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Las protestas en Uruguay, una señal de alerta para Argentina

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Las protestas en Uruguay, una señal de alerta para Argentina

Carlos Etchepare

En los últimos días, quienes seguimos de cerca la constante evolución y las diferentes problemáticas que se suscitan en el sector agropecuario pudimos observar un problema hasta el momento parcialmente acallado, pero que ya no podía seguir ocultándose en la vecina República Oriental del Uruguay.

Las protestas al borde de la ruta, la campaña mediática y finalmente la masiva concentración en la localidad de Durazno realizada por productores agropecuarios uruguayos, vuelven a poner al descubierto la realidad de un sector cada vez más castigado y descuidado. Por supuesto que el reclamo sobrepasa a los productores agropecuarios o a la misma ruralidad, y refleja un problema que afecta a los más de 3 millones de uruguayos que habitan sus campos, sus pueblos y sus ciudades.

Pero el descubrimiento de lo que sufre el campo se vuelve una novedad para nuestro país, porque hasta no hace mucho acá lo utilizábamos como ejemplo de lo que había que hacer en la Argentina. Y ahora, lejos de ser el paraíso que en algún momento pensamos que era, nos encontramos con esta situación de protesta, de concentración, de efervescencia conjunta que nos recuerda mucho a lo que fue nuestro país durante el conflicto de la Resolución 125.

 

¿Qué pasa en Uruguay?

Si bien al comienzo el reclamo fue encabezado por productores “autoconvocados”, después se sumaron la gran mayoría de entidades gremiales y técnicas que representan al sector y, más tarde, otros colectivos sociales, rurales y urbanos. La masividad de la protesta se explica en que la problemática no afecta solamente al campo, sino también a las actividades urbanas que viven de lo que genera la tierra, o que simplemente pagan impuestos y ven como sus aportes se van por la canaleta de la mala política y el gasto ineficiente.

En este sentido, cuando analizamos los puntos centrales que se reclaman podemos observar que algunos son exclusivos de la actividad agropecuaria y que otros afectan al común de la gente.

El primero que se destaca es la cuestión impositiva, el incremento de los impuestos acompañado por un ajuste fiscal pagado por los sectores que aportan y generan riqueza. En este punto, la suba de tarifas y el precio que se paga por el combustible comprometen la rentabilidad y la competitividad del agro uruguayo. Según datos de entidades técnicas ligadas al sector, el sobrecosto de los combustibles les representó a los productores unos 400 millones de dólares en 2017.

Además de los impuestos y del valor del combustible, el crecimiento en el resto de los costos de producción y el déficit en infraestructura también son un motivo de alerta para el sector agropecuario uruguayo, en una problemática que afecta de manera directa a la economía de sus empresas.

El resultado económico para la ganadería, la lechería y la agricultura en dólares por hectárea y previo al pago de renta es absolutamente menor al de años anteriores. En el caso de la soja, por ejemplo, pasó de un ingreso de 700 dólares por hectárea (U$S/ha) a los actuales 350 U$S/ha, con un rendimiento de 25 quintales por hectárea, aún cuando no paga retenciones como los productores argentinos.

En este contexto, según la Asociación Rural Uruguaya (ASU) cada año se necesitan más hectáreas en producción para cubrir la canasta familiar. Y como dato alarmante se destaca que más del 83% de las empresas ganaderas no llegan a cubrir ese canasta básica. Y se vuelve todavía más preocupante si consideramos que el nivel de endeudamiento del sector agropecuario sigue creciendo y registrando un altísimo grado de incumplimiento en el pago de los créditos.

Toda esta problemática no es gratis para el sector y para el país. Por un lado se está generando una concentración productiva, como ejemplo se puede observar que en el último año se cerraron 160 tambos o que desaparecieron 12 mil productores durante el último lustro. Y por otra parte, hay un problema creciente con las exportaciones totales del país uruguayo, las cuales dependen en un 75% de lo que suceda con 10 productos derivados del agro.

En este caso se suma la cuestión del tipo de cambio. Según denuncian desde ASU, el valor del dólar sigue atrasado y es el más bajo de los últimos cuarenta años, lo que afecta de manera directa la competitividad del sector exportador.

