En esta perinola, el campo pone y el Gobierno, saca

En los últimos 17 años, los diferentes gobiernos nacionales recibieron una extraordinaria suma en concepto de derechos de exportación pagados por los productores agrícolas. Más de 100 mil millones de dólares (mill/USD) que deberían haber ida las cuentas de los productores y que terminaron en las arcas del Estado.

Lo que recibió cada uno de los presidentes en este tiempo, lo que no se hizo con ese dinero y lo que se debe cambiar es lo que buscaremos determinar en esta nueva columna que además intenta, otra vez, despertar al “campo” y recordarle el lugar que debería ocupar en la economía nacional.

Si repasamos lo que sucedió en la historia reciente de nuestro país y cuál fue el aporte del campo solamente en concepto de derechos de exportaciones cobradas a los productores agrícolas, el número es sorprendente. Tomando como primera referencia el año 2002, el número en aquel entonces ascendió a 1.702 mill/USD, mientras que el pico máximo se registró en el 2013 con una recaudación para el gobierno de 11.987 mill/USD, y finaliza en este 2019, con una quita de casi 6.000 mill/USD que deberían ser de los productores, pero que quedan en manos del gobierno por el cobro de los famosos derechos de exportación.

Por supuesto que más allá del porcentaje de retenciones aplicados, la diferencia entre un año y otro tiene que ver con diversos aspectos, como volúmenes de producción y precios. Evidentemente en el período de mayor quita de retenciones a los productores, los precios también eran más altos.

¿Pero qué pasa cuando hacemos el análisis de cuál fue el promedio anual de recaudación en cada uno de los diferentes gobiernos nacionales? En el caso del período 2004-2007, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el promedio anual que pagaron los productores agrícolas fue de 3.000 mill/USD. Entre 2008-2011, durante la primera presidencia de Cristina Fernández, el número ascendió a 7.465 mill/USD de retenciones por año. Y en su segundo mandato, entre los años 2011-2015, el gobierno recaudó un promedio de 7.985 mill/USD por año. En el caso de Mauricio Macri, los números son los siguientes: 4.564 mill/USD en 2016/17; 3.260 mill/USD en 2018 y 5.900 mill/USD en este último año de mandato. Esto es lo que cada gobierno le quitó a los productores agrícolas, independientemente de si al productor le iba bien o le iba mal.

Todos recordarán que apenas Mauricio Macri asumió la presidencia en 2015, una de sus primeras decisiones fue la de eliminar retenciones para algunos productos y bajar gradualmente las de soja. Cuando la marcha de la economía comenzó a complicarse, Macri nuevamente recurrió a esta herramienta recaudatoria y las retenciones volvieron a instalarse. En este caso, el argumento era que ahora iban a pagar todos los productos y todos los sectores. Y eso terminó siendo una verdad a medias, porque la realidad es que si bien efectivamente pagan todos los sectores, el campo paga mucho más por el simple hecho de ser el sector que más exporta, el que más peso tiene y el que más aporta.

En definitiva, si miramos el número final de lo que pagó el campo en concepto de derechos de exportación durante el período 2002/2019, tenemos que hablar de un total de 101.325 mill/USD. En tanto que el aporte sumado por el resto de los sectores que participan de las exportaciones apenas suman los 22.598 mill/USD.

Qué se puede hacer desde la política

Pero lo que venimos hablando más arriba del aporte del campo a la economía y lo que se les quitó los productores agrícolas en concepto de retenciones no puede dejar de ser analizado desde los problemas que genera la falta de una política agropecuaria seria, responsable y previsible.

Cuando nos referimos al campo, siempre tenemos que tener en cuenta que es mucho más que soja, trigo y maíz, y que es mucho más que lo que sucede en la zona de la Pampa Húmeda. Debemos ser más cuidadosos y realmente considerar todo lo que corresponde cuando englobamos al sector bajo la palabra “campo”.

Lo que pasó en estos últimos cuatro años con el campo fue algo parecido a lo que pasó con la economía en su conjunto antes de que asumiera Néstor Kirchner. Es decir, tomando como figura de referencia la crisis de 2001, cuando Kirchner asume en 2003 el país estaba en el decimoquinto subsuelo, y mejorar esa realidad no era tan difícil.

