El “estado de naturaleza”

El contrato social en México se ha roto, se suele leer por ahí. Y es que ante la falta de presencia del Estado en temas tan sensibles como la seguridad, los mexicanos parecen vivir en ese “estado de naturaleza” previo a cualquier orden, y en el que, según el filósofo Thomas Hobbes, los hombres estaban en estado de guerra, una guerra de todos contra todos.

La historia de la violencia en México no es nueva y tampoco es de exclusiva responsabilidad mexicana. Pero ante esa situación, la seguridad privada y los grupos de civiles armados han ocupado el papel que hasta ahora el Estado no ha sido capaz de ocupar. El resultado de las políticas implementadas hasta hoy fue el aumento de la violencia, el surgimiento de nuevos cárteles, de nuevos crímenes y de la impunidad.

Los temas de fondo prometen ser tratados como lo que son por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador: la rentabilidad del narcotráfico y las desigualdades que convirtieron al país en uno de los más violentos del mundo.

El comienzo de la espiral de violencia

De las catalogadas como las 50 ciudades más violentas del mundo, 11 son mexicanas. Y Los Cabos, ubicada en este país, es la más violenta de todas, según un informe de la organización mexicana “Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal”.

Es difícil hablar de violencia en México y dejar de lado el tema del narcotráfico. Ambas cuestiones están estrecha y naturalmente ligadas. Y la espiral de violencia, delitos, crímenes y represión no es nueva en México, aunque sí lo son los altos índices del presente siglo.

Además de compartir fronteras con el mayor consumidor de drogas y proveedor de armas del mundo (Estados Unidos), en México otros factores propiciaron la llegada, instalación y propagación del narcotráfico y la violencia en los últimos años.

De tradición unipartidista, el país comenzó una transición política en el año 2000, y pasó a un sistema multipartidario, algo sin dudas considerado un logro para la democracia, pero también una oportunidad para los narcotraficantes.

El período de adaptación a las nuevas formas políticas coincidió con la implementación del Plan Colombia, por el que el país sudamericano y los Estados Unidos comenzaron una lucha para erradicar los cultivos de coca, atacando la producción de drogas pero no su rentabilidad y demanda, lo que generó en muchos casos una disminución de la producción pero también la necesidad de trasladar esa “industria” a otro ámbito para seguir satisfaciendo las necesidades de un mercado en crecimiento.

Propio de cualquier reacomo damiento democrático, las instituciones debilitadas aún por el proceso y la cercanía de México al mayor mercado consumidor, hicieron que gran parte de ese tráfico se trasladara a aquel país, campo fértil para que prosperaran nuevos cárteles que se sumarían a los ya existentes.

El vacío que aún no ocupaba el renovado estado fue ocupado por los narcos que comenzaron a gobernar mediante sobornos a jueces, políticos y policías.

A eso se sumó una política de choque de los nuevos presidentes. Si antes se había tejido con el narcotráfico una red de corrupción y de cierta “tolerancia”, ahora la lucha se centraba en combatir las cabezas del crimen, algo que además de radicalizar el conflicto generó el surgimiento de nuevos delitos y grupos armados.

La guerra contra el narco, la guerra contra todos

En 2006, el presidente Felipe Calderón inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que terminó años después en una lucha enfocada sólo en la seguridad y con un trágico final para los mexicanos. Se calcula que desde la fecha de inicio dejó un saldo de entre 30.000 y 50.000 desaparecidos y más de 200.000 muertos.

La estrategia iniciada por Calderón y continuada por su sucesor Enrique Peña Nieto se centró en detener y atacar a los principales líderes narcos del país, pero eso generó el surgimiento de otros delitos y tipos de violencia.

A cada cártel desarmado se le sucedían nuevos grupos de reemplazo que necesitaban la infraestructura adecuada para operar. Para conseguir esa infraestructura necesitaban fondos, que comenzaron a conseguir de otro tipo de delitos como la trata de personas, los robos a mano armada y los secuestros. El crimen organizado y la inseguridad se trasladaron entonces a la sociedad en su conjunto, que pasó de ser espectadora a víctima de los cárteles, directa o indirectamente.

