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Versiones cruzadas entre padres enfrentados por el régimen de visita

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Versiones cruzadas entre padres enfrentados por el régimen de visita


Hay, según expresó un magistrado, un bien superior que debe preservarse en el vínculo entre padres separados y con hijos en común: el bienestar de los chicos. Bajo esa premisa, por lo que explicó, el juez Correccional y Contravencional de San Luis, Marcelo Bustamante Marone ordenó días atrás la detención y el llamado a indagatoria de una mujer, por impedir que una de sus hijas, de 8 años, tenga contacto con su papá. Luego de que ella se abstuviera de declarar, la procesó por ese delito. Si la defensa de ella no apela la resolución en breve, el procesamiento quedará firme.


Héctor Zavala Agüero representa a M., la procesada (N. de la R.: la identidad completa no se difunde para resguardar a la niña). Tomó el caso tras la detención y el llamado a indagatoria. Previo, la causa era trabajada por dos abogadas. El letrado dijo que su clienta asegura que las denuncias hechas por su ex son injustificadas. “Ha habido en la investigación de este caso una celeridad poco común. Ante este tipo de delitos, la mayoría de las veces se cita a las partes, se llega a un acuerdo y ahí queda todo. Ya ha trascendido en los medios que la ex pareja de mi defendida tiene actualmente una relación con una funcionaria judicial”, comentó Zavala Agüero. Su clienta sospecha que en el camino que tomó el expediente puede haber cierta influencia de esa funcionaria, a quien ella denunció antes por lesiones y amenazas.


El letrado consideró también que a la hora de ordenar el arresto, el magistrado no tomó en cuenta que M. tiene una nena mayor a la de 8 y una beba de 11 meses, que también viven con ella. “La más chiquita quedó en manos de una abuela; la otra nena, con otros familiares. Fue un trastorno poder mantener la lactancia de la más pequeña durante la detención”, dijo. Estuvo alojada en la Comisaría del Menor. Hasta allí le acercaban sus allegados a la bebé, para que la amamantara.


“Otra cosa que no se tuvo en cuenta es que ella subsiste sólo con su trabajo, que estuvo en riesgo por ausentarse durante la detención. El hombre tiene una cuota alimentaria fijada en mil pesos, que ha incumplido desde fines del año pasado”, acotó.


El expediente que da cuenta de la compleja y conflictiva relación entre los progenitores inició, en verdad, en el Juzgado de Familia y Menores 1 de San Luis, consignó Bustamante Marone. En su oportunidad, “allí establecieron un régimen de visita para el padre que, si mal no recuerdo, determinaba que la vería tres veces por semana y fin de semana de por medio”, dijo.


El magistrado refirió que las versiones cruzadas entre madre y padre constan en las actuaciones. Él afirma que su ex, de diversas formas, ha cortado su derecho a encontrarse con la chiquita. Ella, que él no ha cumplido con el acuerdo, que no iba a buscarla. También que era la niña quien no quería ver al papá.


En ese momento, el padre, D., hizo presentaciones ante la Justicia porque consideró que algunas modificaciones en los horarios de la niña, que su ex mujer había promovido,  perjudicaban el régimen. Ella habría cambiado a la nena de turno escolar y la habría inscripto en actividades extraescolares, con lo que cual se reducía la cantidad de tiempo que D. podía efectivamente compartir con ella en los días de la visita, resumió. En concreto, él hizo una denuncia por impedimento de contacto, delito ante el cual tomó intervención el Juzgado Correccional y Contravencional.


Bustamante Marone señaló que la ley indica que, ante ese cuadro, que hay que restablecer de inmediato el vínculo, para lo cual se cita a las partes a una audiencia conciliatoria. “Si hay un régimen previo hecho en el Juzgado de Familia, tal es el caso, hay que hacerlo cumplir. Nosotros no podemos modificarlo ni tomar decisiones que son propias de un juzgado de ese fuero”, aclaró.


Según el magistrado, la madre no acudió a la primera citación. Tras la segunda, pidió la suspensión de la audiencia, explicando que no podía asistir. A entender de la autoridad judicial, hubo de parte de ella actitudes tendientes a obstaculizar que su hija viera a su papá, pese a mediar un acuerdo previo, con compromiso de las partes.


La situación derivó en otra denuncia del padre, por el mismo delito, con el argumento de que, de los tres días por semana establecidos, sólo uno podía ver a la niña. “Atento a las dificultades, se fijó un régimen asistido. Esto es, que el padre y la menor se encuentran en el ámbito del Poder Judicial en presencia de un especialista, como un psicólogo o un asistente social, que observa cómo es el vínculo”, sintetizó. En un informe, el profesional que intervino refirió “que la nena lo quiere al padre, y que lo quería ver”, acotó.



