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La justicia como legado

Por redacción
| 29 de noviembre de 2017

Creado en pleno conflicto de los Balcanes, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) cierra el mes próximo tras dedicar casi un cuarto de siglo a escuchar y juzgar a quienes cometieron los peores crímenes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

 

El tribunal, con sede en La Haya, condenó a cadena perpetua a Ratko Mladic, ex jefe militar de los serbios de Bosnia, por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, en su último veredicto en primera instancia.

 

Deja una herencia impresionante, según los expertos: ayudó a escribir la historia del conflicto, advirtió a los criminales de guerra del planeta que podrían también encontrarse en el banco de los acusados y esbozó los contornos de una jurisprudencia internacional para crímenes como el genocidio.

 

El TPIY mostró que sí era “posible llevar a la justicia a personalidades de alto nivel responsables de crímenes” en esta guerra, analizó Diana Goff, abogada internacional e investigadora del Instituto Clingendael. Y proporcionó un proyecto actualizado sobre cómo crear un Tribunal Penal Internacional en la era de la post Guerra Fría.

 

Alertada en la época por las masacres, violaciones sistemáticas y la limpieza étnica registradas en una Yugoslavia tensada por rivalidades intercomunitarias tras la muerte del mariscal Tito, la comunidad internacional decidió reaccionar.

 

Pero, a falta de voluntad política para realizar una intervención militar, el Consejo de Seguridad de la ONU hizo un gesto en mayo de 1993, al crear, con la adopción de la resolución 827, un tribunal internacional para poner fin a esos crímenes y llevar ante la justicia a las personas responsables.

 

El TPIY fue el primer tribunal para crímenes de guerra establecido por Naciones Unidas y el primer tribunal internacional instalado tras los procesos de Nuremberg contra los dignatarios nazis.

 

El tribunal debía también servir de modelo a los tribunales ad hoc similares encargados de procesar a los responsables del genocidio ruandés de 1994 y las atrocidades de Sierra Leona.

 

Pero al comienzo, las expectativas no eran muy ambiciosas. Los más escépticos aseguraban que no habría ni acusaciones, ni condenas, ni penas. Pero ahora, cuando el tribunal se apresta a cerrar sus puertas el 31 de diciembre con un balance de 161 procesados, se celebra que haya instaurado parámetros para investigar, procesar y definir crímenes tan complejos como el genocidio.

 

Se convirtió en el primer tribunal internacional que inculpó a un jefe de Estado en funciones: el presidente serbio Slobodan Milosevic, en 1999. Más de 4.000 testigos contaron sus historias a lo largo de los años. Y millones de páginas de archivos se han convertido en la actualidad en una biblioteca de referencia para el futuro.

 

La herencia principal fueron los procesos en que centenares de personas rindieron testimonio y presentaron rastros irrefutables de crímenes masivos cometidos en la ex Yugoslavia por todos los bandos.

 

El tribunal sigue siendo sin embargo objeto de críticas por haber fallado en su más noble ambición: asegurar la reconciliación en un contexto de aumento de los nacionalismos. “Casi todas las partes en el conflicto creen que estaban demasiado en la mira del TPIY y que sus adversarios fueron menos” molestados, subrayó Mark Kersten, investigador en derecho penal internacional en la universidad de Toronto.

 

Una crítica que aceptó la Fiscalía: un proceso judicial no puede lograr nunca la reconciliación, que debe surgir del interior de la propia sociedad. Exigir de una corte que logre la reconciliación, es exigirle demasiado a la justicia.

 

El TPIY ayudó sin embargo a reducir los llamados a la venganza, provocados especialmente por la falta de justicia para los crímenes de la Segunda Guerra Mundial.

 

El veredicto contra Ratko Mladic es una advertencia para los criminales de que no escaparán a la justicia, aunque sean muy poderosos. De eso se trata. De la justicia como legado.

 

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