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Desafíos a la fortaleza institucional brasileña

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Desafíos a la fortaleza institucional brasileña

El Partido de los Trabajadores (PT) inscribió la candidatura del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, su líder encarcelado, jugándose su futuro en un desafío que pone también a prueba la solidez institucional de Brasil.

El ex alcalde de Sao Paulo y compañero de fórmula de Lula, Fernando Haddad, visto por muchos como su potencial reemplazo, leyó una carta en la que el ex mandatario (2003-2010), de 72 años, reiteró su inocencia y prometió sacar a Brasil de la crisis económica.

“Cada uno de ustedes tendrá que ser Lula haciendo campaña por Brasil, recordando al pueblo brasileño que con los gobiernos del PT el pueblo trabajador tuvo más empleo, mejores salarios y mejores condiciones de vida”, escribió el líder de la izquierda, que desde abril purga en Curitiba una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.

La ex presidenta Dilma Rousseff, heredera política de Lula, destituida en 2016 por el Congreso, denunció a los “golpistas” que al derrocarla pusieron fin a un ciclo de 13 años de gobiernos de izquierda en la mayor economía latinoamericana.

“Ellos creían que no íbamos a resistir, pero permanecimos de pie, hemos enfrentado a esos golpistas. Lula es candidato y representa a la democracia en nuestro país”, declaró.

“Lula fue víctima de una ilegalidad. Si no puede ser candidato, sería un atentado contra la democracia brasileña. La elección sin Lula es un fraude”, sostuvieron analistas partidarios del ex obrero.

Con el registro de Lula, los principales candidatos aseguraron su lugar en la contienda, entre ellos el ultraderechista Jair Bolsonaro (PSL), líder en las encuestas sin Lula; el ex gobernador de Sao Paulo Geraldo Alckmin (PSDB, centroderecha); la ecologista Marina Silva (Rede) y el ex banquero Henrique Meirelles (MDB, centroderecha), candidato del impopular presidente Michel Temer.

Lula es el favorito en los sondeos, con casi un tercio de las intenciones de voto, casi el doble que cualquiera de los otros candidatos.

Pero su postulación será con toda probabilidad invalidada, según juristas, dado que la Ley de Ficha Limpia, promulgada bajo su gobierno, excluye de la carrera electoral a quienes hayan sido condenados en segunda instancia, como en su caso.

Al mismo tiempo, los fiscales de la operación Lava Jato pidieron vedar las visitas de Gleisi Hoffmann al ilustre prisionero, a fin de impedir que éste transforme su celda en un “comité de campaña”.

“Las visitas no tienen por objetivo la defensa judicial del condenado, sino permitir a Luiz Inácio Lula da Silva la conducción y la intervención en el proceso electoral para el cual está materialmente inelegible, transformando el lugar donde cumple la pena -la sede de la Policía Federal- en su comité de campaña”.

El Tribunal Superior Electoral (TSE), que tiene como máximo hasta el 17 de setiembre para decidir el futuro de Lula, tardará unos días, sino semanas, en dar su veredicto. La nueva presidenta del TSE, Rosa Weber, había recordado que cualquier candidatura puede ser invalidada “de oficio”, aunque no sea cuestionada por el Ministerio Público o por algún partido o candidato. Sin embargo, la fiscal general, Raquel Dodge, pidió la impugnación basándose en la Ley de Ficha Limpia.

El PT insiste en que Lula puede disputar las elecciones, aunque sea rechazado por el TSE, “presentando recursos plausibles” ante la Corte Suprema y recordó que, en las municipales de 2016, 145 candidatos a alcalde hicieron campaña con sus registros invalidados.

Si la candidatura de Lula es invalidada, el PT tendría poco tiempo para hacer campaña por Haddad, con la incógnita de si logrará transferir los votos del carismático líder. Una apuesta, según analistas, muy arriesgada.

Lo que está en juego es el futuro del PT como principal representante de la centro-izquierda en Brasil. Pero también la fortaleza institucional de la mayor economía de Sudamérica, en una coyuntura excepcionalmente compleja.

