundaron–, como si se tratara de una plantilla informática, la resolución omite expresar con claridad los fundamentos de la medida e impide advertir que el tribunal que integramos no tiene, en realidad, una ‘larga lista de irregularidades’, sino por el contrario, numerosos aciertos, como por ejemplo: I) ningún expediente pendiente de recepción en mesa de entradas remitido desde otros organismos; II) se han efectuado en término los pases al magistrado sorteado en primer término; III) en todos los expedientes la fecha de vencimiento consignada se corresponde con el plazo previsto en los Códigos de Procedimientos; IV) en las causas con resolución dictada la fecha de salida consignada en el registro de pase a estudio se corresponde con la fecha en que se firmó la resolución respectiva; V) la existencia en despacho se corresponde con el Estado procesal dispuesto por presidencia del tribunal; VI) el presidente de Cámara dio cumplimiento con lo dispuesto en el ítem b, del punto I del Acuerdo 335/18; VII) las secretarias de Cámara informaron en cumplimiento del ítem del punto I del Acuerdo 335/18”.

“Sin perjuicio de ello, no desconocemos que hay situaciones que deben ser revertidas, como es el dictado de sentencias fuera de término; aunque igualmente resulta criticable que no se haya tenido en cuenta que existen circunstancias ajenas a los suscriptos, que afectaron el normal desenvolvimiento del tribunal y que fue motivo de una reunión con la presidencia de ese Alto Cuerpo”, afirmaron Bustos y Milán.

El juez Civil 4, Agustín Ruta, le solicitó al STJ que revise la auditoría que motivó el llamado de atención. “Conforme surge del informe de mis secretarios, los 759 escritos electrónicos que no registran movimientos proveídos ni actuaciones tal circunstancia no es tal; han sido proveídos casi en su totalidad, están decretados, otros en casillero sin presentación ni movimiento, otros archivados sin proveído, escritos proveídos en el expediente principal, otros expedientes que están en préstamo”. Por todo ello, “la auditoría no refleja el estado real actual de mi juzgado y da pie al tribunal superior a aplicarme un llamado de atención cuando en el último de los casos tal llamado de atención corresponde a los secretarios, por el accionar y el registro erróneo en el sistema” informático Iurix, les señaló Ruta a los ministros del STJ.

Las secretarias de la Cámara Civil 1, Carolina Pérez Pinto y María Celeste Rodríguez, también le plantearon a la Corte provincial la reconsideración del Acuerdo por el cual les llamó la atención. Expresaron que el mismo “carece de fundamentos y motivación, vulnera el principio de igualdad ante la ley, resulta discriminatorio y se trata de una medida genérica, indiscriminada e imprecisa”.

Señalaron, además, que se han reservado el derecho de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para el caso que el STJ les rechace el planteo de dejar sin efecto la sanción.