El último de los grandes puntos que se discute por estos días en Uruguay es el crecimiento exponencial del gasto público durante los últimos años. Y éste tal vez sea el ítem que más une al sujeto agrario con el sujeto urbano. El gasto que realiza el Estado del dinero público genera una visión comunitaria de que es necesario modificar lo que se está haciendo porque el rumbo actual es equivocado y afecta a todos los sectores.

 

La comparación con Argentina

El problema que afronta Uruguay es algo que posiblemente también vamos a enfrentar o que ya estamos enfrentando en la Argentina. Evidentemente tenemos que aprender y comenzar a tomar nota de lo que está pasando en el vecino país porque acá no estamos muy lejos de vivir esa realidad.

Tal vez una de las principales diferencias es que en nuestro país todavía se está jugando con la indignación de la gente por lo que fueron los doce años del kirchnerismo, y se están dejando pasar muchas cosas que se están haciendo mal. Pero tenemos que tener cuidado, el temor de volver a la década anterior no puede darle carta libre al gobierno nacional actual.

Como venimos insistiendo desde hace tiempo en esta columna, en el sector agropecuario todavía no tomamos conciencia de que hay muchas cosas que cambiaron en el mundo y que tenemos que adaptarnos a eso. No podemos seguir pretendiendo que el mundo se adapte a nosotros porque por ese camino nos va a ir aún peor. El ejemplo es lo que pasó hasta ahora. Si repetimos los mismos errores pensando que las soluciones son mágicas, nos va a seguir yendo igual de mal de lo que nos fue hasta ahora.

Lo primero que tenemos que entender sobre el sector es que los precios de los granos no son los mismos que teníamos hace cinco o seis años en el mundo. Por lo tanto el tratamiento y las exigencias hacia los productores tampoco pueden ser las mismas. Por eso se necesita planificar, como se hace en los grandes países productores, para no volver a caer en otro momento de zozobra como el que se registró durante la Resolución 125 o para no sufrir lo que padecen actualmente nuestros vecinos uruguayos. 

Como hemos expresado en otras oportunidades, el problema en la Argentina es que hace falta la creación de una política agrícola consensuada, equilibrada y que proteja a quienes generan riqueza a través de la producción. Es decir, un marco normativo que le permita al productor poder elegir entre la competencia pura del mercado y la red contenedora del Estado. 

En Argentina se pide siempre que dejemos al productor hacer lo que se le ocurra: “Quitarle la pata de encima”. Pero pocas veces se tiene en consideración la importancia de tener indicadores que nos guíen para mejorar la realidad del sector.

¿Qué pasa si en vez de 20 millones de toneladas (MT) de trigo tenemos 25? ¿Qué va a pasar si tenemos 50 ó 60 MT de maíz y no tenemos la posibilidad de transformarlo en etanol porque la política de biocombustibles es deficiente? Preguntas como éstas son las que tenemos que resolver de cara al futuro, y por eso planificar a través de una política que contenga a todo el sector debería ser la mejor opción.

Y lo mismo pasa para la soja. Ahí tenemos que volver a mirar para el lado de Uruguay, porque si a ellos, que no tienen retenciones y que reciben el precio internacional lleno, no les cierran los números, ¿qué nos puede pasar a nosotros en ésta o en la próxima campaña? La reiterativa suba de costos, el peso de los impuestos y la decadencia de la infraestructura son materia común con los productores uruguayos. Lo único que todavía nos salva por estas pampas son los buenos rendimientos que producen nuestras tierras.

Es hora de comprender que si seguimos con el rumbo actual en Argentina, no nos va a ir bien. Por eso es tiempo de replantearnos lo que queremos y pensar en políticas que generen cierto tipo de protección para el productor, porque competir de la manera que muchos pretenden, es decir dejándolos hacer solos los que ellos quieren, no es la mejor opción.

Necesitamos de manera inmediata que haya planificación. El productor tiene que saber hacia dónde vamos con las políticas del Estado. Y esos lineamientos le tienen que servir de orientación al productor y, si fuera posible, de protección. Si esto no sucede, en algunos meses posiblemente sean las protestas multitudinarias en Argentina las que se publiquen en los diarios uruguayos.

