Autoahorro: la Justicia definirá medidas en los próximos días

La escasa lluvia y el frío no detuvieron este lunes a un grupo de al menos 20 autoconvocados por los planes de ahorro, que se manifestaron frente al Palacio de Justicia y, luego, al Poder Judicial en reclamo por avances en el amparo colectivo que presentaron para poder bajar el precio de las cuotas de sus vehículos.
La protesta dio sus frutos. Tres autoahorristas fueron recibidos por la jueza en lo Laboral, María Eugenia Bona, quien se abocó a la causa hace más de un mes. La magistrada les indicó que, entre el viernes de esta semana y el comienzo de la siguiente, dictará sentencia, que puede dar lugar o no al amparo. Esta información fue confirmada por Bona, consultada por El Diario. “En lo posible voy a dictar sentencia esta semana. Depende, porque tengo que leer una enorme cantidad de documental y estoy estudiando. Si puedo será el viernes y, si no, será el lunes o el martes; más de eso no va a pasar”, detalló. 
Lucas Gil vino de Villa Mercedes y fue uno de los que participó de la reunión. “Salimos conformes en cuanto a la atención que nos ha dado, las explicaciones y el tiempo dedicado a comentarnos lo que está pensando. Pero nos vamos con la sensación que es un camino muy largo y el tiempo nos apremia”, admitió el joven. 
Además de que próximamente la jueza tomará una decisión en torno al amparo, Gil detalló que les advirtió que el problema es nacional, por lo que también deberían estar atentos a si se daban medidas de orden federal. “Lo nacional es otra instancia. Tenemos fe de que la jueza pueda fallar a favor nuestro; sería un primer paso importante que la provincia nos apoye”, apuntó.
Mientras ocurría la reunión, los autoconvocados protestaron con bombos y pancartas y el tránsito llegó a ser interrumpido por una hora en calle Rivadavia, frente a Tribunales. “Por parte de las automotrices seguimos en las mismas instancias, con secuestro de unidades e incrementos desmedido de valores, los cuales estamos imposibilitados a pagar. Están llegando a partir de los 17 o 18 mil pesos hasta los 30 mil, dependiendo del vehículo”, describió Damián Cabáñez, otro de los autoconvocados.
No es la primera vez que se manifiestan frente al Poder Judicial. El lunes pasado también reclamaron, aunque la afluencia de los damnificados fue menor y no llegaron a interrumpir el tránsito. Allí fueron recibidos por Bona, quien les recordó la puesta en marcha de la medida de la Inspección General de Justicia (IGJ), para establecer un sistema de cuotas en pago diferido, una acción que no los convence. 
“No nos parece útil y nos deja imposibilitados a nosotros de poder cubrir la necesidad que tenemos de que se trate de fondo el valor de la unidad. A pesar del diferimiento, el valor móvil de la unidad sigue incrementándose”, apuntó Cabáñez. Básicamente, mediante un decreto la IGJ abrió un período de gracia de 5 meses para que los incrementos de las cuotas —no el monto completo— puedan ser abonados recién el próximo año. “Somos, a nivel nacional, 1.200.000 damnificados y todos los grupos nacionales hacemos mención a que este diferimiento no sirve ni acoge”, remarcó Cabáñez. 
A nivel provincial, el panorama es también preocupante. Del grupo de damnificados, que llega a los 4 mil, un 80 por ciento ya está en mora, según pudieron encuestar los autoconvocados, quienes tienen un grupo de Facebook como principal vía de comunicación. “Todo lo que se refiere a secuestros, aumentos e intimaciones sigue su curso como si nada hubiera pasado”, aseguró. 

Un reclamo de meses
Fue en marzo que se comenzó a visibilizar el reclamo por los planes de ahorro. Con la valuación de los vehículos en dólares, las familias que accedieron a automóviles durante 2017 y 2018 empezaron con cuotas iniciales de hasta 2.500 pesos. Sin embargo, con el correr del tiempo, estas subieron su valor por cientos de pesos al mes. Al menos hace un mes, las cuotas promedian 17 mil pesos. 
Así iniciaron reclamos múltiples. El primero fue ante el Programa Defensa del Consumidor, que realizó una presentación ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Sin una respuesta clara, el mismo programa comenzó a elaborar un amparo colectivo para llevar la demanda a la Justicia.
El amparo propone dos cuestiones:  por un lado, retrotraer el valor de cuotas a abril de 2018, cuando las familias comenzaron a percibir los incrementos desmedidos. Por el otro, repensar el sistema entero de planes y que este no supere el 25 por ciento de los ingresos, entre otras condiciones. 
Pero allí lo que se frenó fue la recepción de los juzgados. Tanto el fuero federal como el civil provincial se excusaron. Finalmente, el 29 de julio, la jueza Bona tomó el pedido de amparo. Rechazó la medida de retrotraer las cuotas (la cautelar) pero no así la cuestión de fondo (el amparo). En las próximas horas se sumará un nuevo capítulo a la historia de los planes de ahorro.