Luján, pueblo chico, conflicto grande

Un abogado inscribió en los tribunales de San Luis el inicio de un nuevo round en la pelea entre la intendenta de Luján, Mariella Páez Hernández, y su antecesor, Hernán Gatica. Con un poder que le otorgó la funcionaria, Marcelo Neme hizo una denuncia penal contra el ex intendente en el juzgado de la jueza Virginia Palacios, a quien le pidió que investigue la permuta de un terreno que Gatica hizo con un vecino, la cual, según el denunciante, “fue inconstitucional y, por lo tanto, ilegal”.
Para Neme, al hacer esa transacción, el entonces jefe comunal incurrió en dos delitos: violación de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la administración pública. 
Neme señaló que Luján es un pueblo chico, de esos donde todo el mundo sabe de quién es cada propiedad. En la localidad, todos sabían que el Municipio era el dueño de una parcela de casi seis hectáreas ubicada camino al hotel Smata. Por eso, grande fue la sorpresa que se llevaron un día, hace dos meses, cuando vieron que alguien estaba alambrando el terreno. 
La intendenta pidió a la Policía que fuera a averiguar. Y enseguida se presentó en el Municipio el vecino Mauricio Alejandro Vallejos, quien dijo ser el propietario del lote. Se lo había canjeado a la Municipalidad por otro terreno del cual él tenía un derecho de posesión. Le pidieron pruebas y presentó una escritura que habían hecho el 21 de febrero del año pasado, ante un escribano.
A cambio, Vallejos le había cedido a la Comuna un terreno de poco más de dos hectáreas y media, que está en litigio a través de un trámite judicial de usucapión, que ahora debe continuar el Municipio. 
Neme expuso en su denuncia que para hacer la permuta, el entonces intendente debía obtener, en forma previa, la autorización del Concejo Deliberante con el voto favorable de dos tercios de los concejales.
En este caso, Gatica “recurrió a la supuesta Ordenanza Nº 3 de 2016, que conforme se advierte de la copia remitida por el escribano actuante, sólo está firmada por quien en esa oportunidad era el presidente del Concejo, sin hacerse ninguna mención a los otros concejales de qué modo votaron y si se logró la mayoría calificada que indica la Constitución”.
De todos modos, advirtió el denunciante, la ordenanza es de 2016 y la venta se hizo casi un año antes.
El abogado sostiene que la permuta también fue ilegal por haber causado un grave perjuicio al patrimonio municipal porque no hay proporción entre el valor del terreno que el intendente cedió y el del que recibió a cambio.
El primero, expuso, está tasado en un millón ciento treinta y cinco mil pesos. El segundo, en doscientos cincuenta mil.