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UNSL: sospechan que un ex rector estaría implicado en el mal manejo de fondos

Por redacción
| 03 de noviembre de 2018
Aseguraron que la UNSL deberá rendir o devolver 7 millones y medio de pesos al Ministerio de Educación de la Nación.

El abogado del ex consejero superior, Eduardo Borkowski, afirmó que Félix Nieto Quintas dijo que los convenios con Nación se hicieron también en la gestión de José Riccardo. 

 

La denuncia penal que presentó ante los tribunales federales de Comodoro Py la dirigente del GEN y ex candidata a presidente de la Nación, Margarita Stolbizer, en contra de  52 universidades argentinas, entre ellas la Universidad Nacional de San Luis  (UNSL) y su actual rector, continúa salpicando nombres de posibles involucrados. La causa es por irregularidades en la recepción y manejo de 47,8 millones de pesos, provenientes de la Secretaría de Políticas Universitarias durante 2014 y 2015. El abogado del ex consejero superior de la casa de estudios Eduardo Borkowski, Juan Calabria, aseguró que "cuando el rector de la UNSL, Félix Nieto Quintas, se defendió, dijo que firmó estos convenios porque se venía haciendo en la gestión anterior a la suya, es decir la del ex rector, ahora diputado Nacional de Cambiemos y presidente de la Comisión de Educación, José Riccardo y que él —Nieto Quintas— continuó con esa mecánica". Para Calabria "esto va a terminar impactando en Riccardo, porque va a tener que explicar qué pasó".

 

Calabria y Borkowski se presentaron ante la ONG "bajo la lupa" de Margarita Stolbizer como "amigos del Tribunal", para aportar pruebas a la investigación que se remonta a 2014 y 2015, específicamente, por los casi 48 millones de pesos que fueron pasados de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación a la UNSL para triangular el pago a ciertos proveedores estipulados por la Nación, según explicó Calabria. 

 

Aseguró que la plata iba a la universidad, porque el Ministerio de Educación no la podía enviar directamente a los prestadores. Entonces usaban convenios con las universidades que lo hacían a escondidas del Consejo Superior, su máximo órgano de gobierno, y que se habrían quedado con una comisión por gestionar esos fondos. "Se convirtió en una unidad ejecutora, como si fuese una mesa de dinero. Movían la plata para evitar los organismos de control nacionales", señaló.

 

"Por ese convenio lo hacía deforma directa y le pagaban a cualquier proveedor que Nación les indicaba. Entre las sociedades hay una que se llama 'Perro mirando la Luna' y era para 'Emociones Villa Gesell 2015', la universidad le pasaba entre 11 y 18 millones de pesos. Esto se repetía, por ejemplo, en un stand en el Centro Cultural Néstor Kirchner o en Tecnópolis, y los proveedores eran siempre los mismos", indicó.
Calabria manifestó que aún no tienen todas las pruebas, porque no consiguen que la UNSL entregue la información. Por la ley de Transparencia, pidieron que les den estos convenios  "pero no nos los dan. El rector dice que todo está a disposición de la gente, que se hizo bajo las normas de derecho que corresponde y es todo mentira, es falaz. Toda esa información no la tenemos y queremos saber cómo rindieron cuentas de eso, porqué la UNSL pagó ese dinero, qué posición en la AFIP tenían esas sociedades para recibir tantos millones de pesos. Esto estaba planificado y los rectores de la universidad se prestaron para eso".

 

Agregó que hoy la UNSL es intimada por el Ministerio de Educación a rendir cuentas o a devolver 7 millones y medio de pesos de aquella época bajo apercibimiento de descontárselo del presupuesto del año que viene.

 

La presentación de Calabria se desprende de la denuncia que hizo mediados de noviembre del 2016 el fiscal federal Guillermo Marijuán a 52 universidades nacionales por malversación de caudales públicos por 747 millones de pesos justo al término del mandato de la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. En ese listado, además de la UNSL, figuran la Universidad Nacional de Villa Mercedes y la de Los Comechingones, con sede en Merlo. Del total de las 55 casas de estudio que conforman el sistema universitario argentino, solo quedaron afuera de las denuncias las de Scalabrini Ortíz, San Antonio de Areco y de la Defensa Nacional.

 

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