Bueno, algo así pasó en nuestro sector después del gobierno de Cristina Fernández. Las políticas para el sector de la expresidenta fueron tan nefastas que llevaron al campo al decimoquinto subsuelo y en consecuencia, para el gobierno de Macri mejorar esa etapa no fue una tarea para nada complicada, con muy poquito que se hiciera, el resultado siempre iba a ser mejor.

Entonces, Macri asciende al poder, encuentra un campo que estaba enterrado muy profundamente y toma algunas medidas que lo dejan cerca de la superficie, no en la superficie, pero cerca. La verdad es que no necesitó mucho para esto, y tal vez ahí radica el gran error. Los cambios de maquillaje alcanzaron y no permitieron que se hagan los de fondo, los auténticamente necesarios.

¿Por qué decimos que el campo argentino no pudo salir a flote a pesar de algunas cosas que se hicieron bien en los últimos cuatro años? Por varios factores, primero porque la competitividad del campo siempre está en riesgo debido a la excesiva presión impositiva que todavía existe; segundo porque hay grandes dificultades para agregar valor; tercero porque la infraestructura y la logística todavía no son las que el sector requiere; cuarto porque no se hizo casi nada para  reducir los costos de producción; quinto porque no se generó la capacidad de lobby que debería tener el sector en función de la representatividad que tiene en la economía y sexto porque no existe política sectorial.

Y este último punto es el central, el más importante de todos. Porque no tener política sectorial significa no poder trabajar a largo plazo, significa estar expuesto a un cambio de normas permanente y esto elimina toda posibilidad de previsibilidad.

Entonces cuando nos plantean que el campo tiene que ser más competitivo, más eficiente y que tiene que agregar más valor, es algo a lo que nadie se puede oponer. Pero la realidad es que si revisamos lo que pasó en los últimos 60/70 años, nunca vamos a encontrar una política pública que genere esa competitividad, que promueva ese agregado de valor o la eficiencia que tanto se reclama. Nunca hubo premios para quienes hacen las cosas mejor, siempre castigos.

Y tenemos todavía sin resolver muchos problemas que denominamos como el "costo argentino": capacidad de almacenaje, rutas, parque automotor, puertos, gastos de comercialización, inflación, tipo de cambio, presión fiscal, posición dominante dentro de las cadenas, etc.

Ahora viene un nuevo gobierno, que esperamos que esté diseñando un esquema de políticas para el sector. Pero en el medio aparecen diferentes actores que componen las cadenas de valor del agro y que buscan influenciar y reclamar lo que según ellos deben hacer las nuevas autoridades. Entonces acá tal vez lo primero a definir es cuál debería ser la función del Estado.

Lo primero que tenemos que recordar siempre es que la presencia del Estado es muy importante, pero debe hacerlo acompañando, no interviniendo en el negocio. Hay algunos que piden políticas diferenciadas y puede que esté bien que esto suceda. Pero no podemos dejar de decir que estas tienen que ser construidas para apoyar a los más débiles y no para castigar los más fuertes.

Desde aquí consideramos que se debe fomentar el crecimiento y la eficiencia en lugar del clientelismo y el amiguismo. No puede ser lo mismo una cosa que la otra. Muchas de las políticas que se aplicaron en Argentina en los últimos años, y que se supone eran para fomentar el crecimiento, en realidad se las hizo para beneficiar a algún amigo.

A diferencia de lo que sucede en nuestro país, en el mundo hay sobrados casos de existencia de políticas agrícolas que funcionan muy bien. La Ley agrícola en Estados Unidos, la Política Agrícola Común en la Unión Europea y otro montón de países que tienen normas y marcos que contienen al sector.

Estas políticas deben en lo inmediato buscar atenuar los riesgos propios de la actividad, cuidar la esencia del negocio agrícola y a sus actores. Pero insistimos, debe ser realizado en el contexto de libertad de mercado y libre elección. Sin dejar que cada uno haga lo que quiera o se aproveche de quien pueda, pero sí con normas y controles para que las cosas funcionen.