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El proyecto de bajar la edad de imputabilidad cosecha rechazos

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El proyecto de bajar la edad de imputabilidad cosecha rechazos


El gobierno del presidente Mauricio Macri pretende bajar otra vez la edad de imputabilidad penal de los menores a partir de los 14 años. La Ley 22.278, sancionada el 25 de agosto de 1980, durante el gobierno de facto del dictador Jorge Rafael Videla, había fijado que ya a esa edad un adolescente podía ser castigado por la Justicia. El 5 de mayo de 1983, el también presidente de facto Reynaldo Bignone, mediante la Ley 22.803, derogó el artículo 2º de aquella norma y volvió a elevar a 16 años la edad mínima para que un chico sea imputado por delitos graves. Ésa es la normativa que rige aún hoy.


El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, porta el estandarte de quienes llevan adelante la iniciativa de rebajar la edad de imputabilidad, con no muchos más argumentos que el de que una medida así es demandada por “sectores de la sociedad preocupados por la seguridad”.


Pero ni bien se conoció el proyecto, el último día del año pasado, se alzaron en contra las voces de quienes conocen el problema de la minoridad en conflicto con la Ley Penal e intervienen en su resolución, en el ámbito nacional.


En San Luis, El Diario consultó, para esta nota, a profesionales de diferentes disciplinas científicas que aportan fundamentos a los intentos de fijar la menor manera de enfrentar y resolver el problema. Ninguno se manifestó de acuerdo a rebajar la edad de imputabilidad, aun cuando aceptan que el tema se puede debatir. Todos proponen que el Estado nacional encare, en primer lugar, soluciones más integrales y de fondo que una simple reducción del límite etario para la imputabilidad.

El ministro Garavano y otros adherentes al proyecto aducen que “ha aumentado la cantidad de chicos de menos de 16 años que cometen delitos”. Sin embargo, quienes se oponen aseguran que la participación de adolescentes en delitos graves es, estadísticamente, muy baja.


Según un estudio realizado por Unicef (el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) a partir de datos suministrados por organismos oficiales de Argentina, “hay 3.908 jóvenes infractores y presuntos infractores de la Ley Penal de hasta 17 años inclusive, alojados en establecimientos o incluidos en programas de todo el país. Esta cantidad representa 0,14% del total de población de 14 a 17 años del país, según las proyecciones de población por edades simples del Instituto Nacional de Estadística y Censos para el año 2015”. Es decir, no llegan al uno por ciento.


“De este total de 3.908 adolescentes, la mayoría (89,5%) tiene entre 16 y 17 años, esto implica que, en la medida que los delitos imputados sean de acción pública y con una pena de más de dos años de prisión, serían considerados punibles según la legislación vigente. Como contraparte, 10,5% de los adolescentes tienen menos de 16 años, y por lo tanto no son punibles en función de su edad”, agrega.


Esas cifras están contenidas en el “relevamiento nacional sobre adolescentes en conflicto con la Ley Penal, año 2015”. Es el dato más reciente con el que cuenta Unicef y el informe que lo contiene forma parte de la campaña “Hay alternativas”, en la cual el Fondo de Naciones Unidas propone a los gobiernos buscar otras opciones a la idea de ampliar la franja de edad a la que una persona debe enfrentar un proceso penal, que otros, en términos más gráficos y más duros, llaman “criminalizar la juventud”.


“Bajar la edad de la imputabilidad no mejora la seguridad, porque los adolescentes no son la causa de la inseguridad”, sostiene Unicef. Agrega que “la adolescencia es la etapa en la que más se puede cambiar”, por lo tanto, “los adolescentes tienen más oportunidades que los adultos de modificar su conducta”. Y que “existen medidas alternativas al encierro más eficaces para que los adolescentes se alejen del delito, como las políticas de inclusión, educación, salud y deporte”.


En líneas generales, todos los entrevistados por El Diario coincidieron en esa postura.


Para los menores que ya han incurrido en el delito “existe un abanico amplio de sanciones y medidas no privativas de la libertad, previstas por la legislación internacional, que buscan promover la reinserción social, como la obligación de reparar el daño o satisfacción de la víctima, la advertencia, la amonestación, la multa, la prestación de servicios a la comunidad o la libertad asistida, libertad vigilada, entre otras”, proclama Unicef.


Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, remarca que “la opinión pública está muy condicionada por la sensación de inseguridad y la respuesta de mano dura. En muchos de nuestros países los políticos se hacen elegir prometiendo que van a terminar con el problema de la inseguridad”.


“Hay muy buenos estudios científicos y criminológicos –agrega– que determinan que ésta es la peor manera de combatir el crimen, especialmente con los niños y niñas, porque los lugares de detención terminan siendo escuelas de crimen y porque la falta de servicios de resocialización y reintegración hacen que a la salida el niño esté estigmatizado y no pueda conseguir empleo y por supuesto el único recurso es volver al crimen”.