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Desafíos a la fortaleza institucional brasileña

El Partido de los Trabajadores (PT) inscribió la candidatura del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, su líder encarcelado, jugándose su futuro en un desafío que pone también a prueba la solidez institucional de Brasil.

El ex alcalde de Sao Paulo y compañero de fórmula de Lula, Fernando Haddad, visto por muchos como su potencial reemplazo, leyó una carta en la que el ex mandatario (2003-2010), de 72 años, reiteró su inocencia y prometió sacar a Brasil de la crisis económica.

“Cada uno de ustedes tendrá que ser Lula haciendo campaña por Brasil, recordando al pueblo brasileño que con los gobiernos del PT el pueblo trabajador tuvo más empleo, mejores salarios y mejores condiciones de vida”, escribió el líder de la izquierda, que desde abril purga en Curitiba una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.

La ex presidenta Dilma Rousseff, heredera política de Lula, destituida en 2016 por el Congreso, denunció a los “golpistas” que al derrocarla pusieron fin a un ciclo de 13 años de gobiernos de izquierda en la mayor economía latinoamericana.

“Ellos creían que no íbamos a resistir, pero permanecimos de pie, hemos enfrentado a esos golpistas. Lula es candidato y representa a la democracia en nuestro país”, declaró.

“Lula fue víctima de una ilegalidad. Si no puede ser candidato, sería un atentado contra la democracia brasileña. La elección sin Lula es un fraude”, sostuvieron analistas partidarios del ex obrero.

Con el registro de Lula, los principales candidatos aseguraron su lugar en la contienda, entre ellos el ultraderechista Jair Bolsonaro (PSL), líder en las encuestas sin Lula; el ex gobernador de Sao Paulo Geraldo Alckmin (PSDB, centroderecha); la ecologista Marina Silva (Rede) y el ex banquero Henrique Meirelles (MDB, centroderecha), candidato del impopular presidente Michel Temer.

Lula es el favorito en los sondeos, con casi un tercio de las intenciones de voto, casi el doble que cualquiera de los otros candidatos.

Pero su postulación será con toda probabilidad invalidada, según juristas, dado que la Ley de Ficha Limpia, promulgada bajo su gobierno, excluye de la carrera electoral a quienes hayan sido condenados en segunda instancia, como en su caso.

Al mismo tiempo, los fiscales de la operación Lava Jato pidieron vedar las visitas de Gleisi Hoffmann al ilustre prisionero, a fin de impedir que éste transforme su celda en un “comité de campaña”.

“Las visitas no tienen por objetivo la defensa judicial del condenado, sino permitir a Luiz Inácio Lula da Silva la conducción y la intervención en el proceso electoral para el cual está materialmente inelegible, transformando el lugar donde cumple la pena -la sede de la Policía Federal- en su comité de campaña”.

El Tribunal Superior Electoral (TSE), que tiene como máximo hasta el 17 de setiembre para decidir el futuro de Lula, tardará unos días, sino semanas, en dar su veredicto. La nueva presidenta del TSE, Rosa Weber, había recordado que cualquier candidatura puede ser invalidada “de oficio”, aunque no sea cuestionada por el Ministerio Público o por algún partido o candidato. Sin embargo, la fiscal general, Raquel Dodge, pidió la impugnación basándose en la Ley de Ficha Limpia.

El PT insiste en que Lula puede disputar las elecciones, aunque sea rechazado por el TSE, “presentando recursos plausibles” ante la Corte Suprema y recordó que, en las municipales de 2016, 145 candidatos a alcalde hicieron campaña con sus registros invalidados.

Si la candidatura de Lula es invalidada, el PT tendría poco tiempo para hacer campaña por Haddad, con la incógnita de si logrará transferir los votos del carismático líder. Una apuesta, según analistas, muy arriesgada.

Lo que está en juego es el futuro del PT como principal representante de la centro-izquierda en Brasil. Pero también la fortaleza institucional de la mayor economía de Sudamérica, en una coyuntura excepcionalmente compleja.

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