La desconfianza en las instituciones, la falta de respuesta de las fuerzas de seguridad a la sociedad civil y la ausencia de un enfoque del Estado en los problemas de fondo, generaron el surgimiento de fuerzas armadas civiles, paramilitares y seguridad privada, y la diversificación y extensión de la violencia a zonas antes fuera del mapa criminal.

Y a las desigualdades económicas existentes en Mé- xico se sumaron las desigualdades en el tema de la seguridad. Cada quien, a su manera y como puede, se encarga de conseguirla. Pero la seguridad privada, la justicia por mano propia y los grupos de autodefensa no pueden apresar y juzgar a los delincuentes, por lo que junto con los índices de violencia fue creciendo también la impunidad.

El contrato social se rompió, y ante instituciones ausentes de hecho y con escasa credibilidad, lo que queda ahora es un estado de guerra permanente, en el que prevalece el más fuerte o, en este caso, el que más dinero tiene para costear su propia seguridad.

De la guerra a la amnistía

En ese contexto, Andrés Manuel López Obrador propone una política de pacificación y de reconciliación nacional. Esa política, a pesar de no asumir aún la presidencia, comenzó a implementarse a través de foros con distintas personalidades y ONG dispuestas a darle forma a la nueva estrategia.

El electo presidente promete abarcar todas las aristas del problema y no sólo tratarlo desde el punto de vista de la seguridad. En lo económico plantea atacar la rentabilidad del narcotráfico e impedir todo tipo de lavado de dinero.

El plan no será de fácil implementación porque abarcaría también a las altas esferas del poder, que durante años se han favorecido y han vivido de esa perversa trama. La venta de drogas genera entre 18.000 y 39.000 millones de dólares anuales para los mexicanos y el desafío estará principalmente en encontrar una vía económica alternativa para que los que hoy ven en el tráfico su única salida, encuentren otras opciones no delictivas para salir de la pobreza.

Y en este sentido, uno de los puntos clave de la propuesta que sería remitida al Congreso, será la de atender una de las causas y consecuencias de la violencia mexicana, que es el escaso acceso de los niños a la educación y por ende a un futuro mejor, lejos del camino alternativo que ofrece el crimen organizado.

La solución que propone López Obrador ha causado polémica en otro sentido: la idea de que incluya una Ley de Amnistía es criticada por quienes creen (como sucedió en su momento, y salvando las diferencias, con las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC) que terminará por dar impunidad a los narcotraficantes y delincuentes. Y aunque el presidente electo se encargó de aclarar que la amnistía no se aplicará a los delitos graves, es preciso aclarar también que hoy por hoy los delitos graves también gozan de impunidad, con o sin ley de amnistía.

Ante la evidente falla de las políticas que tendieron a militarizar el conflicto, el presidente entrante parece reconocer que lo importante en un problema tan complejo es que la participación de la mayor cantidad de los sectores esté garantizada.

Una realidad que requiere una solución global

El de la lucha contra el narcotráfico, principal fuente de donde se desprenden diferentes tipos de violencia en México, no es un desafío sólo mexicano: la respuesta depende en gran medida también del compromiso de quienes hacen de este un negocio por demás rentable, como es el caso de la demanda proveniente de los Estados Unidos.

Y también es un desafío mundial, porque ante la ausencia de políticas que se enfoquen en la demanda y en la cuestión social, el narcotráfico se irá extendiendo hacia esos lugares en donde encuentre un hueco para reproducirse y volver a empezar.

A nivel interno, el principal objetivo de López Obrador debería ser el de recomponer una situación en la que el país funciona como si el Estado no existiera. Volver a darle forma y vida en un período presidencial será una tarea difícil, pero no imposible si se atacan las causas del problema.

Por Agustina Bordigoni