Para los delitos graves


Aunque a principios de este año, ante la repercusión negativa que había cosechado la propuesta macrista, Garavano había salido a decir que “la idea del gobierno es discutir el régimen penal de la minoridad, no bajar la edad de imputabilidad”, luego terminó por admitir que quieren llevar adelante esa reforma.


“Estamos planteando la posibilidad de reducir la imputabilidad a partir de los 14 años para delitos graves o gravísimos, en los casos de homicidios y violaciones. Y probablemente, para la franja de 15 años, para otros delitos como robo con armas, para hacer una progresión en términos de la evolución dentro del delito, que se permita la investigación y la prosecución de estos procesos", declaró el ministro de Justicia a la agencia oficial de noticias, Télam, el 4 de marzo, en Mendoza, cuando acompañó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la VI Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior.


"Es necesario –abundó– generar un ajuste en la edad hacia abajo para que jóvenes que realmente cometen un homicidio asuman la responsabilidad, claramente de modo distinto de que lo debiera asumir un adulto, pero que haya una asunción de responsabilidad".


Lo que pretende el Gobierno, dijo Garavano, es “revisar el régimen penal de la minoridad, que es de la época de Videla”. Pero, curiosamente, el Poder Ejecutivo propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, que es justamente la edad que había fijado el dictador del Proceso de Reorganización Nacional en la Ley 22.278, de 1980.


La Iglesia Católica ya se manifestó en contra del proyecto.


En un documento de la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia, dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina, advirtió que el mayor porcentaje de menores en conflicto con la ley penal “son pobres, varones en su mayoría, y han cometido delitos contra la propiedad, que cuentan con un fuerte déficit en la escolarización, y que provienen de familias desintegradas y de baja calificación laboral”.


En las mesas de trabajo que el Ministerio de Justicia de la Nación convocó a principios de este año, para discutir su iniciativa, participó, junto a otros miembros de Poderes Judiciales de distintos puntos del país, la jueza de Familia y Menores 1 de San Luis, Estela Bustos.


En esas comisiones, el proyecto de bajar la imputabilidad cosechó sólo rechazos.


Al final de las discusiones, las organizaciones y especialistas convocados por el Gobierno emitieron un comunicado en el que sostuvieron que “se verificó la más amplia y generalizada coincidencia respecto de que no debe ni puede reducirse la edad punibilidad contemplada en la legislación actual en los 16 años”.


Esas conclusiones fueron un revés para el Gobierno. Los dictámenes adversos no le hicieron gracia y “el subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, realizó manifestaciones en las que denostó nuestras intervenciones en contra de la baja, señalando que más allá de eso no efectuamos propuestas”, dijeron en el comunicado final. “Lo que implica desconocer los aportes que se realizaron en las mesas de trabajo que él mismo coordinó, y los recorridos de experiencias de cada uno de los participantes que nos valió ser parte de la convocatoria”, agregaron. No sólo eso: “El Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que se manipuló el número de asistentes, para relativizar el consenso que se alcanzó en el último encuentro del pasado 23 de febrero”, mayoritario en contra del proyecto oficial, dijeron.


“Es un verdadera falacia que para prevenir el delito sea necesario bajar la edad de la imputabilidad, dado que los jóvenes sólo han participado bastante menos de lo que se anuncia en la comisión de delitos durante el año pasado (4,3% del total de los delitos, un 5,4% de los robos a mano armada y en el 13% de los homicidios). El núcleo duro del delito pertenece a las personas mayores de edad”, sostiene uno de los dictámenes de los especialistas, que lleva la firma del defensor público coadyuvante de la Defensoría General de la Nación, Gabriel Lanaro Ojeda, integrante de la Asociación Pensamiento Penal.


Señalaron que “la Convención Internacional de los Derechos del Niño establece que los estados deben determinar una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales. A partir de allí se extrae la conclusión de que por debajo de esa edad será apropiada y deseable la adopción de medidas para tratar a los niños sin recurrir a procedimientos judiciales. El Comité de los Derechos del Niño, órgano interpretativo de la Convención, alienta a los estados parte a incrementar la edad mínima de responsabilidad penal y no a bajarla. En definitiva, el sistema interamericano desaconseja la baja de edad”.


“Que a 28 años de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño estemos discutiendo, y reduciendo, el problema de la infancia a  la baja de edad de punibilidad, es un fracaso rotundo del Estado y la sociedad civil. Es una situación triste, que lejos de ser agradable o gratificante, sea cual fuere el cuadro ideológico personal, da pena y vergüenza”, expresaron en el mismo documento.