"Agotamos todas las instancias"


Luego se incorporó al expediente otro informe que, según el magistrado, fue vital: el de la psicóloga Marisa Samper, coordinadora provincial de la Cámara Gesell del Poder Judicial. La profesional indicó que observó en la menor indicios de estar influenciada por la madre. El funcionario señaló que se agregaron otras pericias, y que llamaron nuevamente a las partes a una audiencia, para conciliar.


“Si mal no recuerdo, ella no vino. Fijamos una intimación a ambos a cumplir con el régimen, bajo apercibimiento de instruir sumario”, dijo. Finalmente, ante denuncias de él y con indicios de que era la mujer quien no acataba el acuerdo, ordenó su detención y el llamado a declaración indagatoria. El magistrado expresó que dispuso el arresto después de que “se agotaran todas las instancias previas”, que apuntaban a revincular a la menor con su padre.


M. fue detenida el viernes 10 cerca de las 15, indagada al día siguiente y notificada el domingo 12 del procesamiento, cerca de las 19. Pasó encerrada casi todo el fin de semana en la Comisaría del Menor. Después de que fue informada de la resolución del juez, recuperó la libertad.



"Vamos a ofrecer prueba"


Ahora “corre el plazo del sumario, los 60 días que tenemos para aportar pruebas que hagan a su derecho buscando el sobreseimiento o la absolución de ella –informó Zavala Agüero–. Lo que hay en el expediente es prueba unilateral, aportada por el denunciante. Se hizo una Cámara Gesell –N. de la R.: prueba que fue pedida por la defensora de Familia y Menores 2, Marcela Torres Capiello y ordenada por el juzgado–, que no es favorable a mi defendida. Ella sí pudo aportar en su momento un informe de la psicóloga que atendía a la menor y otro del colegio”. El primer elemento avala su versión.


El abogado detalló que solicitó la declaración de cinco testigos, que fueron citados para fin de mes. “También le pedimos al magistrado que disponga que en los horarios en los que la nena tiene que ser retirada de la casa de la madre haya presencia policial, o de quien el juez considere con facultades para constatar. Esto porque, según mi defendida, las denuncias de su ex pareja por incumplimiento de contacto son infundadas, y en el horario en que tenía que ir a buscar a la niña él no lo hacía. En lugar de ir ahí, se iba directamente a la comisaría y la denunciaba por impedirle ver a la menor, cosa que no pasaba, porque directamente no se presentaba. Queremos que alguien verifique si hay o no impedimento de contacto”, expuso. Y adelantó que es posible que ofrezcan a un reconocido psicólogo del medio como perito de parte.


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Versiones cruzadas entre padres enfrentados por el régimen de visita

Cámara gesell. Una psicóloga entrevistó allí a la nena, en 2016.

Hay, según expresó un magistrado, un bien superior que debe preservarse en el vínculo entre padres separados y con hijos en común: el bienestar de los chicos. Bajo esa premisa, por lo que explicó, el juez Correccional y Contravencional de San Luis, Marcelo Bustamante Marone ordenó días atrás la detención y el llamado a indagatoria de una mujer, por impedir que una de sus hijas, de 8 años, tenga contacto con su papá. Luego de que ella se abstuviera de declarar, la procesó por ese delito. Si la defensa de ella no apela la resolución en breve, el procesamiento quedará firme.


Héctor Zavala Agüero representa a M., la procesada (N. de la R.: la identidad completa no se difunde para resguardar a la niña). Tomó el caso tras la detención y el llamado a indagatoria. Previo, la causa era trabajada por dos abogadas. El letrado dijo que su clienta asegura que las denuncias hechas por su ex son injustificadas. “Ha habido en la investigación de este caso una celeridad poco común. Ante este tipo de delitos, la mayoría de las veces se cita a las partes, se llega a un acuerdo y ahí queda todo. Ya ha trascendido en los medios que la ex pareja de mi defendida tiene actualmente una relación con una funcionaria judicial”, comentó Zavala Agüero. Su clienta sospecha que en el camino que tomó el expediente puede haber cierta influencia de esa funcionaria, a quien ella denunció antes por lesiones y amenazas.


El letrado consideró también que a la hora de ordenar el arresto, el magistrado no tomó en cuenta que M. tiene una nena mayor a la de 8 y una beba de 11 meses, que también viven con ella. “La más chiquita quedó en manos de una abuela; la otra nena, con otros familiares. Fue un trastorno poder mantener la lactancia de la más pequeña durante la detención”, dijo. Estuvo alojada en la Comisaría del Menor. Hasta allí le acercaban sus allegados a la bebé, para que la amamantara.


“Otra cosa que no se tuvo en cuenta es que ella subsiste sólo con su trabajo, que estuvo en riesgo por ausentarse durante la detención. El hombre tiene una cuota alimentaria fijada en mil pesos, que ha incumplido desde fines del año pasado”, acotó.