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Las protestas en Uruguay, una señal de alerta para Argentina

En los últimos días, quienes seguimos de cerca la constante evolución y las diferentes problemáticas que se suscitan en el sector agropecuario pudimos observar un problema hasta el momento parcialmente acallado, pero que ya no podía seguir ocultándose en la vecina República Oriental del Uruguay.

Las protestas al borde de la ruta, la campaña mediática y finalmente la masiva concentración en la localidad de Durazno realizada por productores agropecuarios uruguayos, vuelven a poner al descubierto la realidad de un sector cada vez más castigado y descuidado. Por supuesto que el reclamo sobrepasa a los productores agropecuarios o a la misma ruralidad, y refleja un problema que afecta a los más de 3 millones de uruguayos que habitan sus campos, sus pueblos y sus ciudades.

Pero el descubrimiento de lo que sufre el campo se vuelve una novedad para nuestro país, porque hasta no hace mucho acá lo utilizábamos como ejemplo de lo que había que hacer en la Argentina. Y ahora, lejos de ser el paraíso que en algún momento pensamos que era, nos encontramos con esta situación de protesta, de concentración, de efervescencia conjunta que nos recuerda mucho a lo que fue nuestro país durante el conflicto de la Resolución 125.

 

¿Qué pasa en Uruguay?

Si bien al comienzo el reclamo fue encabezado por productores “autoconvocados”, después se sumaron la gran mayoría de entidades gremiales y técnicas que representan al sector y, más tarde, otros colectivos sociales, rurales y urbanos. La masividad de la protesta se explica en que la problemática no afecta solamente al campo, sino también a las actividades urbanas que viven de lo que genera la tierra, o que simplemente pagan impuestos y ven como sus aportes se van por la canaleta de la mala política y el gasto ineficiente.

En este sentido, cuando analizamos los puntos centrales que se reclaman podemos observar que algunos son exclusivos de la actividad agropecuaria y que otros afectan al común de la gente.

El primero que se destaca es la cuestión impositiva, el incremento de los impuestos acompañado por un ajuste fiscal pagado por los sectores que aportan y generan riqueza. En este punto, la suba de tarifas y el precio que se paga por el combustible comprometen la rentabilidad y la competitividad del agro uruguayo. Según datos de entidades técnicas ligadas al sector, el sobrecosto de los combustibles les representó a los productores unos 400 millones de dólares en 2017.

Además de los impuestos y del valor del combustible, el crecimiento en el resto de los costos de producción y el déficit en infraestructura también son un motivo de alerta para el sector agropecuario uruguayo, en una problemática que afecta de manera directa a la economía de sus empresas.

El resultado económico para la ganadería, la lechería y la agricultura en dólares por hectárea y previo al pago de renta es absolutamente menor al de años anteriores. En el caso de la soja, por ejemplo, pasó de un ingreso de 700 dólares por hectárea (U$S/ha) a los actuales 350 U$S/ha, con un rendimiento de 25 quintales por hectárea, aún cuando no paga retenciones como los productores argentinos.

En este contexto, según la Asociación Rural Uruguaya (ASU) cada año se necesitan más hectáreas en producción para cubrir la canasta familiar. Y como dato alarmante se destaca que más del 83% de las empresas ganaderas no llegan a cubrir ese canasta básica. Y se vuelve todavía más preocupante si consideramos que el nivel de endeudamiento del sector agropecuario sigue creciendo y registrando un altísimo grado de incumplimiento en el pago de los créditos.

Toda esta problemática no es gratis para el sector y para el país. Por un lado se está generando una concentración productiva, como ejemplo se puede observar que en el último año se cerraron 160 tambos o que desaparecieron 12 mil productores durante el último lustro. Y por otra parte, hay un problema creciente con las exportaciones totales del país uruguayo, las cuales dependen en un 75% de lo que suceda con 10 productos derivados del agro.

En este caso se suma la cuestión del tipo de cambio. Según denuncian desde ASU, el valor del dólar sigue atrasado y es el más bajo de los últimos cuarenta años, lo que afecta de manera directa la competitividad del sector exportador.