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El proyecto de bajar la edad de imputabilidad cosecha rechazos

Chicos en conflicto con la ley penal. Las estadísticas indican que es muy bajo el porcentaje de delitos cometidos por menores.

El gobierno del presidente Mauricio Macri pretende bajar otra vez la edad de imputabilidad penal de los menores a partir de los 14 años. La Ley 22.278, sancionada el 25 de agosto de 1980, durante el gobierno de facto del dictador Jorge Rafael Videla, había fijado que ya a esa edad un adolescente podía ser castigado por la Justicia. El 5 de mayo de 1983, el también presidente de facto Reynaldo Bignone, mediante la Ley 22.803, derogó el artículo 2º de aquella norma y volvió a elevar a 16 años la edad mínima para que un chico sea imputado por delitos graves. Ésa es la normativa que rige aún hoy.


El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, porta el estandarte de quienes llevan adelante la iniciativa de rebajar la edad de imputabilidad, con no muchos más argumentos que el de que una medida así es demandada por “sectores de la sociedad preocupados por la seguridad”.


Pero ni bien se conoció el proyecto, el último día del año pasado, se alzaron en contra las voces de quienes conocen el problema de la minoridad en conflicto con la Ley Penal e intervienen en su resolución, en el ámbito nacional.


En San Luis, El Diario consultó, para esta nota, a profesionales de diferentes disciplinas científicas que aportan fundamentos a los intentos de fijar la menor manera de enfrentar y resolver el problema. Ninguno se manifestó de acuerdo a rebajar la edad de imputabilidad, aun cuando aceptan que el tema se puede debatir. Todos proponen que el Estado nacional encare, en primer lugar, soluciones más integrales y de fondo que una simple reducción del límite etario para la imputabilidad.

El ministro Garavano y otros adherentes al proyecto aducen que “ha aumentado la cantidad de chicos de menos de 16 años que cometen delitos”. Sin embargo, quienes se oponen aseguran que la participación de adolescentes en delitos graves es, estadísticamente, muy baja.


Según un estudio realizado por Unicef (el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) a partir de datos suministrados por organismos oficiales de Argentina, “hay 3.908 jóvenes infractores y presuntos infractores de la Ley Penal de hasta 17 años inclusive, alojados en establecimientos o incluidos en programas de todo el país. Esta cantidad representa 0,14% del total de población de 14 a 17 años del país, según las proyecciones de población por edades simples del Instituto Nacional de Estadística y Censos para el año 2015”. Es decir, no llegan al uno por ciento.


“De este total de 3.908 adolescentes, la mayoría (89,5%) tiene entre 16 y 17 años, esto implica que, en la medida que los delitos imputados sean de acción pública y con una pena de más de dos años de prisión, serían considerados punibles según la legislación vigente. Como contraparte, 10,5% de los adolescentes tienen menos de 16 años, y por lo tanto no son punibles en función de su edad”, agrega.


Esas cifras están contenidas en el “relevamiento nacional sobre adolescentes en conflicto con la Ley Penal, año 2015”. Es el dato más reciente con el que cuenta Unicef y el informe que lo contiene forma parte de la campaña “Hay alternativas”, en la cual el Fondo de Naciones Unidas propone a los gobiernos buscar otras opciones a la idea de ampliar la franja de edad a la que una persona debe enfrentar un proceso penal, que otros, en términos más gráficos y más duros, llaman “criminalizar la juventud”.


“Bajar la edad de la imputabilidad no mejora la seguridad, porque los adolescentes no son la causa de la inseguridad”, sostiene Unicef. Agrega que “la adolescencia es la etapa en la que más se puede cambiar”, por lo tanto, “los adolescentes tienen más oportunidades que los adultos de modificar su conducta”. Y que “existen medidas alternativas al encierro más eficaces para que los adolescentes se alejen del delito, como las políticas de inclusión, educación, salud y deporte”.


En líneas generales, todos los entrevistados por El Diario coincidieron en esa postura.


Para los menores que ya han incurrido en el delito “existe un abanico amplio de sanciones y medidas no privativas de la libertad, previstas por la legislación internacional, que buscan promover la reinserción social, como la obligación de reparar el daño o satisfacción de la víctima, la advertencia, la amonestación, la multa, la prestación de servicios a la comunidad o la libertad asistida, libertad vigilada, entre otras”, proclama Unicef.


Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, remarca que “la opinión pública está muy condicionada por la sensación de inseguridad y la respuesta de mano dura. En muchos de nuestros países los políticos se hacen elegir prometiendo que van a terminar con el problema de la inseguridad”.


“Hay muy buenos estudios científicos y criminológicos –agrega– que determinan que ésta es la peor manera de combatir el crimen, especialmente con los niños y niñas, porque los lugares de detención terminan siendo escuelas de crimen y porque la falta de servicios de resocialización y reintegración hacen que a la salida el niño esté estigmatizado y no pueda conseguir empleo y por supuesto el único recurso es volver al crimen”.


