Fertilización asistida: una ley que trae esperanza a muchas familias | Provincia | El Diario de la República El Diario de la República
Provincia - | 16-06-2013 | 08:33 | 0

Fertilización asistida: una ley que trae esperanza a muchas familias

El Congreso Nacional la aprobó casi por unanimidad. Pero hay dudas sobre los fondos y el destino de los embriones.

Por Marcelo Dettoni
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  • 1/1 Organizaciones civiles dan rienda suelta a su alegría en los palcos del Congreso la noche en la que se aprobó la ley.

El desarrollo científico de las técnicas de reproducción médicamente asistidas nunca fue de la mano con la accesibilidad a esos tratamientos, por lo que siempre quedaron al alcance sólo de las parejas con los suficientes medios económicos para afrontarlos. Eso puede haber quedado en la historia el miércoles 5 de este mes, cuando la Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la Ley de Fertilización Asistida, que asegura la cobertura de estos procedimientos de parte de las obras sociales sindicales, las prepagas y el sistema público de salud en general. Fue una votación casi unánime, con 204 a favor, diez abstenciones y apenas un legislador en disidencia.
Representa un paso enorme hacia un sistema de salud más solidario, aunque tiene las lógicas resistencias de quienes verán reducidas sus ganancias, como es el caso de las prepagas; o aquellos que tendrán sus ‘cajas’ sindicales comprometidas con nuevos y costosos tratamientos que antes no estaban incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO). Falta la reglamentación de parte del Poder Ejecutivo y no es un detalle menor, ya que el texto final dependerá de este paso y seguramente se verá sometido a fuertes presiones de los grupos empresarios involucrados, entre los que tallan fuerte las obras sociales privadas, quienes ya anticiparon que la instrumentación es “inviable económicamente”. Por eso ese mismo miércoles, la diputada puntana Ivana Bianchi (Compromiso Federal) pidió que “se reglamente la ley en las próximas 48 horas para los hombres y mujeres que esperan ser padres y no pueden costear un tratamiento”. No fue tan rápido y aún no hay una fecha definida.
El impacto social, según la diputada Virginia Linares (GEN), es importante: “Unas 600 mil personas sufren la imposibilidad de procrear, estamos hablando del 20% de las parejas en condiciones de armar una familia. La posibilidad de tener un hijo no puede estar condicionada por la capacidad de pago de la gente”. Otro cálculo, en este caso de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, asegura que actualmente se producen 10 mil tratamientos al año y que esa cifra se va a cuadruplicar.
La cobertura, tal como salió en la norma aprobada por el Congreso, es amplia y generosa. Incluye las técnicas de baja complejidad, como la inseminación artificial, y las de alta, como la fertilización in vitro, que incluyan o no la donación de gametos y/o embriones. No impone un límite de edad (sólo que sean mayores), ni de orientación sexual o estado civil. Apenas requiere un consentimiento informado. Además, obliga a los hospitales públicos y las obras sociales de todo tipo a apoyar no sólo el tratamiento, sino también el diagnóstico, los medicamentos y la terapia de apoyo. Las técnicas incluidas son las que avala la Organización Mundial de la Salud (OMS): inducción a la ovulación, estimulación ovárica controlada, desencadenamiento de la ovulación, técnicas de reproducción asistida y la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, tanto con gametos del cónyuge como de un donante.
La Iglesia, en contra. Otra disposición, resistida por la Iglesia católica y sus organizaciones, incluye los servicios de guarda de gametos o tejidos reproductivos para todas las personas, incluso los menores de 18 años, que por problemas de salud, tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas “puedan ver comprometida su capacidad de procrear en el futuro”. El padre Rubén Revello, de la Universidad Católica Argentina, una voz autorizada en cuestiones de bioética, cuestionó en general la fecundación in vitro y sobre todo “la pérdida de embriones” que implican los tratamientos, por considerar que éstos “no son un simple cúmulo de células que se usan, seleccionan y descartan, sino vida humana”. Revello también criticó que la nueva ley abra “las puertas al alquiler de vientres y la donación de óvulos”, lo que afecta la dignidad de la mujer. En tanto que se mostró en desacuerdo con que “mujeres o varones solteros o en pareja con cónyuges de su mismo sexo puedan acceder a un hijo, impidiendo deliberadamente que el chico tenga un papá y una mamá”.
Por supuesto, la aprobación tampoco fue tomada con beneplácito por la cámara que agrupa a las obras sociales prepagas.
"Creo que es una irresponsabilidad de parte de los legisladores sancionar una ley sin saber cómo se va a financiar lo que aprueban. Lo que va a pasar es que el costo se va a prorratear entre todos los usuarios del sistema", dijo Federico Díaz Mathe, director ejecutivo de la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales de la República Argentina (CIMARA), que nuclea a alrededor de 20 clínicas y sanatorios. El directivo agregó: "Mucha gente que no tiene interés en practicarse una inseminación artificial va a terminar financiando estos tratamientos".
El Ministerio de Salud de la Nación, como autoridad de aplicación, deberá crear un registro único que incluirá todos los centros de tratamiento, tanto públicos como privados, habilitados para llevar adelante estas técnicas. De allí saldrá la partida presupuestaria anual para realizar campañas de información sobre los cuidados de la fertilidad y la capacitación de los profesionales que se especializarán en técnicas de reproducción asistida. Estas últimas fueron las modificaciones que introdujo el Senado cuando el proyecto de ley pasó por el recinto. Después de demorar su tratamiento durante casi un año, finalmente lo hizo y volvió a Diputados para su sanción definitiva. Los militantes de organizaciones civiles defensoras de esta causa festejaron largamente, pero la lucha no termina aquí. Ahora vendrán los verdaderos desafíos para plasmar en la realidad lo que aprobaron los legisladores casi sin distinción de partidos ni banderas políticas.
 


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