El expediente que da cuenta de la compleja y conflictiva relación entre los progenitores inició, en verdad, en el Juzgado de Familia y Menores 1 de San Luis, consignó Bustamante Marone. En su oportunidad, “allí establecieron un régimen de visita para el padre que, si mal no recuerdo, determinaba que la vería tres veces por semana y fin de semana de por medio”, dijo.


El magistrado refirió que las versiones cruzadas entre madre y padre constan en las actuaciones. Él afirma que su ex, de diversas formas, ha cortado su derecho a encontrarse con la chiquita. Ella, que él no ha cumplido con el acuerdo, que no iba a buscarla. También que era la niña quien no quería ver al papá.


En ese momento, el padre, D., hizo presentaciones ante la Justicia porque consideró que algunas modificaciones en los horarios de la niña, que su ex mujer había promovido,  perjudicaban el régimen. Ella habría cambiado a la nena de turno escolar y la habría inscripto en actividades extraescolares, con lo que cual se reducía la cantidad de tiempo que D. podía efectivamente compartir con ella en los días de la visita, resumió. En concreto, él hizo una denuncia por impedimento de contacto, delito ante el cual tomó intervención el Juzgado Correccional y Contravencional.


Bustamante Marone señaló que la ley indica que, ante ese cuadro, que hay que restablecer de inmediato el vínculo, para lo cual se cita a las partes a una audiencia conciliatoria. “Si hay un régimen previo hecho en el Juzgado de Familia, tal es el caso, hay que hacerlo cumplir. Nosotros no podemos modificarlo ni tomar decisiones que son propias de un juzgado de ese fuero”, aclaró.


Según el magistrado, la madre no acudió a la primera citación. Tras la segunda, pidió la suspensión de la audiencia, explicando que no podía asistir. A entender de la autoridad judicial, hubo de parte de ella actitudes tendientes a obstaculizar que su hija viera a su papá, pese a mediar un acuerdo previo, con compromiso de las partes.


La situación derivó en otra denuncia del padre, por el mismo delito, con el argumento de que, de los tres días por semana establecidos, sólo uno podía ver a la niña. “Atento a las dificultades, se fijó un régimen asistido. Esto es, que el padre y la menor se encuentran en el ámbito del Poder Judicial en presencia de un especialista, como un psicólogo o un asistente social, que observa cómo es el vínculo”, sintetizó. En un informe, el profesional que intervino refirió “que la nena lo quiere al padre, y que lo quería ver”, acotó.



"Agotamos todas las instancias"


Luego se incorporó al expediente otro informe que, según el magistrado, fue vital: el de la psicóloga Marisa Samper, coordinadora provincial de la Cámara Gesell del Poder Judicial. La profesional indicó que observó en la menor indicios de estar influenciada por la madre. El funcionario señaló que se agregaron otras pericias, y que llamaron nuevamente a las partes a una audiencia, para conciliar.


“Si mal no recuerdo, ella no vino. Fijamos una intimación a ambos a cumplir con el régimen, bajo apercibimiento de instruir sumario”, dijo. Finalmente, ante denuncias de él y con indicios de que era la mujer quien no acataba el acuerdo, ordenó su detención y el llamado a declaración indagatoria. El magistrado expresó que dispuso el arresto después de que “se agotaran todas las instancias previas”, que apuntaban a revincular a la menor con su padre.


M. fue detenida el viernes 10 cerca de las 15, indagada al día siguiente y notificada el domingo 12 del procesamiento, cerca de las 19. Pasó encerrada casi todo el fin de semana en la Comisaría del Menor. Después de que fue informada de la resolución del juez, recuperó la libertad.



"Vamos a ofrecer prueba"


Ahora “corre el plazo del sumario, los 60 días que tenemos para aportar pruebas que hagan a su derecho buscando el sobreseimiento o la absolución de ella –informó Zavala Agüero–. Lo que hay en el expediente es prueba unilateral, aportada por el denunciante. Se hizo una Cámara Gesell –N. de la R.: prueba que fue pedida por la defensora de Familia y Menores 2, Marcela Torres Capiello y ordenada por el juzgado–, que no es favorable a mi defendida. Ella sí pudo aportar en su momento un informe de la psicóloga que atendía a la menor y otro del colegio”. El primer elemento avala su versión.


El abogado detalló que solicitó la declaración de cinco testigos, que fueron citados para fin de mes. “También le pedimos al magistrado que disponga que en los horarios en los que la nena tiene que ser retirada de la casa de la madre haya presencia policial, o de quien el juez considere con facultades para constatar. Esto porque, según mi defendida, las denuncias de su ex pareja por incumplimiento de contacto son infundadas, y en el horario en que tenía que ir a buscar a la niña él no lo hacía. En lugar de ir ahí, se iba directamente a la comisaría y la denunciaba por impedirle ver a la menor, cosa que no pasaba, porque directamente no se presentaba. Queremos que alguien verifique si hay o no impedimento de contacto”, expuso. Y adelantó que es posible que ofrezcan a un reconocido psicólogo del medio como perito de parte.


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