Para los delitos graves


Aunque a principios de este año, ante la repercusión negativa que había cosechado la propuesta macrista, Garavano había salido a decir que “la idea del gobierno es discutir el régimen penal de la minoridad, no bajar la edad de imputabilidad”, luego terminó por admitir que quieren llevar adelante esa reforma.


“Estamos planteando la posibilidad de reducir la imputabilidad a partir de los 14 años para delitos graves o gravísimos, en los casos de homicidios y violaciones. Y probablemente, para la franja de 15 años, para otros delitos como robo con armas, para hacer una progresión en términos de la evolución dentro del delito, que se permita la investigación y la prosecución de estos procesos", declaró el ministro de Justicia a la agencia oficial de noticias, Télam, el 4 de marzo, en Mendoza, cuando acompañó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la VI Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior.


"Es necesario –abundó– generar un ajuste en la edad hacia abajo para que jóvenes que realmente cometen un homicidio asuman la responsabilidad, claramente de modo distinto de que lo debiera asumir un adulto, pero que haya una asunción de responsabilidad".


Lo que pretende el Gobierno, dijo Garavano, es “revisar el régimen penal de la minoridad, que es de la época de Videla”. Pero, curiosamente, el Poder Ejecutivo propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, que es justamente la edad que había fijado el dictador del Proceso de Reorganización Nacional en la Ley 22.278, de 1980.


La Iglesia Católica ya se manifestó en contra del proyecto.


En un documento de la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia, dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina, advirtió que el mayor porcentaje de menores en conflicto con la ley penal “son pobres, varones en su mayoría, y han cometido delitos contra la propiedad, que cuentan con un fuerte déficit en la escolarización, y que provienen de familias desintegradas y de baja calificación laboral”.


En las mesas de trabajo que el Ministerio de Justicia de la Nación convocó a principios de este año, para discutir su iniciativa, participó, junto a otros miembros de Poderes Judiciales de distintos puntos del país, la jueza de Familia y Menores 1 de San Luis, Estela Bustos.


En esas comisiones, el proyecto de bajar la imputabilidad cosechó sólo rechazos.


Al final de las discusiones, las organizaciones y especialistas convocados por el Gobierno emitieron un comunicado en el que sostuvieron que “se verificó la más amplia y generalizada coincidencia respecto de que no debe ni puede reducirse la edad punibilidad contemplada en la legislación actual en los 16 años”.


Esas conclusiones fueron un revés para el Gobierno. Los dictámenes adversos no le hicieron gracia y “el subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, realizó manifestaciones en las que denostó nuestras intervenciones en contra de la baja, señalando que más allá de eso no efectuamos propuestas”, dijeron en el comunicado final. “Lo que implica desconocer los aportes que se realizaron en las mesas de trabajo que él mismo coordinó, y los recorridos de experiencias de cada uno de los participantes que nos valió ser parte de la convocatoria”, agregaron. No sólo eso: “El Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que se manipuló el número de asistentes, para relativizar el consenso que se alcanzó en el último encuentro del pasado 23 de febrero”, mayoritario en contra del proyecto oficial, dijeron.


“Es un verdadera falacia que para prevenir el delito sea necesario bajar la edad de la imputabilidad, dado que los jóvenes sólo han participado bastante menos de lo que se anuncia en la comisión de delitos durante el año pasado (4,3% del total de los delitos, un 5,4% de los robos a mano armada y en el 13% de los homicidios). El núcleo duro del delito pertenece a las personas mayores de edad”, sostiene uno de los dictámenes de los especialistas, que lleva la firma del defensor público coadyuvante de la Defensoría General de la Nación, Gabriel Lanaro Ojeda, integrante de la Asociación Pensamiento Penal.


Señalaron que “la Convención Internacional de los Derechos del Niño establece que los estados deben determinar una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales. A partir de allí se extrae la conclusión de que por debajo de esa edad será apropiada y deseable la adopción de medidas para tratar a los niños sin recurrir a procedimientos judiciales. El Comité de los Derechos del Niño, órgano interpretativo de la Convención, alienta a los estados parte a incrementar la edad mínima de responsabilidad penal y no a bajarla. En definitiva, el sistema interamericano desaconseja la baja de edad”.


“Que a 28 años de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño estemos discutiendo, y reduciendo, el problema de la infancia a  la baja de edad de punibilidad, es un fracaso rotundo del Estado y la sociedad civil. Es una situación triste, que lejos de ser agradable o gratificante, sea cual fuere el cuadro ideológico personal, da pena y vergüenza”, expresaron en el mismo documento.


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