Con una demora de siete meses, el gobierno nacional reglamentó ayer la Ley 26.682 de Medicina Prepaga, que autoriza a los usuarios a cambiar de prestador sólo una vez por año, aunque modificó la norma sancionada por el Congreso el 4 de mayo último e incluyó a las obras sociales sindicales.
La medida fue criticada por la asociación Consumidores Libres, que denunció que al reglamentar el nuevo régimen el Gobierno cedió a las presiones de las compañías. Con los decretos de necesidad y urgencia (DNU) 1991 y 1993, la Casa Rosada corrigió la ley votada en una sesión especial pedida por el bloque del Frente para la Victoria (FPV), que excluía a las obras sociales de los sindicatos, las cooperativas y mutuales, las asociaciones civiles y fundaciones.
Los pedidos de aumento de cuotas quedarán supeditados a un "dictamen vinculante" de la Secretaría de Comercio Interior, hoy a cargo de Guillermo Moreno. Héctor Polino, ex diputado nacional y representante legal de Consumidores Libres, afirmó que el Poder Ejecutivo "ha violentado la voluntad de ambas cámaras del Congreso para satisfacer las presiones" de las empresas.
Polino objetó que el DNU 1991 "incorpora en el marco regulatorio de la medicina prepaga a las cooperativas y mutuales, asociaciones civiles y fundaciones que no fueron incluidas en el texto de la Ley N° 26.682 por tratarse de entidades sin fines de lucro".
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