El último de los grandes puntos que se discute por estos días en Uruguay es el crecimiento exponencial del gasto público durante los últimos años. Y éste tal vez sea el ítem que más une al sujeto agrario con el sujeto urbano. El gasto que realiza el Estado del dinero público genera una visión comunitaria de que es necesario modificar lo que se está haciendo porque el rumbo actual es equivocado y afecta a todos los sectores.

 

La comparación con Argentina

El problema que afronta Uruguay es algo que posiblemente también vamos a enfrentar o que ya estamos enfrentando en la Argentina. Evidentemente tenemos que aprender y comenzar a tomar nota de lo que está pasando en el vecino país porque acá no estamos muy lejos de vivir esa realidad.

Tal vez una de las principales diferencias es que en nuestro país todavía se está jugando con la indignación de la gente por lo que fueron los doce años del kirchnerismo, y se están dejando pasar muchas cosas que se están haciendo mal. Pero tenemos que tener cuidado, el temor de volver a la década anterior no puede darle carta libre al gobierno nacional actual.

Como venimos insistiendo desde hace tiempo en esta columna, en el sector agropecuario todavía no tomamos conciencia de que hay muchas cosas que cambiaron en el mundo y que tenemos que adaptarnos a eso. No podemos seguir pretendiendo que el mundo se adapte a nosotros porque por ese camino nos va a ir aún peor. El ejemplo es lo que pasó hasta ahora. Si repetimos los mismos errores pensando que las soluciones son mágicas, nos va a seguir yendo igual de mal de lo que nos fue hasta ahora.

Lo primero que tenemos que entender sobre el sector es que los precios de los granos no son los mismos que teníamos hace cinco o seis años en el mundo. Por lo tanto el tratamiento y las exigencias hacia los productores tampoco pueden ser las mismas. Por eso se necesita planificar, como se hace en los grandes países productores, para no volver a caer en otro momento de zozobra como el que se registró durante la Resolución 125 o para no sufrir lo que padecen actualmente nuestros vecinos uruguayos. 

Como hemos expresado en otras oportunidades, el problema en la Argentina es que hace falta la creación de una política agrícola consensuada, equilibrada y que proteja a quienes generan riqueza a través de la producción. Es decir, un marco normativo que le permita al productor poder elegir entre la competencia pura del mercado y la red contenedora del Estado. 

En Argentina se pide siempre que dejemos al productor hacer lo que se le ocurra: “Quitarle la pata de encima”. Pero pocas veces se tiene en consideración la importancia de tener indicadores que nos guíen para mejorar la realidad del sector.

¿Qué pasa si en vez de 20 millones de toneladas (MT) de trigo tenemos 25? ¿Qué va a pasar si tenemos 50 ó 60 MT de maíz y no tenemos la posibilidad de transformarlo en etanol porque la política de biocombustibles es deficiente? Preguntas como éstas son las que tenemos que resolver de cara al futuro, y por eso planificar a través de una política que contenga a todo el sector debería ser la mejor opción.

Y lo mismo pasa para la soja. Ahí tenemos que volver a mirar para el lado de Uruguay, porque si a ellos, que no tienen retenciones y que reciben el precio internacional lleno, no les cierran los números, ¿qué nos puede pasar a nosotros en ésta o en la próxima campaña? La reiterativa suba de costos, el peso de los impuestos y la decadencia de la infraestructura son materia común con los productores uruguayos. Lo único que todavía nos salva por estas pampas son los buenos rendimientos que producen nuestras tierras.

Es hora de comprender que si seguimos con el rumbo actual en Argentina, no nos va a ir bien. Por eso es tiempo de replantearnos lo que queremos y pensar en políticas que generen cierto tipo de protección para el productor, porque competir de la manera que muchos pretenden, es decir dejándolos hacer solos los que ellos quieren, no es la mejor opción.

Necesitamos de manera inmediata que haya planificación. El productor tiene que saber hacia dónde vamos con las políticas del Estado. Y esos lineamientos le tienen que servir de orientación al productor y, si fuera posible, de protección. Si esto no sucede, en algunos meses posiblemente sean las protestas multitudinarias en Argentina las que se publiquen en los diarios uruguayos.

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