La decisión más correcta

"Sé que muchas veces los que mejor han hecho las cosas son los que se ven perjudicados con las compensaciones, por eso agradezco y valoro mucho eso", dijo el primer mandatario. Palabras del presidente de todos los argentinos con motivo de la firma del denominado Pacto Fiscal. Queda todo dicho. El Pacto Fiscal no es otra cosa que la versión corregida y aumentada de un sinnúmero de “acuerdos” entre la Nación y las provincias. Los resultados de aquellos acuerdos están a la vista: provincias empobrecidas que jamás cumplieron esos acuerdos; un gobierno nacional que jamás cumplió con las provincias. Para poner en contexto la situación basta contemplar el estado actual de la economía argentina en su conjunto. Basta evaluar el desempleo, la pobreza, la exclusión, el déficit fiscal, el déficit comercial, el nivel de endeudamiento, el salario real. Todo este descalabro es sobrino de pactos similares al actual jamás cumplidos y portadores de genuina pobreza. Si se trata de historia: San Luis no registra deudas y en la peor de la crisis no emitió ni bonos ni patacones, ni cosa parecida. No tiene déficit fiscal. Promete y cumple. Paga a la administración pública muy buenos sueldos, en tiempo y forma desde hace muchos, muchos años. Genera abundante obra pública, cumple los plazos de ejecución y de pago. Viene bien el recuerdo, dado el brote de especialistas que pretenden decidir qué es lo que la provincia debe hacer o dejar de hacer. San Luis tiene y ejerce soberanía. La que le otorga la Constitución Nacional, la que ampara la Constitución Provincial. La que mucho mediocre acelerado pretende desconocer al amparo de un cargo público, o de alguna efímera fama mediática.

Por otro lado, es muy interesante dejar en claro para qué se realiza este pacto fiscal. Y acá sí que cabe un reconocimiento, muchas veces hay que especular, o analizar muy fino, o leer entre líneas, no es este caso. El Presidente de todos los argentinos lo dijo con todas las letras, y anticipó que muchos ya sabían para qué era: “…Ya lo hablamos con varios de ustedes. El tema del EMPLEO PÚBLICO y el NIVEL DE SALARIOS. Porque estamos creando condiciones para que se genere trabajo en el sector privado. El problema es que si le competimos con salarios más altos, el sector privado no va a poder generar la mano de obra que necesita para su crecimiento. Entonces tenemos que lograr que esto se regularice en un nivel razonable y equilibrado”.  Clarísimo. Por las dudas, empleados públicos de una provincia son los docentes, los policías, los agentes de sanidad, y todos aquellos que reciben alguna remuneración por su trabajo de parte del gobierno provincial. El nivel salarial debe ser más bajo para que el privado se vea tentado de contratar mano de obra. Nada de nivelar  para arriba. La ecuación de la famosa productividad va a cerrar a partir de la baja de los salarios de los empleados públicos.

Para quienes creen que no participar de este contubernio fue una decisión antojadiza y descomedida cabe aclarar que se hizo lo que se debía hacer. Los gobernantes deben cumplir la Constitución y las leyes. Cada gobernador sabrá cuál es su responsabilidad. El 28 de octubre de 2007 hubo en San Luis una consulta popular, establecida mediante la ley N° V-0575-2007, sancionada por la Cámara de Senadores y Diputados de San Luis. En ella el Poder Ejecutivo puntano le preguntó a los ciudadanos habilitados a votar si estaban o no de acuerdo con una presentación para reclamar la deuda en la Justicia. El resultado fue apabullante en favor del sí. Obedeciendo aquel mandato hoy hay más de diez demandas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una de ellas tiene fallo favorable a San Luis, incluso una intimación de pago por parte de la Corte  a la Nación. ¿Puede un gobernante renunciar a esos fondos en aras de disminuir el empleo público provincial y bajar los salarios?